Concentración de apoyo a un trabajador de IVECO despedido.
Concentración de apoyo a un trabajador de IVECO despedido.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en sentencia de 9 de octubre de 2017, ha vuelto a dar la razón al sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) y declara "la nulidad radical de la conducta de la empresa como vulneradora del derecho fundamental de huelga durante los días 15 y 17 de marzo de 2016". Iveco España deberá pagar 2.000 euros.

El fallo, al que ha tenido acceso últimoCero, desestima el recurso de suplicación interpuesto en nombre y representación de Iveco España S.A. contra la sentencia de 26 de mayo de 2017 del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid, en los autos número 207/2017.

"Se imponen", añade la sentencia" a Iveco España S.A. las costas del recurso, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 400 euros".

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León desestima la pretensión de Iveco España S.A. de revisar los datos de seguimiento de la huelga, y lo hace porque "se trata de listados de personal elaborados unilateralmente por la parte y sin firma ni adveración de ningún tipo, esto es, no se trata de un documento que pueda amparar una revisión de hechos probados en suplicación. En cuanto al segundo documento que se invoca, folio 15 de los autos, el mismo no forma parte de un acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino de un informe de la misma. En el mismo y en relación con las cifras de seguimiento de la huelga no hace sino recoger cuáles son las manifestaciones de los representantes de la empresa que comparecen en las oficinas de la Inspección el 21 de marzo, por lo que tampoco dicho documento puede amparar la revisión pretendida".

"En segundo lugar", continúa el TSJ, "Iveco pretende introducir un nuevo ordinal en los hechos probados que deje constancia de las pérdidas producidas por la huelga, en concreto el número de vehículos dejados de fabricar en los dos días de huelga y el coste de trabajos de revisión y reparación de los fabricados dichos días. Se fundamenta dicha revisión en un informe del director de recursos humanos de la propia empresa. Ha de distinguirse entre la prueba documental en sentido estricto de otro tipo de pruebas, como puede ser la testifical, que se documente por escrito en lugar de ser practicada en el acto del juicio oral. (...) El motivo por ello también es desestimado, al tratarse de prueba testifical puesta por escrito, que no es apta para revisar los hechos probados en suplicación".

El siguiente motivo de recurso de la empresa se ampara en la letra c del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social y denuncia la vulneración de los artículos 4 del Estatuto de los Trabajadores y 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977. "La discrepancia con la sentencia de instancia en este punto no se establece en relación con el concepto jurídico del esquirolaje, sino en su aplicación al caso concreto en función de los hechos probados, manifestándose una discrepancia con los hechos declarados probados en la sentencia de instancia al respecto", dice el fallo.

"Aunque el Magistrado de instancia se limita, en el correspondiente ordinal de los hechos probados, a reproducir el texto del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo cierto es que en el fundamento de Derecho sexto nos dice que a partir de la misma considera acreditada 'la presencia en la cadena de montaje de mandos y personal de estructura haciendo funciones correspondientes a puestos de trabajo de operarios que secundaron la huelga o supervisando el correcto desempeño de otros trabajadores que no ocupaban sus puestos de trabajo habituales, con la finalidad de minimizar el impacto de la huelga en la producción final de la jornada'. El recurso no ha combatido este hecho probado por la vía correcta de la letra b del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social y se dedica en este punto a hacer razonamientos sobre la actuación administrativa, las cuales pudieran tener quizá relevancia si estuviésemos ante un recurso contra la misma, pero estamos en una demanda de vulneración de derechos fundamentales en la que los documentos administrativos indicados tienen la naturaleza de meras pruebas de los hechos y son valorables, como tales pruebas, por el órgano judicial, de manera que si se discrepa de la valoración de tales documentos la vía procesal que ha de seguirse es la de la letra b del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social, omitida en este punto. El motivo por tanto es desestimado", sentencia el TSJ.

La empresa Iveco también denuncia la vulneración del artículo 183 de la Ley de la Jurisdicción Social por entender que la indemnización por vulneración de derechos fundamentales no opera automáticamente, sino que es preciso que conste probada la existencia de un daño real y valorable económicamente.

