Sesión de la comisión de investigación sobre el no soterramiento celebrada hoy.
Sesión de la comisión de investigación sobre el no soterramiento celebrada hoy.

El PP está tratando de embarrar la Comisión de Investigación sobre el no soterramiento para tratar de eludir su responsabilidad en la fallida operación urbanística que, además de generar una deuda millonaria, ha conducido al banquillo de los acusados al ex alcalde, Javier León de la Riva, y dos de sus concejales, en el caso ‘comfort letters’.

“Lo que hemos visto hoy nos ha llegado a sorprender mucho. El PP ha llegado a insultar a algún miembro de la comisión e incluso se ha pedido a una técnica explicaciones sobre su adscripción política, si había formado parte de alguna lista electoral hace tiempo… Nos parece que son cuestiones que están fuera de lugar. No es necesario hacer ese tipo de preguntas o insinuaciones. Se ha llegado a decir que Saravia no podía estar presente porque había técnicos de urbanismo. Les he preguntado que si hubiera venido Baró, designado a dedo, hubieran tenido que salir de la sala ellos”, ha señalado la concejala de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, convencida de que “este tipo de actuaciones demuestran un mal estar y un mal hacer” por parte del PP.

Por su parte, el grupo municipal de Sí se Puede, ha lamentado que una vez más, el PP haya usado la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para tratar de inculpar a otros sin asumir sus responsabilidades desde el año 2003 y advierte del incremento de dudas en torno al papel desempeñado por el exasesor ferroviario, Carlos Baró.

La portavoz de Sí se Puede Valladolid, Charo Chávez, asegura tras la reunión de este jueves que los trabajadores que comparecen ante la Comisión dejan cada vez más claro que Carlos Baró, el asesor del ex alcalde que cobró más de 500.000 euros, fue una persona contratada dudosamente, que no dio explicaciones de su trabajo y que fue quien tomó todas las decisiones.

“Estaba en todo los órganos, no sabemos todavía si como representante o designado porque eso no se puede saber aún, pero está claro que tomó muchas decisiones sobre el modelo de ciudad: incluso daba las indicaciones de cómo tenía que ser el planeamiento y las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana”, apunta Charo Chávez.

En esta misma línea, detalla que los propios comparecientes reconocen la sorpresa que les causaba que un asesor externo liderara un proyecto de esa magnitud y tomara todas las decisiones sin que ellos, los funcionarios del propio Ayuntamiento, supieran cuáles eran realmente sus responsabilidades.

Por otro lado, la portavoz de Sí se Puede Valladolid asegura que en el transcurso de la Comisión de Investigación van quedado claras las diferentes posturas relacionadas con los objetivos de cada grupo y con las conclusiones “que cada uno tiene ya a priori obtenidas”.

“El PP está más empeñado en saber por qué no se ha hecho el soterramiento y en encontrar algún escollo que inculpe a otros para no asumir sus propias responsabilidades: esa ha sido la actuación con respecto al secretario del Ayuntamiento, sobre quien han vertido veladamente algunas acusaciones y sospechas que bien podrían haber llevado a un juzgado si tenían algo que decir, como bien les ha recordado el secretario”, critica Chávez.

Ciudadanos, por su parte, “trata de legitimar una postura política de apoyo a un soterramiento incluso aunque sea un proyecto fallido y que como estamos constatando, desde el principio ha sido irrealizable e inviable desde el punto de vista económico”.

Como si de otra comisión de investigación se tratara, al término de la reunión, el portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo, ha destacado que “funcionarios del Ayuntamiento reconocen que en el PGOU podría establecerse la solución del soterramiento pero el equipo de Gobierno no quiere”.

También ha querido destacar que, cuando se firmaron, “no se sabía muy bien lo que era una comfort letter” y que el propio secretario municipal “ha reconocido que muchas actuaciones realizadas en la operación fueron solicitadas por el Gobierno de la nación”.

“A partir de diciembre de 2016 nadie del equipo de Gobierno pidió apoyo o informe que respaldara el soterramiento. Creemos que la decisión ya estaba tomada”, ha indicado Martínez Bermejo.

Por su parte, Pilar Vicente, portavoz de Cs ha lamentado que “el Gobierno de Puente pudo haber exigido a Adif, de manera jurídica, que cumpliera con el soterramiento y no lo hizo”.

Según Pilar Vicente, el secretario municipal ha asegurado que el convenio de 2002 sí tenía un “vínculo jurídico” para que Adif cumpliera con el soterramiento, pero “los actuales regidores del Ayuntamiento no han querido llevar a los tribunales ese cumplimiento jurídico y con este nuevo convenio, lamentablemente, eso ya no se puede hacer”.

Así mismo, la portavoz de Cs también ha criticado, tras las declaraciones de los técnicos de hoy, que “Puente y Saravia no han estudiado posibles alternativas intermedias de soterramiento” y ha añadido que “se lo han jugado todo al, `todo o nada´, y nos hemos quedado sin nada”.

Además, Vicente también ha insistido en que se vuelva a llamar a comparecer a Carlos Baró, que ya rechazó comparecer en la Comisión, y es “una pieza clave”, porque según han vuelto a transmitir los comparecientes hoy, era “Carlos Baró quien hacía y deshacía”. Así mismo, ha sacado también como conclusión de la sesión de hoy, que el anterior equipo de Gobierno “iba a la deriva, pidiendo préstamos sin haber hecho si quiera los trabajos básicos previamente”.

La Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad cerrará el próximo 14 de diciembre la lista de comparecientes técnicos y comenzará a trabajar en la de representantes políticos.

Asimismo, se comenzará a trabajar sobre el listado de los políticos a quienes se llamará a comparecer ante la Comisión, se elaborará un calendario que facilite el trabajo de todos los miembros de la Comisión y se planteará de nuevo el funcionamiento de las comparecencias (la sesión de hoy se ha prolongado durante más de cuatro horas) con el fin de limitar las intervenciones y evitar así cualquier problema de compatibilidad con las agenda y trabajos de los miembros.

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