Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, durante su comparecencia
Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, durante su comparecencia

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, menos el del PP, consideran que falló el protocolo de protección a la niña Sara, muerta el 3 de agosto tras ser maltratada y violada.

La consejera Alicia García arrancó su comparecencia ante la Comisión de Familia e Igualdad con interminables referencias a protocolos, guías, normas, criterios... Siguió con su análisis de la actuación desarrollada por la Junta para concluir con una felicitación a los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales por el trabajo realizado. Todos los grupos de la oposición -Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto- coincidieron en la respuesta: "No se puede decir que no falló nada y estar aquí dando explicaciones".

Alicia García consumió buena parte de su primera intervención -unos 60 minutos- en justificar que "el sistema de protección de Castilla y León está muy desarrollado". Para ello recurrió a la enumeración de la parte dispositiva, antes de entrar en materia: intentar explicar qué hizo la Junta desde el 11 de julio, en que un facultativo del Hospital Campo Grande da la voz de alarma sobre el estado de la niña Sara, que presentaba "labios muy hinchados y hematomas en diferentes estadios".

García explicó con cierto detalle el momento vivido en urgencias del centro hospitalario el día 11. El facultativo, dijo, solicitó información y mostró su intención de hablar con los Servicios Sociales, -"para no generar alarma en el hospital, ya que la madre estaba presente"-,  ante las señales de abandono y hematomas que presentaba la pequeña. "Si tenía hematomas es desamparo y delito", afirmó la consejera. Al facultativo se le dijo que se pusiera en contacto con el Ayuntamiento, con Protección de Menores y la fiscalía, y se le recomendó desde el 112 hablar con la Policía -Nacional y Municipal-. Dos agentes de la unidad de malostratos a menoresdel CNP se personaron en el hospital.

La consejera reconoció que no fue hasta el 25 de julio cuando la Junta analiza el caso. "La decisión fue la adecuada, ya que no existía riesgo vital para las niñas [Sara y su hermana mayor de 12 años] ni para la madre", ha dicho García, quien, entre sorbo y sorbo de agua, también ha justificado la asignación de "prioridad 2". "Se asignó el nivel dos pero se actuó con nivel 1, ya que no se esperó al plazo de 48 horas para empezar la investigación",  según la consejera.

"La técnico responsable", añadió Alicia Gracía, "citó a la madre para que acudiese el día 26. La madre se muestra colaboradora y las dos niñas acuden correctamente vestidas y aseadas".

La titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se hizo eco de las manifestaciones realizadas por la madre sobre los moratones de Sara -"peleas con su hermana..."- y su carácter inquieto -"es nerviosa y enseguida se cae"-. También recordó "la ansiedad por la separación reciente de su padre", y atribuyó la presencia de caries a "la prolongación de la lactancia y a las chuches que le daba el padre", con el que habían estado del 23 al 29 de junio, en Pedrajas de San Esteban.

"No menciona que tiene una nueva pareja, pero sí dijo que desde que no convive con su padre, las niñas están más tranquilas", expresó la consejera, quien también mencionó que el 16 de julio habían acudido al Centro de Íscar por un problema en la uña de un pulgar -"al ser pillado con una puerta"- y otros dos dedos con quemaduras -"producidas en la vitrocerámica"-.  Sara fue derivada al Hospital Clínico, donde el 17 es dada de alta. Pero se activa el protocolo de maltrato.

Alicia García ha informado que desde la Junta se intentó contactar con el colegio -"imposible por estar de vacaciones"- y con la mutualidad a la que pertenece la madre -cabo del Ejército-, pero que igualmente resultó infructuoso "ya que IFAS no tiene unificados los historiales médicos"-.

Reunión de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Reunión de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Es en este momento, cuando los profesionales de la Junta detectan algunas contradicciones en la declaración de la madre, en el que se plantean que están ante un posible caso de violencia de género y se decide continuar con la investigación. "El 26 de julio se contactó con la madre para realizar una visita domiciliaria al día siguiente, pero se tuvo que aplazar hasta el viernes 28, a las 14 horas, por problemas laborales de la madre, que llamó para posponer el encuentro hasta el 3 de agosto, a la misma hora: 14 horas. Finalmente, se fija la visita para el 1 de agosto".

Al día siguiente, Sara ingresaría con muerte cerebral en el Hospital Clínico Universitario.

La consejera ha dicho que el Servicio de Protección al Menor quería comprobar a qué guardería iba Sara y a cargo de quién estaba -"un amigo de su confianza", según las palabras de la madre.

La Junta contacta con la tía de Sara, quien confirma que la niña no está con ella. De su hermana, comenta que dijo: "Es una buena madre, algo dejada. Pasa un  mal momento por la separación...".

Los técnicos de la Junta acuden el 28 al domicilo, sobre las 13 horas. "Nadie abrió. Llamaron a cinco casas con idéntico resultado, pero en el portal coinciden con algún vecino que manifiesta que oía discusiones. Desde allí de desplazan al CEAS de Rondilla donde no hay antecedentes de esta familia", dijo la consejera.

"El 1 de agosto", continuó Alicia García, "se intenta una nueva visita domiciliaria que no se puede realizar; no hay nadie. Se interpreta como falta de colaboración. La madre no había informado de que no estaría en casa y la Sección de protección a la Infancia contacta con ella por teléfono. Se propone la tutela de las dos menores para el día siguiente, 2 de agosto, en la Comisión de Valoración, por negligencia de la madre en la atención doméstica y falta de colaboración. Pero la madre ese día dice que no puede asistir porque se encuentra en el hospital con la niña en parada cardiorrespiratoria..."