"El motivo", según el fallo, "ha de ser desestimado". "Con carácter general, una vez acreditada la vulneración de un derecho fundamental, no puede desestimarse una pretensión indemnizatoria sobre la base de la inexistencia de daños materiales, puesto que la mera vulneración del derecho fundamental ya constituye un daño. Cuando, como en este caso, se ha lesionado un derecho fundamental, si no puede restaurarse en especie el derecho lesionado durante el periodo pasado, tal restauración habrá de hacerse fijando una indemnización. Si se tratase de un derecho de contenido económico el derecho pasado puede ser restaurado con facilidad, como ocurre en general cualquier obligación que pueda cumplirse extemporáneamente, en cuyo caso los eventuales daños podrían cifrarse en el pago de intereses, frutos o rentas o en la compensación de otros daños que se acreditaran. Esto mismo puede ocurrir en el caso de un despido, en el que la institución del despido nulo restaura la relación y sus efectos salariales y de Seguridad Social. Pero hay supuestos en los que el cumplimiento extemporáneo del derecho es imposible en especie, lo que hace necesario acudir a sustituir el mismo por su equivalente pecuniario, a través del mecanismo de la indemnización. Por ello ha de indemnizarse económicamente el derecho lesionado y de imposible restauración en especie, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 247/2006, de 24 de julio".

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, tras referirse a varios fallos del Tribunal Supremo, concluye: "Por tanto el Magistrado de instancia no vulneró norma alguna cuando fijó una indemnización de 2.000 euros por el sindicato convocante de la huelga, que vio minorados los efectos de la misma por conducta empresarial ilícita".

Acta de la Inspección de Trabajo

Con fecha 2/08/2016, la Inspección de Trabajo levantó Acta de Infracción, que recoge:

«En torno a las 13 horas se efectúa visita de inspección al centro de trabajo de la empresa en Valladolid, Carretera de Soria Km. 2,5, de forma conjunta con el Inspector de Trabajo y Seguridad Social Javier Blanco Urzaiz. Previa identificación en la barrera se accede a la instalación dirigiéndonos al Departamento de Recursos Humanos donde se contacta con su responsable Unai Sáez Prieto y con Mª Jesús Martínez Tejedor (Human Resources Specialist), a los que se solicitan datos sobre el nivel de seguimiento del paro en el turno de la mañana, asi como que se localice a una representación de Comité de Empresa y de la Sección Sindical de CGT para realizar visita por las instalaciones en compañía de los actuantes. Una vez que se incorporan los miembros de la Sección Sindical de CGT Alberto Suarez Díaz y Jesús M. Álvarez Pérez, y en representación de Comité Jesús Rodríguez Espeso, se abandonan las oficinas para dirigirnos a la zona de montaje.

En el exterior de la instalación nos cruzamos con un grupo de trabajadores que por los representantes de CGT son identificados como trabajadores de otro turno. Por el actuante Javier Blanco se identifica a las trabajadoras Mª Isabel Martín Tola y Sofía Segura Núñez y por el actuante Miguel Ángel Diez a los trabajadores Germán Rodríguez Borlan y Oscar Matesanz Gutiérrez. Todos ellos manifiestan que el día anterior les han comunicado que debían incorporarse a las 11 horas de esa mañana, y que ahora les han mandado a comer porque luego deben incorporarse a sus puestos de trabajo en su turno. Los dos últimos de forma expresa ponen de manifiesto al actuante que han sido convocados para el desarrollo de actividades relativas al 'work place'.

En el interior de las instalaciones se señalan por los representes de CGT otros trabajadores que no están en sus puestos de trabajo habituales dentro de la cadena de montaje, identificándose por los actuantes a los siguientes:

1º.- Aníbal Da Silva Arenas que pone de manifiesto a los actuantes que se le ha cambiado el turno para toda la semana, y que además va a realizar horas extraordinarias por razón de absentismo, así durante toda la semana prestará servicio de 11 a 23 horas.

