Javier León de la Riva y Manuel Sánchez, al abandonar los juzgados tras prestar declaración como imputados. Foto: Jorge Ovelleiro
Javier León de la Riva y Manuel Sánchez, al abandonar los juzgados tras prestar declaración como imputados. Foto: Jorge Ovelleiro

Si en el juicio en el que fue condenado por desobediente el ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva, se presentó ante la juez como un ginecólogo metido a alcalde que solo hacía lo que le mandaban los técnicos, en el caso de las comfort letter que firmó por su cuenta y riesgo, sin los preceptivos informes y de espaldas al pleno, asume el papel de un neófito que desconocía la trascendencia de lo que firmaba y que sólo en el caso de la última que firmó, implicaba asumir una deuda de más de 100 millones de euros. El Ayuntamiento que dirigió durante 20 años, ya ha presentado escrito de acusación y pide para él 3 años de cárcel y la inhabilitación de los dos concejales del PP imputados con él (Alfredo Blanco y Manuel Sánchez).

La defensa del ex alcalde, en su recurso de apelación contra su imputación por prevaricación y falsedad documental, sorprendentemente utiliza como principal argumento que sería inverosímil que de la Riva, si hubiera sido consciente de lo que firmaba, acabara contándolo en los periódicos.

“Por muy primario que sea el entendimiento que pueda tenerse del dolo no puede sostenerse de una forma intelectualmente aceptable, que el Sr. León de la Riva tras cometer un crimen de esta naturaleza (la firma de cartas de compromiso sin procedimiento administrativo) y sabiendo lo que hace y queriendo hacerlo, además, lo haga público comunicando su delito en los periódicos”, se señala textualmente en el recurso al que ha tenido últimoCero.

Sin embargo, ese supuesto desconocimiento no cuadra muy bien con lo sucedido en la reunión mantenida el 30 de junio de 2008 en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que el Consejero Delegado, Antonio Cabado Rivera, expone que “son necesarias las confort letter, de todas las Administraciones partícipes de la sociedad, previamente a suscribir cualquier póliza de crédito”, además de informar de que “se hace necesario suscribir un seguro de responsabilidad civil que garantice el riesgo de dicha responsabilidad de los Consejeros, por un capital de 2.000.000 de euros”. El seguro fue finalmente suscrito.

La conclusión de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, a la vista de esta circunstancia, es clara: “En 2008 los tres investigados (Javier León y sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco) no solo conocieron la necesidad de firmar esas Cartas de Conformidad, sino que votaron a favor de las mismas y, contemplando el riesgo que ello suponía, concertaron un contrato de seguro de responsabilidad civil”.

La defensa de León de la Riva, sin embargo, plantea que “la responsabilidad penal del Sr. León de la Riva debe considerarse excluida, pues este actuaba con error sobre la pretendida ilicitud del hecho”. “Con un análisis objetivo y desapasionado de las cosas, no puede dudarse que el Sr. León de la Riva no dictó, a sabiendas, una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia en un asunto en el que el dolo debe ser particularmente intenso, es decir, teniendo plena conciencia de que se resuelve al margen del ordenamiento jurídico, y de que se ocasiona un resultado materialmente injusto”, se dice en el recurso del ex alcalde.

Otro de los aspectos llamativos de la defensa del ex alcalde del PP se apunta en el escrito de contestación al recurso presentado por el Ayuntamiento: “Resulta curioso que en el recurso de apelación del Sr. De la Riva no se realice ninguna defensa del delito de falsedad documental que se le imputa, limitándose a señalar que las Cartas de Conformidad las redactaron las entidades bancarias y que él no sabía que tenía que tramitar ningún tipo de procedimiento”. “Pero esta afirmación casa mal con el tenor literal de la cláusula que se contiene en los tres documentos: ‘Que el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (...) han sido debidamente realizadas y adoptados’. El Sr. De la Riva firmó las tres Cartas de Conformidad reconociendo que había obtenido todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para su válido otorgamiento, cuando no fue así. Es más, cuando no tramitó ningún tipo de procedimiento ni solicitó ningún tipo de autorización, lo que supone una falsedad documental en concurso con una prevaricación”, se indica por lo servicios jurídicos municipales.

“El recurso de apelación del Sr. De la Riva insiste en la falta de dolo del ex Alcalde al argumentar que no sabía que para firmar esas Cartas de Conformidad se tenía que haber seguido algún tipo de procedimiento. Pero entonces nos tendríamos que preguntar si el alcalde, entonces, creía que con su sola firma y sin tramitar ningún tipo de procedimiento ni obtener ningún tipo de autorización, podía comprometer cien millones de euros que tendría que pagar el Ayuntamiento”, se preguntan los servicios jurídicos municipales en su escrito.


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