Manifestación del sector de las ambulancias en Valladolid. Foto: Gaspar Francés
Manifestación del sector de las ambulancias en Valladolid. Foto: Gaspar Francés

La Coordinadora Regional del Transporte Sanitario de Castilla y León de la Confederación General del trabajo (CGT) ha elaborado un documento que refleja las consecuencias de la política privatizadora de la Junta, con empresas, como Ambuibérica, "explotadora y caciquil, creada y dirigida por militantes del PP", como el vallisoletano Carlos Magdaleno.

"El transporte sanitario en Castilla y León: un recorrido por la precariedad y el deterioro de los derechos laborales y ciudadanos" es el título del documento elaborado por la Coordinadora Regional del Transporte Sanitario de Castilla y León de CGT.

En el documento se dice, entre otras cosas: "En relación con las empresas hay que decir que el mapa que se ha dibujado en Castilla y León cuanto menos es preocupante, muy preocupante, ya que de las nueve provincias de esta Comunidad en ocho de ellas, salvo Soria, opera directa o indirectamente una empresa: Ambuibérica, que su vez es propiedad de ProA Capital, un fondo de capital riesgo, o mejor dicho un fondo buitre alejado por completo de la realidad y personalidad de Castilla y León y que como tal sólo busca la máxima optimización de su inversión en claro detrimento de los intereses tanto del gobierno regional como de la propia ciudadanía; por no citar el menoscabo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a quienes se somete a unas relaciones laborales de mínimos como demuestra la realidad que estamos sufriendo en el proceso de negociación de un nuevo Convenio. Y que se agravará más si cabe como consecuencia del reciente anuncio de fusión con Investindustrial, otro fondo buitre. Una estrategia empresarial muy agresiva que ahondará aún más no sólo en la precariedad y deterioro de los derechos laborales sino en las propias relaciones institucionales con la Junta de Castilla y León al ser el único interlocutor de las mismas, lo cual le permitirá una capacidad de representación y negociación en régimen de monopolio".

No es la primera vez -ni seguramente sea la última- que últimoCero se refiere a Ambuibérica, cuyo director general es Carlos Magdaleno, exalcalde del PP en Mayorga (municipio de Valladolid) durante varias legislaturas. En la actualidad, su sobrino, Alberto Magdaleno de la Viuda, asimismo del PP, ocupa esa Alcaldía en Mayorga y es diputado provincial.

Carlos Magdaleno, en el centro.
Carlos Magdaleno, en el centro.

Carlos Magdaleno (Mayorga, 1963) se inició en el negocio de las ambulancias durante la realización del servicio militar en el puesto de Cruz Roja, en su pueblo, con la compra de un Seat 132, que convirtió en la primera ambulancia de su localidad. El servicio se extendió rápidamente a otras pueblos hasta erigirse en el patrón del sector gracias a los favores del PP. Después vendría la creación -en 2001- del Grupo Ambuibérica, surgido de la unión de varias empresas hasta convertirse en líder del sector con más de 4.000 trabajadores y miles de vehículos, e implantancia en casi todas las provincias de España y en varios países del extranjero.

No hay lugar donde Ambuibérica esté implantada que no haya problemas. En todos se dice de ella: "Empresa privada explotadora y caciquil, poblada de militantes del PP, que se lucra de la política privatizadora".

Las consecuencias las sufren los usuarios y los empleados, con condiciones extremas de trabajo y salariales. Incluso, recientemente en Galicia Ambuibérica ha sido denunciada por vulnerar la legislación básica en materia de derechos laborales linguísticos.

Por su interés, reproducimos integramente el documento elaborado por la Coordinadora Regional de CGT del Transporte Sanitario de Castilla y León:

"Conscientes como somos de la realidad del transporte sanitario en Castilla y León la Coordinadora Regional de CGT del Transporte sanitario en Castilla y León ni es ni debe ser ajena a una situación que viene degenerando inexorablemente hacia un panorama preocupante en lo que a las relaciones laborales se refiere, desalentador en lo relativo a la gestión de la Junta de Castilla y León en tanto que responsable de este Servicio Público y negativo en las condiciones en las que este servicio se presta a la ciudadanía de esta Comunidad.

