El magistrado Ignacio Martín Verona. FOTO: Gaspar Francés
El magistrado Ignacio Martín Verona. FOTO: Gaspar Francés

Como preámbulo al Congreso Académico Internacional 'El franquismo a debate' que se celebrará del 16 al 22 de noviembre en la Facultad de Derecho de Valladolid, hoy en su Aula Mergelina ha tenido lugar la segunda de las mesas debate programadas, titulada ‘Leyes y justicia durante el franquismo. Evolución y contestación profesional’. En ella han participado, además de la abogada y moderadora Mª Jesús Díez-Astraín Foces, José Alberto Blanco Rodríguez, abogado y presidente del Ateneo Republicano de Valladolid, Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y el magistrado juez vallisoletano Ignacio Martín Verona, miembro de Jueces para la Democracia, que ha recalcado en su intervención que “las prácticas vulneradoras de derechos perviven en algunos ámbitos”, en referencia al poso actual del franquismo en algunos ámbitos del sistema judicial.

La moderadora, Mª Jesús Díez-Astraín Foces, contextualizó las intervenciones posteriores, destacando varios hechos como las dos depuraciones del franquismo en la justicia: la primera el 30 de julio de 1936 cuando el Colegio de Abogados se adhirió al golpe y facilitó el encarcelamiento e incluso fusilamiento de sus colegiados se habían significado a favor de la República; la segunda fue a finales del 1939 cuando el entonces Ministro de Justicia, Esteban de Bilbao, purgó a todos los que antes del 36 habían sido miembros o simpatizado con la cualquier organización ilegalizada, entre las que se encontraban incluso republicanos de derechas.

Puso otros ejemplos, como el derecho a veto de la dictadura en las juntas de Gobierno de los colegios, por lo que el hijo del último alcalde republicano de Valladolid, García Quintana, fue vetado por el Gobernador Civil. Haciendo un paralelismo con la situación actual , señaló que “hay muchos jueces que van de la mano de los políticos”, aunque puntualizó que solo son los que mayoritariamente aparecen en los medios mientras que una mayoría, el resto, llevan a gala su independencia.

El abogado Jose Alberto Blanco durante su intervención. FOTO: Gaspar Francés
El abogado Jose Alberto Blanco durante su intervención. FOTO: Gaspar Francés

“La involución legislativa y el ejercicio de la abogacía durante el franquismo”. El vallisoletano José Alberto Blanco Rodríguez, presidente del Ateneo Republicano de Valladolid, fue el primero de la terna de ponentes en intervenir. El abogado especializado en el colectivo de presos, aunque también ha ejercido como abogado laboralista, hizo una férrea defensa de los valores republicanos. Destacó la altura intelectual española, contrastando con una gravísima pobreza, que propició la proclamación de la segunda República. Destacó también el papel del colectivo ‘Mujeres Libres’ que luchó en la Guerra Civil y se centró en la formación para las mujeres como vía para alcanzar la igualdad.

La involución franquista llegó, en su opinión, unida a distintos hechos como su fijación con la educación, “dogmática, católica, apostólica y romana”, la segregación por sexo o leyes como la de vagos y maleantes, ampliada en el 54 antes de que el 70 se aprobara una nueva. Frente al aire conservador y casi exclusivamente masculino, destacó como en los años 70 empezaron a aparecer despachos laboralistas, recordando al fallecido abogado vallisoletano Paco Izquierdo, “inoculando savia nueva” e incluyendo a las mujeres.

Victoria Ortega Benito interviniendo en la mesa de debate. FOTO: Gaspar Francés
Victoria Ortega Benito interviniendo en la mesa de debate. FOTO: Gaspar Francés

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, centro su charla en la “Abogacía institucional. El Consejo General y el Congreso de 1970”. Al comienzo de su intervención ha subrayado la oportunidad de estas jornadas en un momento en que muchas voces comparan el franquismo con el momento actual, asegurando que los 40 años que llevamos de democracia no son un “espejismo” y que esta comparación es muy injusta para quienes vivieron y sufrieron esa “época negra y oscura”.

Centró su intervención en el Congreso del Consejo General de la Abogacía celebrado en 1970 en León. Aludiendo a los antecedentes de esta efeméride, destacó también la aparición de despachos laboralistas, y de grupos, principalmente provenientes de Madrid, críticos con el franquismo dentro de la abogacía. Ejemplo de ello fue la amnistía para los presos políticos propugnada por nueve colegios de abogados a finales de 1969. Entre los varios logros de aquel congreso destacó la modificación del juramento para referirse al imperio del derecho y de la justicia, la regulación del secreto profesional, el derecho de defensa o la regulación del turno de oficio y la justicia gratuita. Destacó como, ante los asesinatos de Atocha en el 77, la abogacía, junto al PCE o CCOO, respondieron de forma “cívica y pacífica” asumiendo la importancia del atentado contra su independencia.

Aspecto del Aula Mergelina durante la charla. FOTO: Gaspar Francés
Aspecto del Aula Mergelina durante la charla. FOTO: Gaspar Francés

El magistrado vallisoletano Ignacio Martín Verona, miembro de Jueces por la Democracia, quiso rebatir en su intervención las palabras de su predecesora en la mesa asegurando que “las prácticas vulneradoras de derechos perviven en algunos ámbitos”. Señaló, entre otros ejemplos, los FIES o el abuso por parte del Ejecutivo del indulto “para beneficiar a determinados amigos”. Ironizó también sobre el hecho de que la muerte de Franco no convirtió repentinamente a los magistrados en demócratas.

Advirtió que en lo personal, por su juventud, el franquismo solo es un recuerdo de infancia, aunque había indagado y preguntado a colegas sobre cómo era el ejercicio en esa época, señalando varios problemas compartidos con la situación actual como el supuesto “apoliticismo” o el control político de los jueces. Aludió también al archivo de la causa por los crímenes del franquismo: “Se mire por donde se mire se ha archivado en falso”, ya que se ha usado una ley de amnistía para delitos políticos para aplicarla a este caso, señalado además a la inactividad de la fiscalía y la policía. Aunque ha puesto su confianza en las causas abiertas en Argentina y México que aun “pueden decir muchas cosas al respecto”. Como ejemplo final, ha narrado cómo durante el intento de golpe de Estado de Tejero se trató de intervenir, sin éxito, la portada del diario ultraderechista El Alcázar o como el Consejo Fiscal se negaba a condenar a los golpistas.

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