Carga policial el 2 de Febrero de 2014. FOTO: Sergio de la Torre
Carga policial el 2 de Febrero de 2014. FOTO: Sergio de la Torre

El Gobierno de España tiene que responder a dos preguntas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Si se violó el derecho de manifestación y si la actuación de la policía fue desmesurada. La respuesta tiene que ser comunicada antes del 21 de febrero de 2018.

Han pasado más de tres años de la brutal carga policial y el asunto sigue vivo y coleando, a pesar de que la justicia local no quiera saber lo que pasó el 2 de febrero de 2014 en la calle de San Lorenzo, de Valladolid, a pesar de las numerosas pruebas aportadas.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -con fecha de 5 de octubre pasado- se ha dirigido al Gobierno de España para que aclare dos cuestiones. La primera sobre si se violó el derecho a manifestarse libre y pacíficamente, reconocido en el artículo 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH). Y la segunda: si fue desmesurada la actuación de la policía.

El Gobierno de España tiene que contestar antes del 21 de febrero de 2018, según el escrito remitido al abogado José Alberto Blanco, uno de los letrados que defienden a las víctimas de la brutal carga de la UIP, ante un restaurante de la calle San Lorenzo, donde comían dirigentes del PP que habían asistido a una convención. Los agentes, sin mediar palabra, salieron de las grilleras y golpearon al grupo -de unas 70 personas- allí concentrado.

La intervención de los antidisturbios se saldó con más de 12 heridos de diversa consideración, con lesiones como un derrame cerebral o una mano destrozada (que ha conllevado una incapacidad permanente reconocida). Nueve de las personas que resultaron heridas interpusieron una denuncia contra los agentes intervinientes ese día, pero ha sido sucesivamente desestimada provocando su indefensión, por lo que recurrieron al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha admitido a trámite su denuncia.

La demanda por reclamación patrimonial administrativa presentada por la mujer que resultó herida en una mano no ha sido admitida, por lo que en estos días se presentará por vía judicial, agotada la preceptiva instancia administrativa.

Sin embargo durante la carga, la policía realizó tres detenciones, que junto a otro joven que fue identificado en el lugar de los hechos, se enfrentan a acusaciones de un delito de atentado del artículo 550 del Código Penal, en su redacción actual, y de 3 faltas de lesiones del artículo 617.1 del citado texto legal, en su redacción anterior a la reforma por L.O. 1/15.

La Fiscalía señala además que el joven en rebeldía es autor de dos faltas de lesiones y otro de los detenidos, de una falta de lesiones. Al primero, la Fiscalía solicita una indemnización de 500 euros y 200 euros, y al otro, 400 euros, por las supuestas lesiones que causaron a los tres policías de la UIP en la detención.

El juicio señalado para el 19 de septiembre pasado fue suspendido ante la imposibilidad de citar a uno de los detenidos. Este joven ha sido declarado en rebeldía, y el Juzgado de lo Penal número 3 señalará una nueva fecha para la vista oral sin su presencia.


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