El presidente Decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Eduardo Montes.
El presidente Decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Eduardo Montes.

La Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ha anulado la asamblea general celebrada el pasado 11 de marzo por el Colegio de Castilla y León en la que se acordó la revocación de la Comisión Deontológica del colectivo.

El pronunciamiento del máximo órgano colegial, contra el que cabe recurso contencioso-administrativo, tiene su origen en los recursos presentados por 8 colegiados por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de aquella asamblea, todas ellas desestimadas, salvo la que hace referencia al voto delegado, que a la postre ha supuesto la anulación de toda la asamblea.

En concreto, los recurrentes denunciaron que, al comienzo de la asamblea, se les impidió registrar un puñado de votos delegados “acompañados de la fotocopia del DNI de los colegiados delegantes”, mientras que a otros colegiados sí que se les aceptaron “en base al reglamento regulador del voto delegado” cuya aprobación figuraba en el séptimo punto de la asamblea que aún no se había iniciado.

La Junta de Gobierno del Colegio de Castilla y León, en su defensa, alegó que esta manera de proceder se sustentaba en una disposición transitoria del anterior reglamento en la que se indicaba que en tanto en cuanto ni fuera aprobado el nuevo, se seguiría aplicando “de forma provisional”.

El Consejo General, sin embargo, entiende que “la aplicación anticipada” del citado reglamento, que aún no había sido aprobado por la asamblea, no es posible, a pesar de que se incluyese una disposición transitoria que lo autorizase.

“El Colegio debe cumplir su propia normativa y la legalidad vigente”, reza el pronunciamiento del Consejo, que declara que “no se ajusta a derecho la aplicación anticipada del reglamento que regula el voto delegado”, motivo por el cual, declara nula la asamblea celebrada el pasado 11 de marzo.

El actual decano del Colegio de Psicólogos de Valladolid, Eduardo Montes, ha restado importancia a este pronunciamiento por considerar que a los recurrentes sólo se les da la razón en uno de los puntos en los que denunciaban irregularidades. “El propio Consejo señala que de haberse tenido en cuenta los votos delegados que se rechazaron, no hubiera cambiado el sentido de ninguna votación”, indica Montes.

Para el decano, la resolución del Consejo General parte de un error. “No se llegó a aplicar el Reglamento del que hablan. Los votos delegados fueron rechazados en atribución de mis funciones como decano por no poder acreditar si eran o no válidos. Si hubieran venido con el aval de un notario o cualquier otro organismo oficial los hubiera aceptado”, indicó antes de recordar que “a todos ellos se les dio la posibilidad de formalizar los votos a posteriori en la sede del colegio, pero ninguno se pasó”.

Montes también resta importancia al hecho de que, una vez anulada la asamblea, vuelva a estar habilitada la Comisión Deontológica que su junta de gobierno cesó. “Todavía no sabemos cuándo se va a poder reunir la Junta de Gobierno, pero en cuanto lo haga, se convocará una nueva asamblea. No es necesario que el nombramiento de la Comisión Deontológica sea aprobado por la asamblea, simplemente se le comunica”, señala Montes a últimoCero.

El origen del conflicto abierto en el seno del Colegio de Psicólogos de Castilla y León se sitúa a finales del año 2015 cuando presentaron su dimisión el vicedecano del Colegio, Luis Melero, el tesorero, Manuel Andrés, el secretario, Ángel González y la vocal por Palencia Belén Martínez.

El enfrentamiento acabó también en la propuesta de cese de la Comisión Deontológica en bloque. “La única explicación que encontramos para esta actitud que ha desembocado en la ilegal suspensión temporal, es no haber accedido a las pretensiones de apoyar al decano presidente en una denuncia que de forma nominal había realizado a otros miembros dimitidos de la Junta de Gobierno de este Colegio cuando según los Estatutos citados, en estos casos la Comisión Deontológica tiene la obligación de inhibirse y remitir la documentación al Consejo General de Colegios Profesionales de la Psicología como así se hizo. Este único hecho fue el que en palabras del propio señor Decano hizo que perdiese la confianza en la Comisión Deontológica provocando desde entonces toda una serie de extorsiones al quehacer diario de esta Comisión, acabando esta sinrazón en la suspensión temporal de la Comisión Deontológica”, indicaron entonces en una nota de prensa los integrantes de la Comisión que, ahora recuerdan, además, “que en la Asamblea se aprobó igualmente un nuevo Reglamento de la Comisión deontológica que limita la independencia y somete su trabajo a la Junta de Gobierno”, en palabras de los miembros de la antigua Comisión a quienes no se realizó consulta alguna sobre este nuevo Reglamento.

Según el sector crítico del Colegio, “desde que se inició la legislatura, el Decano Presidente ha ido dejando cada vez más sillas vacías por dimisiones de personas que le acompañaron, en algunos casos desde hace muchos años. La última en abandonar el cargo ha sido Silvia Mateo, vocal de Soria, a primeros de año. Con esta son seis las dimisiones, lo que es especialmente significativo ya que sitúa a la Junta de Gobierno en una situación delicada como representante de todo un colegio profesional con más de dos mil colegiados”.


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