2°.- Alberto Criado Llórente que manifiesta ser Analista de tiempos y encontrarse realizando tareas propias de su actividad en la cadena. 3°.- Ismael Lavín Herrán que manifiesta ser Process&Quality y encontrase verificando unos pares de apriete. Por el representante de CGT se pone de manifiesto que no utiliza la llave de verificación sino la de ejecución de la tarea. Se da por concluida la visita a las instalaciones haciéndose entrega a la representación de la empresa de citación para comparecencia y aportación de la siguiente documentación: listado Código Seguro de Verificación E04799402-MI:kq84-gubX-ext6-i7zF-G Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es de trabajadores del turno de mañana de esa jornada, listado de trabajadores de otros turnos a los que se ha llamado para prestar servicios en el turno de mañana del día 15.

En fecha 17 de marzo la Sección Sindical de CGT pone demanifiesto en escrito dirigido a esta Inspección que en esa fecha tienen convocado igualmente huelga en idénticas condiciones que el día 15 y a las 11 horas de ese mismo día se han incorporado al menos tres trabajadores pertenecientes al turno de tarde.

El día 18 de marzo se recibe por correo electrónico el listado de trabajadores del turno de mañana del día 17 y el listado de los trabajadores presentes durante la visita que no pertenecían a dicho turno, se pone de manifiesto por escrito que éstos últimos, un total de seis, se encontraban realizando actividades, fuera de línea, planificadas con antelación y recogidas en el Master Plan de Work Place Organitation, destinadas al acondicionamiento de las líneas de cara al próximo Expansión Audit (auditoria de WCM). Comparece las empresa en las Oficinas de esta Inspección el día 21 de marzo de 2016, lo hace representada por Unai Sáez Prieto y Mª Jesús Martínez Tejedor que señalan que la plantilla de la empresa es muy ajustada por lo que resulta imposible cubrir los huecos dejados por los trabajadores que secundaron la huelga, y sobre todo es imposible porque desconocen a priori el nivel de seguimiento que la misma va a tener y por tanto el número teórico de trabajadores que deben llamar para efectuar tal sustitución.

Se comprometen a aportar documentación justificativa de la auditoría cuyas tareas preparatorias fueron a realizar los seis trabajadores identificados por la empresa (a los cuatro identificados por los actuantes fuera de las instalaciones cuando se dirigían al comedor, a los que ya se ha hecho referencia, se añaden: Javier Izquierdo Berdón y Rubén Hernández Álvarez). Reiteran que el trabajador Aníbal Da Silva Arenas, que es comodín, amplió su jornada durante toda la semana por razones de absentismo y no sustituyó a ningún trabajador huelguista. Finalmente señalan que las razones que justifican la presencia en la cadena de los trabajadores Ismael Lavín y Alberto Criado estaban directamente relacionadas con el desempeño de sus funciones y en ningún caso con la sustitución de trabajadores huelguistas. El primero se encontraba realizando una comprobación de la capacitación de la dinamométrica electrónica con control de par y trazabilidad a través de Tools Net en tiempo real, y emisión del ticket de conformidad de la operación de apriete. Mientras que Alberto criado estaba en línea comprobando la correcta aplicación del método definido en el sector 1 de bastidor, aprovechando que la producción tenía paradas debido a la huelga, revisaba el equilibrado de los puestos de dicho sector. Señalan que el seguimiento de los paros alcanza las 125 personas en los paros del día 15 y las 104 en los del 11, con el siguiente reparto por turnos: noche 1 ambos días, mañana 62 y 41 respectivamente y tarde 62 y 62. No se concretan por la empresa el impacto real de los paros en el nivel de producción, de forma directa en vehículos dejados de producir, o indirecta vehículos que han precisado revisión con posterioridad por no haber sido conformes. En fecha 16 de junio y durante el turno de tarde se gira por el actuante nueva visita de inspección al centro de trabajo de la empresa con el objeto de entrevistar a una serie de trabajadores, de entre los seleccionados por el actuante se pone de manifiesto por la empresa que el trabajador Rubén Hernández Álvarez se encuentra de turno de mañana, el trabajador Ramsés Vaquero se encuentra de baja y que Ismael Lavín está realizando un curso.

