Edificio conocido como la Perla Negra. Foto: úC
Edificio conocido como la Perla Negra. Foto: úC

“Los componentes de la mesa de contratación de la Agencia de Desarrollo (antigua ADE), José Antonio Mediavilla Martín (presidente) y Juan José García Arce (vocal de control de gasto), que prestaron declaración testifical ante el juzgado de Instrucción 2 el pasado 20 de abril, incurrieron en prevaricación al aprobar el alquiler con opción a compra del edificio de la Perla Negra por 100 millones pues, aún cuando propusieran la condición de ejercicio de la opción de compra supeditada a una tasación previa, lo que realmente suponía sobrecoste era el alquiler y no la opción de compra”.

Este es el párrafo inicial de la denuncia anónima a la que ha tenido acceso últimoCero y que se ha hecho llegar al juzgado que investiga la adquisición del edificio conocido como la Perla Negra.

La denuncia, que ya ha sido trasladada a las partes, pone sobre la mesa que “el precio propuesto de ejercicio de la opción de compra era de 34,9 millones, precio notablemente inferior al precio al que finalmente se compró 52 millones, y el precio del alquiler durante los 15 años previos al ejercicio de la opción era de 65,1 millones”. “Por tanto, los razonamientos que les llevaron a plantear un condicionado al precio de la opción de compra (tasación una vez concluido el edificio), con mucho mayor tuvieron que llevarles a desaconsejar el alquiler durante 15 años, pues el importe del arrendamiento era notablemente superior al de la compra, sin embargo, nada dijeron de éste y concluyeron adjudicando el contrato”, se dice en la denuncia en la que también se apunta que esa presunta “acción prevaricante” no es puntual, ya que los dos altos cargos señalados “tienen a su vez responsabilidades en la supervisión de actividades de la Agencia (ambos han sido en distintos momentos responsables de Auditoría Interna) y en ningún momento informaron a sus superiores del evidente sobrecoste del alquiler”.

“El vocal de control del gasto era a su vez el responsable de auditoría interna en el momento de celebrarse la mesa de contratación”, se subraya en la denuncia anónima antes de recordar que “tampoco se pronunció sobre el pago efectuado a Unifica Servicios Integrales, sin cobertura contractual alguna y cuyo elevado importe es imposible que pasara desapercibido a un muestreo de auditoría”.

En la denuncia también se les imputa un posible delito de “perjurio” al haber declarado ya en el juzgado que habían informado a sus superiores cuando “el cauce de comunicación habitual (los informes periódicos de auditoría interna) nunca incluyeron el menor atisbo de irregularidad en dicha operación”.

Según los denunciantes, en la citada operación “se limitó ilegalmente el plazo de presentación de ofertas al aplicar la Ley de Contratos en lugar de la de Patrimonio; se comunicó anticipada e ilegalmente a la única adjudicataria las condiciones del pliego”; “se sustituyeron claros textos legales por la voluntad arbitraria de quienes decidían alegando ‘ignorancia técnica y obediencia a las instrucciones recibidas” y, por último “hubo connivencia con la empresa adjudicataria Urban, pues solo así puede entenderse que renunciara a un contrato de arrendamiento de 100 millones por otro de venta por casi la mitad (52 millones)”.

Además de dejar claro que a su entender los denunciados “actuaron de forma intencionada” cuando “prevaricaron”, en esta nueva denuncia se indica que “los componentes de la mesa de contratación actuaron como inductores o cooperadores necesarios del resto de los delitos económicos investigados por el juzgado, pues la actuación de la misma, adjudicando un contrato de arrendamiento por 100 millones de euros, permitió que la posterior compra por 52 millones, fuese tomada como un ahorro para la comunidad autónoma, según refleja el diario de sesiones de las Cortes de 31 de marzo de 2009, en la comparecencia de la entonces viceconsejera de Economía, Begoña Hernández”.

La denuncia también apunta un presunto delito de cohecho, en el que la dádiva recibida sería “el mantenimiento en puestos de alta retribución por parte de los denunciados, cuando incumplen los requisitos para el acceso a los mismos”.

Y es que también se sostiene que los nombramientos tanto del que fue presidente de la mesa de contratación, José Antonio Mediavilla Martín, como de Juan José García Arce, que actuó como vocal de control de gasto, “son ilegales”, ya que, al igual que ocurre con la también investigada letrada de la Agencia, Pilar Manteca Barrio. “Los denunciados no han superado ninguna oposición, concurso-oposición, ni concurso abierto a otras administraciones para acceder a su puesto de trabajo y pese a ello han sido asignados directamente como auditores internos los dos primeros y como letrada en el último caso, manteniéndose de forma continuada en el cargo”.

En la denuncia se indica que esta proceder irregular alcanzó su “clímax” con “el nombramiento, por parte del equipo de la consejera de economía y Hacienda Pilar del Olmo, de Juan José García Arce como secretario general de la Agencia”.

“Respecto a este último nombramiento puede probarse que el nombramiento de secretario general se hace, por parte del Director General, José María Ribot García, de manera directa, sin convocatoria ni proceso selectivo previo. De esta forma el equipo directivo de Pilar del Olmo premia, sin sustento legal alguno, a quien tan favorablemente para los investigados ha influido en la consumación del caso Perla Negra y terrenos de Portillo”, se concluye en la denuncia anónima que, además, incluye una propuesta de prueba a practicar por parte del Juzgado que investiga estos hechos.


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