Carlos Baró, a la derecha, acompaña al ex alcalde Javier León y el concejal Manuel Sánchez, en una visita de obras a la urbanización del túnel del Pinar.
Carlos Baró, a la derecha, acompaña al ex alcalde Javier León y el concejal Manuel Sánchez, en una visita de obras a la urbanización del túnel del Pinar.

La sesión de la Comisión de Investigación sobre el no Soterramiento celebrada hoy ha acordado el listado inicial de comparecencias a solicitar.

Carlos Baró, el asesor ferroviario del ex alcalde del PP, Javier León de la Riva, figura en primer lugar. Tras él los técnicos de Urbanismo Beatriz Edilla, José Luis Cantalapiedra, Jesús Velázquez y Ramiro Clavero así como los técnicos de Urbanismo Irene Serrano y Javier Llorente, además del interventor y el secretario del Ayuntamiento, Rafael Salgado y Valentín Merino, respectivamente.

Baró es un hombre clave de esta millonaria operación urbanística fallida, que ha manejado información de primera mano (por asistir como invitado a las reuniones de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad) y que ha llegado a prestar declaración ante el juez en el caso ‘comfort letter’ abierto contra De la Riva, quedando a estas alturas al margen del procedimiento. El ex alcalde al que asesoraba en materia ferroviaria se enfrenta ahora a una petición de 9 años de prisión por parte de la Fiscalía.

Según la información municipal a la que ha tenido acceso últimoCero, Baró trabajó para el Ayuntamiento de abril de 2002 a julio de 2015. Fue contratado mediante diversos contratos y bajo distintas formas de adjudicación (negociados sin publicidad y concursos abiertos) para la realización de la consultoría y asistencia para la elaboración de informes y asesoramiento técnico a la Alcaldía y Vicepresidencia 1ª de la “Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003”, por los que cobró del Ayuntamiento alrededor de medio millón de euros.

Sin embargo, en todo este tiempo, y en lo que se refiere a la operación ferroviaria, “todos los informes que presentó respondían a un modelo tipo de folio y medio donde afirmaba que se habían realizado informes orales o notas personales al ex alcalde y que se le había prestado asistencia técnica sobre la materia”, han denunciado reiteradamente los actuales responsables del Urbanismo municipal.

El primer contrato que firmó, por 41.760 euros, data de 2002. Fue producto de un concurso abierto en el que su empresa presentó la oferta más cara. Fue prorrogado hasta abril de 2013 por idéntico importe.

Carlos Baró se tapa la cara con una carpeta para no ser fotografiado tras prestar declaración como imputado ante el juez. Foto: Gaspar Francés
Carlos Baró se tapa la cara con una carpeta para no ser fotografiado tras prestar declaración como imputado ante el juez. Foto: Gaspar Francés

A ese contrato le siguió otro de 44.454 euros, que acabó prorrogándose hasta julio de 2006. En este caso se trató de un negociado sin publicidad al que fueron invitadas tres propuestas. Dos de ellas presentaron idéntica cantidad: 346 euros más caras que la de Baró.

Un nuevo ‘negociado sin publicidad’ presupuestado en 30.000 euros fue a parar a Baró, que se ofreció a hacerlo por 29.510,40 euros. Uno de los invitados al procedimiento no se presentó y el otro, que en julio de 2006 también compitió con Baró, en esta ocasión, ofertó su trabajo solo 100 euros más barato que el presupuesto previsto. Ese contrato se prorrogó hasta cuatro veces, hasta diciembre de 2007.

En 2008, se hizo con un concurso abierto con una oferta de 91.872 €. La otra empresa que se presentaba se comprometía a hacer el mismo trabajo por 64.350 €. Este contrato se prorrogó por distintas cantidades hasta junio de 2012.

El último contrato firmado fue producto de otro concurso en el que los dos participantes ofrecieron idéntica oferta, 24.000 euros al año, pero que al final también fue a parar a Baró.

La suma de todos esos contratos y prórrogas ha supuesto al Ayuntamiento un desembolso de más de 500.000 euros a Carlos Baró, cuyo papel en la operación ferroviaria ha sido tan determinante como cuestionado.

El actual alcalde, Óscar Puente, entonces como líder de la oposición, dejó escrito en distintos medios que las razones que llevaron a Javier León a defender la opción C (sobre el desvío de mercancías) “contra el más elemental sentido común, el PGOU que el mismo había aprobado, y la letra y planos de las DOTVAENT que acababan de ser aprobadas por la Junta de Castilla y León”.

“Las razones, como siempre, eran de lo más prosaicas. Resulta que por aquel entonces, su asesor aúlico, D. Carlos Baró, le ilustraba sobre las mejores opciones para el desvío de mercancías, al tiempo que firmaba el proyecto de delimitación del Area Homogenea 8. He tenido la factura de esos servicios en mi mano y os aseguro que supera con creces lo imaginable para cualquiera de nosotros. ¿Cómo es posible que alguien que asesora a un gobernante sobre la mejor opción en función del interés público, tenga intereses privados muy directos en la materia sobre la que está asesorando? Pues eso pasó aquí amigos”, contó entonces el ahora alcalde en un foro público de discusión.

La cuestionada incompatibilidad, sin embargo, acabó siendo amparada jurídicamente, pese a todas las críticas.

En junio de 2015 ante el cambio de gobierno municipal Carlos Baró pidió resolver el contrato que aún le unía con el Ayuntamiento.

Ahora la pregunta que todos los interesados en esclarecer lo ocurrido con la fallida operación ferroviaria del soterramiento se hacen es: ¿Atenderá Baró el requerimiento de la Comisión de Investigación y se presentará el 16 de noviembre en la sala de Comisiones del Consistorio, a las 9.30 horas para declarar?

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