Integrantes de la Comisión Deontológica en la reunión mantenida este sábado en la sede del Colegio de Psicólogos. Foto: úC
Integrantes de la Comisión Deontológica en la reunión mantenida este sábado en la sede del Colegio de Psicólogos. Foto: úC

“La Comisión Deontológica, carente de funciones, no puede reunirse y actuar como tal. En ningún caso puede reunirse en el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León ni en ningún otro lugar como Comisión Deontológica, pues estarían asumiendo unas funciones que no les corresponden; pudiendo incurrir de llevarlo a cabo en una posible infracción grave de las normas estatutarias que rigen el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, susceptible de sanción disciplinaria por falta grave”.

Esta es la advertencia que se han saltado los seis integrantes de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos que fue suspendida de sus funciones por la Junta de Gobierno del COPCyL el 4 noviembre 2016 y que, tras declarase nula la asamblea en la que se autorizaba a la Junta de Gobierno del Colegio a nombrar sustitutos, han retomado su actividad con una reunión en la sede del Colegio este mismo sábado.

Tras la reunión, los integrantes de la Comisión (María Jesús Irurtia Muñiz, presidenta; Miguel Pérez Fernández, secretario; Teodoro Fernández Diez; Sonia Fernández de la Vega y Francisco A. Sevillano Sevillano) aseguraron que se han limitado a “cumplir con las funciones contempladas en el código deontológico de manera legal y ética, con profesionalidad y eficiencia, hasta el momento en el que fue impedida su actuación por parte de la Junta de Gobierno sin que mediara ningún hecho justificativo que lo provocase”.

Según los citados miembros de la Comisión Deontológica, la única explicación que puede encontrarse para justificar la actitud de la Junta de Gobierno “que ha desembocado en la ilegal suspensión temporal, es no haber accedido a las pretensiones de apoyar al decano presidente en una denuncia que de forma nominal había realizado a otros miembros dimitidos de la Junta de Gobierno de este Colegio cuando según los Estatutos citados, en estos casos la Comisión Deontológica tiene la obligación de inhibirse y remitir la documentación al Consejo General de Colegios Profesionales de la Psicología como así se hizo”.

“Este único hecho fue el que en palabras del propio señor Decano (Eduardo Montes) hizo que perdiese la confianza en la Comisión Deontológica provocando desde entonces toda una serie de extorsiones al quehacer diario de esta Comisión, acabando esta sinrazón en la suspensión temporal de la Comisión Deontológica”, explican antes de recordar que “todo esto sucede después de haber dimitido casi la mitad de la Junta de Gobierno y de haber cesado al asesor jurídico del Colegio, figura imprescindible para la resolución de dudas por parte de esta comisión, asimismo sin razones justificativas”.

La Junta de Gobierno del Colegio que no reconoce a la Comisión Deontológica también es acusada de “secuestrar” la documentación sobre quejas y denuncias que dejaron de recibir hace 15 meses.

Uno de estos expedientes debería referirse a ellos mismos, ya que el pasado 6 de octubre la Junta de Gobierno decidió abrir expediente disciplinario a la presidenta, María Jesús Irurtia y al secretario, Miguel Pérez Fernández.

La Junta de Gobierno del Colegio de Piscólogos ha hecho llegar a los integrantes de la Comisión Deontológica una explicación sobre porqué, pese a la anulación de la última asamblea, se mantiene el relevo de sus integrantes: “Ciertamente la Junta de Gobierno del Consejo General de COP, en su reunión de fecha 21 octubre 2017 acordó estimar en parte al recurso interpuesto por usted. Acuerdo que es susceptible de Recurso Contencioso-Administrativo. Recurso que la Junta de Gobierno del COPCYL ha decidido interponer ante el Tribunal competente. Por ello y hasta en tanto se resuelva dicho Recurso Contencioso-Administrativo se considera válida la suspensión cautelar de la Comisión Deontológica a la que usted perteneció”.

La Comisión Deontológica ya ha anunciado su intención de dar traslado de su actual situación al Consejo Nacional de Colegios de Psicólogos para que el funcionamiento del colegio autonómico vuelva a la normalidad, ya que después de la anulación de la última asamblea se pone de manifiesto que “desde finales de 2015, cuando dimitieron de sus cargos los anteriores secretario, tesorero y vicedecano, el Colegio de Castilla y León carece de personas que legalmente realicen estas funciones”.

“Nos preguntamos qué validez tienen las decisiones y actos firmados por personas sin el respaldo legal para ejercer dichas responsabilidades (pagos económicos, certificados, acuerdos con la administración, contratos de servicios y de personal, y así un largo etcétera)”, se preguntan los impulsores del recurso antes de recordar otros efectos de la anulación de la asamblea: “No quedan aprobados los gastos de 2016, que entre otras cuestiones se referían a asuntos que han levantado polémica entre los colegiados como las nóminas del personal, los gastos de la nueva sede, los gastos de la Junta de Gobierno o los costes de los seguros con PSN. Tampoco queda aprobado el presupuesto de 2017”.

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