Un escenario pesimista y de creciente gravedad que exige un posicionamiento firme y categórico y al que CGT no sólo se está enfrentando sino que sigue afrontando con el único fin de que se revierta en favor de unas relaciones laborales dignas y justas y con la determinación de que se preste el mejor Servicio Público a los pacientes que necesitan de él.

Un sector que por sus características encierra la complejidad propia de un servicio que siendo público la Junta de Castilla y León, como titular responsable, ha externalizado en favor de empresas privadas, y que redunda muy negativamente tanto en los derechos, que no obligaciones, de los trabajadores y trabajadoras como en la calidad misma que se presta a los pacientes de esta Comunidad y en tanto que ciudadanos y ciudadanas son el principal sujeto de derecho de este servicio. Una evidencia que como tal no debería tener mayor recorrido pero que sin embargo está sometida brutalmente a un soterrado conflicto de intereses en el cual, y a nuestro juicio, existen dos partes antagónicas y enfrentadas más o menos veladamente: las empresas y la Administración autonómica por un lado y el conjunto de trabajadores y pacientes por otro.

En lo que se refiere a las relaciones laborales hay que decir que los trabajadores y trabajadoras están negociando en la actualidad un Convenio Colectivo cuya vigencia ha expirado en el año 2014, lo que significa que en estos últimos años este colectivo ha visto y padecido una congelación salarial de hecho y que por la postura intransigente de la patronal no ofrece visos de una ostensible y merecida mejora.

Además de esta circunstancia hay que destacar otros agravios, tales como que ya desde el año 2010 se ha venido vulnerando dicho Convenio por parte de las empresas al no respetar e incumplir compromisos salariales recogidas en él o que en el año 2013 todos los trabajadores y trabajadoras sufrieron la merma, mejor dicho hurto, unilateral del 5% de sus salarios impuesta por las empresas con la excusa de la crisis y del ajuste de la Administración en el importe de los convenios firmados con ellas y que se mantiene hasta hoy. Una agresión hacia derechos legítimos y consolidados que lejos de ser revertida las empresas han dado por amortizada y sin voluntad de reparación. La consecuencia por devastadora refleja lo que es una realidad tan cierta y gravosa como demostrable y dramática: los salarios de los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Castilla y León están a la cola de su sector en comparación con los del resto de comunidades autónomas. Una evidencia que habla por sí sola de la precariedad laboral y el deterioro de los derechos de quienes desempeñan ejemplarmente un trabajo tan reconocible como trascendente.

Si a esto se añade la sobrecarga de trabajo y la asfixiante presión que sufrimos a diario por la insuficiencia de personal el panorama es tan elocuente como insoportable.

En relación con las empresas hay que decir que el mapa que se ha dibujado en Castilla y León cuanto menos es preocupante, muy preocupante, ya que de las nueve provincias de esta Comunidad en ocho de ellas, salvo Soria, opera directa o indirectamente una empresa: Ambuibérica, que su vez es propiedad de ProA Capital, un fondo de capital riesgo, o mejor dicho un fondo buitre alejado por completo de la realidad y personalidad de Castilla y León y que como tal sólo busca la máxima optimización de su inversión en claro detrimento de los intereses tanto del gobierno regional como de la propia ciudadanía; por no citar el menoscabo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a quienes se somete a unas relaciones laborales de mínimos como demuestra la realidad que estamos sufriendo en el proceso de negociación de un nuevo Convenio. Y que se agravará más si cabe como consecuencia del reciente anuncio de fusión con Investindustrial, otro fondo buitre. Una estrategia empresarial muy agresiva que ahondará aún más no sólo en la precariedad y deterioro de los derechos laborales sino en las propias relaciones institucionales con la Junta de Castilla y León al ser el único interlocutor de las mismas, lo cual le permitirá una capacidad de representación y negociación en régimen de monopolio.