La conclusión a la que llegó la consejera ha sido: "No tenemos nada que reprochar a nuestros profesionales. Nada hizo presagiar que la niña estuviera en una situación de peligro para su vida. Ahora que sabemos más cosas es más fácil manifestar qué otras medidas se podían haber adoptado. Sabiendo lo que se sabía, se hizo lo correcto".

García reiteró que la separación automática de las niñas era contraproducente y a los tíos de Sara, Rosana y Pedro, que el sábado hicieron una comparecencia pública -cuyo contenido hoy daría traslado al Juzgado- les dijo que "en una primera investigación no constan las llamadas que dicen hicieron. La Gerencia no tiene actividad por la tarde".

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades señaló que no le corresponde valorar lo hecho por otras administraciones y anunció la convocatoria en septiembre de una Comisión de Expertos para analizar y revisar todos los protocolos.

Preguntas

José Sarrión, de IU-EQUO en nombre del Grupo Mixto, manifestó tras escuchar a la consejera: "Nos genera una preocupación inmensa. Si los trabajadores han cumplido, significa que el protocolo es el que ha fracasado".

Sarrión planteó la necesidad de desburocratizar la gestión y simplificar y agilizar las actuaciones, al tiempo que reivindicó más recursos.

En su segunda intervención, puso de manifiesto la falta de autocrítica de la consejera e insistió en "la inmensa burocratización" existente.

José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, expresó que todos debían de pedir perdón. "Fallamos todos. El protocolo de actuación no ha funcionado. Vamos a intentar, a través de nuestro diputado Francisco Igea, una proposición de ley para cambiar el protocolo", dijo.

Delgado planteó una serie de preguntas, entre ellas el tiempo transcurrido desde el 21 de julio, fecha de entrada del escrito de fiscalía,  al 25 de julio, en que se pone en marcha la maquinaría de la Junta; y las llamadas que dicen los tíos de Sara que realizaron la tarde del viernes 28, sin que tuvieran contestación.

En su segunda y última intervención, el procurador de C's también denunció la falta de autocrítica de la consejera.

Laura Domínguez, del Grupo Podemos, agradeció la premura en solicitar la comparecencia pero no la comparecencia de la consejera. También denunció el fallo de los protocolos, además de la multiplicación de competencias -"el pasarse la pelota"-.

Después, reprochó a Alicia García que no había contestado a muchas de las preguntas que se habían formulado. "No puede decir que no falló

nada y estar aquí dando explicaciones", expresó.

Ana María Muñoz, del Grupo Socialista, se preguntó: "¿Qué ha fallado?" para responder a continuación: "Todo y todos". Para ella hay tres frentes abiertos: "Qué ha pasado, qué ha fallado. Poner los medios para que no se repita y la necesidad de protección para la segunda víctima, la hermana de Sara. Estamos aquí para analizar los fallos del sistema, así como los 24 días de peregrinaje del expediente".

Para Muñoz, además de los fallos de coordinación de las instituciones, lo sucedido tiene que ver con la falta de recursos, consecuencia de los recortes económicos. Y sentenció que "la responsabilidad es de todo el Gobierno de la Junta".

En su segunda intervención, la procuradora socialista hizo dos comentarios sobre  "la orientación del caso a un tema de violencia de género cuando era de maltrato infantil, y la activación del protocolo", para finalizar pidiendo que  se incrementen las partidas de atención infantil en los próximos presupuestos autonómicos.

Juan José Sanz Vitorio, del Grupo Popular, expresó el apoyo al conjunto de los empleados de los Servicios Sociales. "Se han cumplidos los protocolos aunque los únicos culpables son los asesinos. Autocrítica siempre, pero una vez que tengamos todos los elementos. Hoy solo podemos concluir que algo ha fallado", comentó.

Sanz Vitorio echó en falta que nadie reconociese que la única que ha dado explicaciones en el ámbito de sus competencias es la consejera de Familia, cuando otras administraciones están afectadas.

"Hay grupos con responsabilidad de gobierno y no les he oído que vayan a exigir explicaciones", dijo, antes de recordar que las actuaciones están bajo secreto de sumario.

Por último, Alicia García volvió a defender a sus técnicos y a repetir algunas de las cuestiones ya dichas. Respecto a las llamadas de los tíos de Sara, reiteró que no están registradas en la centralita y que no las repitieron la tarde del viernes. "Hay otros recursos de guardia a los que acudir", manifestó.

En relación con la petición de un Servicio de Urgencia para la Protección de Menores -ya que existe para los que cometen un delito-, García afirmó que en la legislación española no se prevé. "Lo verdaderamente importante es aclarar si los existentes actuaron correctamente", expresó.

Sobre la posible consecuencia de los recortes, la respuesta de Alicia García, cuando eran las 15.20 horas, fue: "Discrepo. Ocurrió lo que ocurrió. Era agosto y se funcionó bien. No he venido aquí a hablar de presupuestos. El cuerpo me pedía otro rollo".

La madre de Sara y su pareja, Roberto Hernández -"un depredador sexual", en palabras de los tíos de la niña-, están en prisión.

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