Se mantiene entrevista con Alberto Criado que manifiesta ser analista de tiempos del Grupo Integrado de Bastidor. Al ser preguntado por las tareas desarrolladas en la cadena el día 15 de marzo en el momento en que fue identificado por el actuante, y en concreto si realizó tareas sustituyendo algún operario que secundase el paro, pone de manifiesto que es conocedor del contenido de todos los puestos de trabajo de su unidad, pero no tiene la destreza suficiente como para ejecutarlos de forma adecuada, la razón de su presencia en la cadena no es sino que se encontraba explicando a los operarios que realizaban funciones que no son las suyas como realizar su trabajo y supervisando que todos los operarios realizaban las tareas de formas apropiada. Manifiesta desconocer si los operarios incorporados esa mañana a ese punto de la línea son comodines o no y su turno de trabajo habitual.

Estas manifestaciones no son coincidentes con las funciones que por la empresa se manifestó se encontraba realizando. Se mantiene entrevista con una de las dos trabajadoras que fueron identificadas con ocasión de la primera de las visitas de inspección por los actuantes que niega haber efectuado los días de huelga trabajo alguno en la cadena de montaje fuera de las realizadas en su turno de trabajo ordinario, las horas realizadas fuera de su jornada ordinaria el día 15 de marzo fueron de preparación de la auditoría y no trabajos directos de producción.

Se mantiene finalmente entrevista con el trabajador Santiago García Arroyo que manifiesta haber prestado servicios el día 15 y efectuado paro el día 17, en la primera de estas fechas pone de manifiesto que en su unidad, la Jefa de la misma se puso a hacer el puesto de uno de los trabajadores que habían secundado el paro, pero reconoce que después de un tiempo tuvo que dejarlo porque no podía hacerlo de forma adecuada debido a la fuerza física que exige su desempeño, en su unidad se sustituyeron todos los puestos de los compañeros que habían secundado el paro, había gente de otros departamentos y mandos. Se concierta entrevista con Ismael Lavín, que comparece en las Oficinas de la Inspección el día 21 de junio de 2016, pone de manifiesto que su presencia en la cadena de montaje en el momento de la visita de inspección se debe a que fue llamado porque estaba produciéndose un problema al no salir el tiket de verificación de realización correcta del par de apriete del puesto en que se encontraba en el momento de ser identificado por la Inspección. La persona que estaba efectuando el puesto de trabajo no era la habitual y estaba produciéndose este fallo, acude a la cadena para verificar que se produce el ajuste correctamente, para hacerlo puede utilizar la llave de verificación o la herramienta de trabajo que se utiliza en el apriete, admite que pudiese estar utilizando ésta pero niega que sustituyese a un trabajador huelguista en su puesto de trabajo.

No se ha podido acreditar que la presencia de trabajadores a los que se ha ampliado jornada (los actuantes comprobaron de forma directa la presencia de 4, la empresa reconoce la presencia de 6) lo haya sido para sustituir y evitar el impacto de la huelga en la producción final. Si se ha constatado, de forma directa durante la visita de inspección, o a través de testimonios, la presencia en la cadena de montaje de mandos y personal de estructura haciendo funciones correspondientes a puestos de trabajo de operarios que secundaron la huelga o supervisando el correcto desempeño de otros trabajadores que no ocupaban sus puestos de trabajo habituales, y todo ello no puede tener otro oblato que minimizar el impacto de la huelga en la producción final.

El acta establece las siguientes conclusiones:

«De las actuaciones practicadas se deriva la comprobación, de forma directa durante la visita de inspección, o a través de testimonios, la presencia en la cadena de montaje de mandos y personal de estructura haciendo funciones correspondientes a puestos de trabajo de operarios que secundaron la huelga o supervisando el correcto desempeño de otros trabajadores que no ocupaban sus puestos de trabajo habituales, con la finalidad de minimizar el impacto de la huelga en la producción final de la jornada. Tal actuación tendente a minimizar el efecto del ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores resulta contrario a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en los términos que ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional en los términos ya señalados».

Por otra parte, el TSJ desestima el recurso interpuesto por el letrado de CGT, QUE solicitaba añadir un texto en el que se dijera que el importe total de los salarios descontados a los trabajadores huelguistas ascendió a 4.753,46 euros. "Si bien este motivo de suplicación debe ser rechazado por cuanto, aunque el hecho se admita, como se verá, el citado hecho no es relevante al no alterar el sentido del fallo", falla la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Contra este fallo de 9 de octubre, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina.


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