Protesta de trabajadores de CGT en Iveco a las puertas de la factoría.
Protesta de trabajadores de CGT en Iveco a las puertas de la factoría.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso presentado por CGT contra Iveco España SL contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Valladolid, declarando la vulneración del derecho a la tutela de la libertad sindical y condenado a la empresa a indemnizar al sindicato en la cuantía de 3.000 euros por ocultar las horas extraordinarias realizadas.

La demanda fue presentada en nombre de la Confederación General del Trabajo(CGT) por Jose María Arranz Esteban, delegado sindical en Iveco desde marzo de 2015 y que el 20 de diciembre fue nombrado miembro del Comité de Empresa. el Ministrio Fiscal se adhirió a la demanda. El Juzgado de lo Social nº 2 absolvió a Iveco "de todas las pretensiones deducidas en su contra".

José María Arranz interpuso también en nombre de CGT recurso contra la empresa IVECO España SL contra sentencia en materia de derechos fundamentales 782/2016, dictada por el juzgado de lo social nº 2 de Valladolid, "declarando la vulneración del derecho a la tutela de la libertad sindical, condenando a la empresa a indemnizar al sindicato CGT en la cuantía de 3.000 euros".

El sindicato -al que se cita erróneamente en reiteradas ocasiones en el fallo de 9 de noviembre de 2017- solicitó al Departamento de Recursos Humanos mediante escrito fechado el 10 de marzo de 2015, información, entre otros particulares, sobre las horas extraordinarias realizadas desde el 1 de junio de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015.

El 15 de julio de 2015 dirigió una nueva solicitud de información a la empresa, sobre las horas extras realizadas desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2015.

Iveco, el 16 de octubre de 2015, entregó a la Sección Sindical, entre otros documentos, una relación de las horas extras que cada trabajador había hecho en el periodo de 1 de junio de 2014 a 28 de febrero de 2015.

El 10 de diciembre de 2015, CGT dirigió una nueva solicitud a Recursos Humanos de la compañía demanda para conocer las horas extraordinarias desde junio/14 a diciembre/15, "indicando expresamente que fueran detalladas por meses, ante la imposibilidad de efectuar el calculo anual de las horas extras realizadas por cada trabajador".

La Inspección de Trabajo, en fecha 1 de junio de 2016, ante el silencio de Iveco dirigió un requerimiento a la empresa a fin de que informara mensualmente a los representantes de los trabajadores de las horas extras realizadas.

La respuesta de la empresa (9 de junio de 2016) fue que en el periodo de 1 de marzo a 30 de junio de 2015 no se realizaron horas extraordinarias. Recursos Humanos entregó a la Sección sindical de CGT el 11 de noviembre de 2016 la relación de horas extras realizadas en total por cada uno de los trabajadores en el periodo de 1 de febrero a 30 de septiembre de 2016. El 23 de noviembre del mismo año facilitó entregó la relación de horas extras correspondientes al mes de octubre de 2016. El 25 de enero de 2017, el sindicato recibió la relación de los meses de noviembre y diciembre de 2016.

"La plantilla de la empresa demandada, en el centro de trabajo de Valladolid, ha estado incursa en varios ERTE, el Nº 14 desde 18 de agosto a 31 de octubre de 2014, el Nº 15 desde 1 de noviembre de 2014 a 31 de marzo de 2015, el Nº 16 desde 1 de abril a 31 de julio de 2015, y el Nº 17 desde 1 de septiembre de 2015 a 31 de enero de 2016", se recuerda.

"En el centro de trabajo de Valladolid", añade la Sala de lo Social del TSJ, "a tenor de la información contenida en el programa informático denominado “Visual Time”, utilizado en la empresa demandada para el registro y sistematización de las jornadas de trabajo, no se habrían realizado horas extraordinarias.”

La sentencia de 9 de noviembre de 2017, tras insistir en el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados por las empresas (sobre las horas extraordinarias con carácter mensual), en sus Fundamentos de Derecho, dice: "No parece necesaria argumentación adicional para comprender que el acceso a la información sobre el tiempo realmente trabajado (sin perjuicio del sigilo con que debe ser tratada) constituye un presupuesto para que pueda llevarse a cabo tan importante cometido, con independencia de las previsiones específicas existente en materia de horas extras, de trabajo a tiempo parcial o de otros sectores de actividad".

Y en el fallo se hace constar que "transcurren varios meses desde la petición hasta la contestación, vía requerimiento de inspección de trabajo, y siendo un derecho del sindicato integrante en su derecho a la información del ejercicio de libertad sindical, recibir la información sobre horas extra tal y como se ha expuesto, entendemos que sí es una actitud obstativa a tal ejercicio el dilatar durante un plazo que consideramos excesivo (transcurso de aproximadamente seis meses) y necesitando de la intervención de la inspección de trabajo para que la empresa cumplimente tal información. Por todo ello entendemos que sí existe una vulneración de su derecho a la tutela de la libertad sindical y por tanto debemos revocar la sentencia de instancia".

La última parte de la extensa sentencia se dedica a fijar la cuantía indemnizatoria: "Cuando se concreta la pretensión indemnizatoria del demandante a la reparación del daño moral, el Tribunal para cumplir con el deber de pronunciarse sobre la cuantía del daño, la puede determinar prudencialmente cuando, como acontece como regla tratándose de daños morales, la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización, y debiendo ser la indemnización fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño (arg. ex arts. 179.3 y 183.2 LRJS). Entendemos ajustada y proporcionada la solicitud de indemnización que se pide en demanda a los efectos de que con la misma no sólo se repara la situación anterior a la lesión sino que asimismo sirve para contribuir a la finalidad de prevenir el daño, por tanto se fija tal cuantía en 3.000 euros".


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