Mayores en una residencia de Valladolid. Foto: Sanyres
Mayores en una residencia de Valladolid. Foto: Sanyres

El Sindicato de Enfermería (SATSE) critica que el objetivo del Decreto de la Junta de Castilla y León que regula los requisitos que deben reunir las residencias de ancianos de la Comunidad parezca ser, exclusivamente, beneficiar a las residencias privadas. El Decreto, que ha sido impugnado, supone una reducción del personal de enfermería y médico en estos centros, además de no diferenciar entre pacientes dependientes y válidos.

SATSE critica que el objetivo del decreto que regularará los requisitos de las resiencias de ancianos en Castilla y León "parezca ser, exclusivamente, beneficiar a las residencias privadas porque consiguen una reducción de su personal sanitario, consiguiendo un gran ahorro y descargando la asistencia en el sistema público, el de la Atención Primaria. En lugar de conseguir una mejora asistencial, se va a sobrecargar la asistencia sanitaria pública".

El Sindicato de Enfermería ha impugnado el Decreto de la Junta de Castilla y León que regula los requisitos que deben reunir las residencias de ancianos de la Comunidad porque "reduce el número de profesionales sanitarios con que deben contar esas residencias y empeora la atención que deben recibir los residentes, entre otras cuestiones negativas para esa atención sanitaria".

SATSE, que ha presentado demanda contra el Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León -aprobado el pasado mes de julio-, considera que esta nueva normativa perjudicará notablemente la asistencia para los residentes de estos centros.

"Uno de los motivos es que en el Decreto se habla de un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior. Este Decreto elimina la diferenciación entre dependientes y válidos, cuando no es lo mismo la atención sanitaria que precisan unos y otros: los primeros necesitan muchos más cuidados que los segundos, que generalmente ingresan en estas residencias por circunstancias sociales", dice el Sindicato de Enfermería.

"Asimismo", añade SATSE, "se reduce llamativamente el número de enfermeras y médicos con que deben contar estas residencias, de modo que tendrán una enfermera por cada cien residentes, en horario de media jornada y exclusivamente de lunes a viernes".

Por este motivo, SATSE se pregunta "qué sucederá con las funciones que tiene que desarrollar una enfermera cuando no haya ninguna en el centro. ¿Las realizará personal sin la titulación requerida y sin competencias ni cualificación para ello? Esto siembra dudas sobre la calidad de la asistencia en esas condiciones y sobre si esta no se deteriorará por este motivo".

El Sindicato de Enfermería alerta de la contradicción que supone que la puntuación para que una persona ingrese en una residencia pública "esté ligada al grado de dependencia que presente, de modo que todas las plazas para las residencias públicas están destinadas a residentes con un alto nivel de necesidades sanitarias y de cuidados".

A la vez, el nuevo Decreto, siempre según SATSE, establece que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios.

"El Decreto", añade el Sindicato de Enfermería, "también deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, cuando no hay nada regulado al respecto, y cuando además, repercutirá negativamente en la enfermería de Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud, el de estas residencias. Teniendo en cuenta las características de grandes dependientes de muchos de los usuarios de las mismas, y que se reduce el número de enfermeras de ellas, la enfermera de Primaria se verá obligada a pasar gran parte de la jornada en dichas residencias y se saturará la asistencia en los centros de salud."

SATSE llama la atención de que el planteamiento de la Junta sea el convertir "las residencias en algo parecido al hogar de estos residentes, que parece ser la justificación de las medidas, no es viable en residentes con Alzheimer y demencias, además de otros que no cuentan con una autonomía suficiente".

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