La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en el centro. Foto: JCyL
La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en el centro. Foto: JCyL

Los funcionarios que conforman el colectivo Viernes Negro, solicitan la aplicación urgente del artículo 155 de la Constitución en la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León por considerar que “la Calidad de los alimentos producidos en las Industrias Agroalimentarias de Castilla y León está en peligro al estar dejando morir el Servicio Público de Inspección de Calidad y Fraude Agroalimentario, que controla e inspecciona la calidad de las materias primas y de los productos finales, así como la utilización de los adecuados procesos productivos”.

Este colectivo pide la destitución inmediata y fulminante de la Consejera de Agricultura y Ganadería,Milagros Marcos, así como la del Secretario General, Eduardo Cabanillas y del Director General de Competitividad de la Industria de esa Consejería, Jorge Morro.

Esta petición se recoge en la tercera denuncia que han presentado este grupo de funcionarios por el abandono del Servicio de Inspección de Calidad y Fraude Agroalimentario de Castilla y León.

El Movimiento Viernes Negro de Burgos, lleva desde noviembre de 2016 denunciando la precariedad de este servicio. De una plantilla de 25 inspectores, se pasó a 15 en noviembre de 2016, y en la actualidad ya solo quedan 8 Inspectores para inspeccionar más de 3.000 industrias Agroalimentarias en Castilla y León, y con el agravante de que tres provincias, León, Soria y Burgos, ya no disponen de ningún Inspector de Calidad, denuncian.

Asimismo recuerdan al Secretario General las “inopinadas malas gestiones provocadas en el Laboratorio Agrario Regional, en la abandonada Estación de Avisos de Pedrosa de Duero o en el malogrado proyecto denominado Centro Tecnológico Agroalimentario de Castilla y León (CTACYL) ubicado en Aranda de Duero, y la más que probable campaña publicitaria engañosa de “Tierra de sabor” que perjudica inevitablemente a los consumidores”.

Tras estas denuncias realizadas por funcionarios públicos a la Consejería de Agricultura y Ganadería, el propio Secretario General “eludió dar respuestas contestando ante un sinfín de datos objetivos y alarmantes que muestran ‘el lado oscuro’ de la gestión política con un lacónico: “Nada que comentar sobre los juicios de valor vertidos en el escrito de referencia.”

“Ante semejante dejación de funciones, por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, ponemos en conocimiento de los medios de comunicación, de las organizaciones de consumidores y de los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León la nueva denuncia, así como toda la documentación anterior”, explican los funcionarios que reclaman la aplicación del 155 en la Consejería de Agricultura de Castilla y León.


Contenido relacionado:


Noticias relacionadas:

De Centro Tecnológico Agroalimentario a ‘edificio fantasma’ en la Ribera del Duero

 

No hay comentarios