Concierto de Nacho Vegas en la edición 2017 del festival Sonorama de Aranda de Duero. FOTO: Jorge Ovelleiro
Concierto de Nacho Vegas en la edición 2017 del festival Sonorama de Aranda de Duero. FOTO: Jorge Ovelleiro

El grupo parlamentario Podemos Castilla y León ha registrado hoy un proposición no de ley para que la administración pública deje de contratar a los músicos e intérpretes de manera irregular y asuma un código de buenas prácticas. Esta propuesta pretende acabar con la figura del falso autónomo que se ha impuesto en el mundo cultural, por eso, piden a la Junta que asuma un código de buenas prácticas en base al elaborado por la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras para que la contratación sea laboral, no mercantil, y que controle que aquellas entidades privadas que hayan recibido dinero público para su actividad sigan también dicho código.

El mundo musical no se ha quedado atrás en cuento a la precarización progresiva que vienen sufriendo diferentes sectores en los últimos años, de la mano del resto de artes, lo que se suma a que en la mayor parte de los casos no han logrado una consideración laboral digna, amén de la situación profesional de técnicos y demás personal que hacen posible los espectáculos en directo más allá de sus intérpretes. Como respuesta, están empezando a proliferar los sindicatos musicales en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Valladolid, agrupados como Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, con el propósito de acabar con esta precariedad laboral, para lo que proponen la aplicación de su ‘Manual de buenas prácticas para la contratación en el sector musical’ que, entre otras entidades, ya ha asumido por los ayuntamientos de Barcelona o Madrid.

Los procuradores Carlos Chávez Muñoz, María José Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez denuncian con la PNL que ha registrado esta mañana la precariedad descarnada que sufre este colectivo artístico: “Cobrar en negro, no cotizar a la seguridad social, cachés que pueden depender incluso del número de bebidas que se venda durante el concierto, así como obligar a estar dado de alta como autónomo”, señalan en los antecedentes de su propuesta visibilizando parte de las condiciones que viven los músicos.

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“Contratar a un músico como autónomo, algo que es habitual en locales y festivales, puede ser un fraude de ley y una forma de rebajarle derechos laborales, y los tribunales ya lo han puesto de manifiesto en varias sentencias, pero si, encima, lo hace la administración, es algo intolerable”, afirmó el procurador Carlos Chávez, que ha mantenido un fluido contacto con integrantes del Sindicato de Música de Valladolid y la Asociación Musical Pucelana, además de representantes de la Unión Estatal, antes de presentar esta PNL.

Según los datos expuestos por la formación morada, la administración pública es el mayor contratador en un sector, el de la música popular, que en el año 2016 movió 224,5 millones de euros, de los cuales 7,1 millones, es decir, el 3,2 por ciento del total se facturaron en Castilla y León. Sin embargo, según datos de la unión de sindicatos musicales, casi el 100 por 100 de las contrataciones por parte de la administración pública es mercantil. Además, el 35,4 por ciento de los encuestados en dicho estudio puede obtener solamente una quinta parte de su sueldo de la música: el 57,6 por ciento gana menos de 10.000 euros anuales, el 27,6 tiene unas ganancias de entre 10.000 y 20.000 euros y solo un 14,8 por ciento gana más de 20.000 euros al año con la música.

“El hecho de que la mayoría de los contratos sean mercantiles, y no laborales como exige la ley, obliga a estos trabajadores a constituirse falsamente como autónomos, aun siendo su actividad intermitente, o a recurrir a una fórmula novedosa, controvertida y que roza la ilegalidad como es la de las cooperativas de facturación”, denuncian en su propuesta desde Podemos Castilla y León. “Esto dibuja un panorama en el sector de la música que, además de imposibilitar su profesionalización, lastra su crecimiento y, sobre todo, impide disfrutar de una dignidad mínima en las condiciones de trabajo”, concluyen.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PODEMOS CASTILLA Y LEÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Que elabore y aplique un Código de Buenas Prácticas en la contratación de actividades culturales, de aplicación en la administración de la Junta de Castilla y León, que tenga como base el "Manual de Buenas Prácticas" de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, así como otros posibles manuales de entidades artísticas de referencia.

2.- Que se establezca una mesa sectorial que permita la elaboración de ese Código de Buenas Prácticas de forma consensuada con los sectores culturales.

3.- Que fomente y controle que todos aquellos promotores culturales que organizan eventos con ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León utilicen el mencionado código en la contratación de artistas.

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