Respecto de la Junta de Castilla y León resulta obligado acusar su falta de personalidad para asumir en toda su extensión el escenario que ella misma ha establecido de forma unilateral externalizando un servicio público del que es plenamente competente y al que ha condenado al arbitrio y gestión de empresas privadas, provocando un conflicto multidimensional puesto que se ven afectados directamente los derechos de los trabajadores y trabajadores, el derecho de la ciudadanía a recibir el mejor servicio público, los intereses de las empresas y los de la propia Administración en tanto que es la responsable de la administración y fiscalización de los recursos públicos invertidos en este servicio.

Lo cierto y lamentable es que la Junta de Castilla y León si de algo puede presumir en este caso es de indolente hacia los excesos cometidos por las empresas como de insensible hacia las condiciones de trabajo que sufren los trabajadores y trabajadoras; anomalías que repercuten en la propia ciudadanía.

Su acción, o mejor dicho inacción, se puede resumir en dudas ciertas y respuestas inexistentes: ¿es sabedora la Junta de Castilla y León de la disposición que hacen las empresas sobre los recursos humanos y materiales que manejan y que son pagados enteramente por la propia Administración?, ¿es consciente de que las empresas disponen a su libre albedrío del personal y las ambulancias para prestar servicios a particulares, empresas privadas o instituciones como Ayuntamientos para atender fiestas patronales u otros eventos y que nada tienen que ver con las necesidades del SACYL?. Si lo sabe, como lo sabe la opinión pública porque además se ha denunciado públicamente desde distintas instancia políticas, ¿por qué lo consiente?. Y si no es conocedora de tal circunstancia ¿qué criterio tiene sobre la obligada fiscalización y control de los recursos públicos que gestiona?.

Y por último debemos citar a la ciudadanía como sujeto principal de este Servicio Público, y sufridora de las deficiencias que este modelo de gestión impone: pacientes de avanzada edad o con patologías graves que tienen que esperar horas en las dependencias hospitalarias hasta ser trasladadas a su domicilio, cuando no tienen que someterse a los intereses operativos de las empresas en perjuicio de sus derechos.

CGT, como no puede ser de otra manera, rechaza abiertamente esta deplorable situación, desarrollando distintas iniciativas en dos vertientes: la negociación del Convenio Colectivo a corto plazo y el cambio del modelo de gestión a medio-largo plazo.

Sobre la negociación del Convenio Colectivo CGT, que no forma parte de la mesa negociadora, elaboró hace ya varios meses una plataforma reivindicativa, dentro de una estrategia de unidad sindical necesaria, a su juicio, para vencer la intransigencia patronal y que no ha sido tomada en consideración por el resto de fuerzas sindicales, principalmente por las dos que negocian el Convenio.

En cuanto al cambio de modelo de gestión CGT cree firmemente que este Servicio Público, como tal, debería ser gestionado directamente por la Junta de Castilla y León en toda su integridad, lo que redundaría en una mayor calidad asistencial y el ahorro de dinero público al prescindir de las empresas como intermediarias en la prestación del servicio. Criterio que por cierto ya se está implementando en algunas Comunidades Autónomas. Una iniciativa que ha sido trasladada a todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León en forma de PNL (Proposición no de Ley) a través de contactos directos con sus representantes y de la que podemos decir que ha tenido receptividad pero de la que desconocemos su alcance real en el futuro.

Octubre de 2017

¡¡ SALUD !!
¡¡ POR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO ¡! ¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO ¡!

Noticias relacionadas:

24 horas de paro en la tercera huelga del transporte sanitario en Castilla y León

Movilización de los trabajadores del sector del transporte sanitario

 

Solo tu puedes impedir que esto se acabe

Compártelo, apoya el proyecto

ÚltimoCero | Hazte cómplice HAZTE CÓMPLICE

No hay comentarios