Dependencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Foto: COPCYL
Dependencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Foto: COPCYL

El grupo de colegiados que ha promovido la anulación de la última Asamblea General celebrada en el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León asegura que esta trascendente resolución del Consejo Nacional “conlleva importantes consecuencias y efectos”, además de poner de manifiesto que “desde finales de 2015, cuando dimitieron de sus cargos los anteriores secretario, tesorero y vicedecano, el Colegio de Castilla y León carece de personas que legalmente realicen estas funciones”.

“Nos preguntamos qué validez tienen las decisiones y actos firmados por personas sin el respaldo legal para ejercer dichas responsabilidades (pagos económicos, certificados, acuerdos con la administración, contratos de servicios y de personal, y así un largo etcétera)”, se preguntan los impulsores del recurso antes de recordar otros efectos de la anulación de la asamblea: “No quedan aprobados los gastos de 2016, que entre otras cuestiones se referían a asuntos que han levantado polémica entre los colegiados como las nóminas del personal, los gastos de la nueva sede, los gastos de la Junta de Gobierno o los costes de los seguros con PSN. Tampoco queda aprobado el presupuesto de 2017”.

El grupo de colegiados, con Miguel Pérez Fernández y María Jesús Irurtia a la cabeza, consideran que la actual Junta de Gobierno, “con Eduardo Montes como decano responsable, ha generado una grave desatención de uno de los fines esenciales del colegio como es la ordenación desde la deontología de la actividad profesional”.

“Además de no permitir a la Comisión Deontológica legalmente nombrada el 18 de abril de 2015, por el órgano de representación de los colegiados (la Asamblea General), ejercer sus funciones, ha otorgado estas funciones a una Comisión constituida irregularmente como se ha puesto de manifiesto en la resolución del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España y ha aprobado un reglamento regulador de la Comisión Deontológica realizado ‘a medida’, con la única finalidad de limitar la independencia de este órgano sobre la Junta de Gobierno”.

Los colegiados recuerdan que “se da la circunstancia añadida de que la Comisión Deontológica apartada de sus legítimas funciones estaba tramitando expedientes que afectaban directamente a miembros de la actual Junta de Gobierno”.

“Durante muchos meses, con anterioridad a la declarada nula Asamblea de Burgos, la Comisión Deontológica ha sufrido una constante situación de desamparo legal y jurídico y se ha visto inexplicablemente sometida a un constante ‘acoso’ por parte de la Junta de Gobierno. Entre otras acciones se ha impedido a la Comisión el derecho de reunión en las instalaciones colegiales hasta el punto de vernos obligados a reunirnos, en varias ocasiones, en una cafetería próxima al colegio, negándonos el apoyo administrativo y jurídico”, recuerdan antes de advertir su intención de volverse a reunir para retomar sus funciones.

A los promotores del recurso que finalmente ha sido atendido por el Consejo Nacional también llaman la atención sobre la supuesta “desaparición de grabaciones” de la última asamblea que, aseguran, “fueron grabadas ante numerosos testigos con medios audiovisuales”. “El Consejo Estatal requirió durante la instrucción de lo sucedido en la Asamblea de Burgos dicha grabación a la Junta de Gobierno, que por increíble que parezca no aportó dicha grabación porque, ‘no se disponía de la misma’. Una falta de respeto más, a las instituciones y a los colegiados”, valoran.


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