Imagen de archivo de León de la Riva saliendo de los juzgados tras prestar declaración como imputado. Foto: Gaspar Francés
Imagen de archivo de León de la Riva saliendo de los juzgados tras prestar declaración como imputado. Foto: Gaspar Francés

La sección segunda de la Audiencia Provincial que preside el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, se encargará de juzgar al ex alcalde del PP Javier León de la Riva y sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco por el denominado caso ‘comfort letters’, después de que el juzgado de Instrucción 4 haya decretado hoy la apertura de juicio oral contra ellos.

Así, será la Audiencia la que determine la fecha del juicio en la que el ex alcalde de Valladolid tendrá que responder por la presunta comisión de tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental, por los que el Ministerio Público solicita una condena global de 9 años de cárcel y 24 años de inhabilitación.

En el caso de los ex concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, la petición, por tres delitos de prevaricación, se eleva hasta los 24 años de inhabilitación.

En el auto dictado hoy por Instrucción 4 también se ratifica la libertad provisional de los acusados.

A principios de este mismo mes la sección cuarta de la Audiencia rechazó los recursos interpuestos por el ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva y los concejales populares Manuel Sánchez y Alfredo Blanco (que en esos momentos todavía no había renunciado a su acta de concejal).

"Por lo que al fondo del asunto se refiere, en contra de lo que se indica en los mencionados recursos, y como ya ha expuesto esta Sala en multitud de ocasiones, no es este el momento de analizar si se cuenta o no con pruebas suficientes para el dictado de una Sentencia condenatoria contra los recurrentes, es decir, no es el momento de realizar una valoración de las pruebas, las cuales sólo pueden tener dicha condición, respecto de las practicadas en el acto del juicio oral. En principio, de los datos aportados a la causa, de las investigaciones realizadas, sí se cuenta con elementos bastantes, indicios racionales, de que los recurrentes, pudieron haber participado en los hechos que se les imputan, dado que así se desprende fundamentalmente de las declaraciones de los propios imputados, testigos y documental aportada a la causa", señaló textualmente la sección cuarta de la Audiencia en el auto que confirmó la imputación de los tres ediles del PP.

Según se hace constar en el escrito de acusación de la Fiscalía, “los tres acusados, dos de los cuáles (Francisco Javier León de la Riva, y Alfredo Blanco Montero) (...) dieron su voto favorable a la suscripción de la línea de crédito, con las condiciones impuestas por el consorcio bancario, de las que eran conocedores, a pesar de ser conscientes de las consecuencias que, para la Corporación podían derivarse de la entidad de la garantía económica que se estaba asumiendo, como de los anteriores créditos y, en su condición de alcalde-presidente y concejales de Hacienda, y de Movilidad y Planificación, respectivamente, actuaron una vez más a espaldas de los órganos municipales competentes”, al no haber solicitado para la firma de las tres cartas de conformidad que se discuten ninguno de los informes preceptivos.

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