El ex alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez. Foto Carlos Arranz
El ex alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez. Foto Carlos Arranz

El próximo 6 de enero, el ex alcalde de Arroyo de la Encomienda, el principal condenado en el mayor caso de corrupción urbanística de la provincia de Valladolid juzgado hasta el momento, recibirá como ‘regalo’ su licenciamiento definitivo.

Así lo ha aprobado la Audiencia Provincial en una providencia fechada el pasado 22 de noviembre en la que se acuerda dar por cumplida la pena de cárcel impuesta al ex alcalde y a la que ha tenido acceso últimoCero en fuentes del caso.

José Manuel Méndez, a quien ya se puede ver por las calles de Valladolid, ya que se encuentra en libertad condicional desde el 27 de abril de este mismo año, habrá cumplido una condena de 1.095 días el próximo día de Reyes.

El ex alcalde de Arroyo fue condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid el 22 de noviembre de 2013 a 8 años de inhabilitación especial para el empleo público o cargo público por un delito de prevaricación y a la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, multa de 132.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 370 euros o fracción impagados, e inhabilitación especial para el empleo público o cargo público durante 8 años, por otro de cohecho.

Al igual que ocurrió con el ex concejal del PP, ex diputado y ex presidente de la Comisión provincial de Urbanismo, Jesús García Galván, también acusado en este juicio, Méndez resultó absuelto de otro delito de cohecho en relación con la entrega de 30 millones por parte de la constructora Mahía, por prescripción de dicha infracción penal.

No obstante, el apartado III de los Hechos Probados de la sentencia que describía este apartado fue demoledor:

"Así José Manuel Méndez Freijo recibió de Ramón López Casal, como representante de Mahía Grupo Inmobiliario SL, la cantidad de 30 millones de las antiguas pesetas, en efectivo, suscribiendo a tal efecto el documento de 5 de mayo de 2001 en el que interviene el Sr. Méndez Freijo, en nombre propio. Dicho documento indica que se le entrega esa cantidad en calidad de préstamo y que su importe se reintegrará a Mahía Grupo Inmobiliario en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de firma del presente contrato.

El destino de ese dinero era pagar el descubierto de la póliza de crédito nº 000.757 que Recreativos Dema SA había contratado con Caja España el 7 de mayo de 1998, ante la mala situación económica que atravesaba aquella mercantil. El día 7 de mayo de 2001, José Manuel Méndez Freijo, con ese dinero, canceló la mencionada deuda realizando un ingreso total de treinta millones cuatrocientas treinta y ocho mil trescientas diez pesetas.

Pero ese denominado préstamo en realidad fue un regalo pues no consta fuera devuelto a Mahía ni reclamado por dicha sociedad. En los ejercicios anuales de las cuentas de Mahía de los años 2004 y 2005, debidamente auditadas, figura en el apartado “otros créditos”, es decir: sin intereses, por el plazo de 1 año y prorrogable tácitamente a su vencimiento y como préstamo sin devolver.

Mediante dicha operación se inició una vinculación entre José Manuel Méndez Freijo y Ramón López Casal para favorecer los intereses urbanísticos de Mahía en el municipio de Arroyo de la Encomienda.

El origen del caso Arroyo se encuentra en una información publicada por el periodista Jorge Moreno publicada en 'El Norte de Castilla' el 13 de mayo de 2006 (páginas 4 y 5: "La recalificación del Sector 9"). Este artículo es el primer documento que aparecía en el tercer folio del tomo 1 de las Diligencias Previas del 'Caso Arroyo', con el que se formó un sumario de más de 7.000 folios y 8 legajos. Aquella noticia sobre la recalificación de un terreno catalogado como industrial en suelo residencial, que era propiedad de la Constructora Mahía Grupo Inmobiliario SL, en el que el Ayuntamiento de Arroyo autorizó en 2005 edificar 2.984 viviendas, y otras muchas que siguieron a la del 13 de mayo de 2006, fue el origen de un procedimiento que acabó con el ex alcalde en la cárcel, así como con el responsable de la constructora Mahía, Ramón López Casal, condenado a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como inductor de un delito de prevaricación. Además, se le condenó a 3 años de cárcel como autor de un delito de cohecho, así como al pago de una multa de 132.000 euros. También en este caso López Casal se libró de la condena por dos delitos de cohecho por prescripción del delito".

El tercer condenado en esta causa fue el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, como cooperador necesario de un delito de prevaricación: 7 años de inhabilitación especial para el empleo público.

El resto de acusados resultaron absueltos. Es el caso de María Iluminada Miguel Fernández, hija del ex diputado provincial Dionisio Miguel Recio, y del socio del al alcalde de Arroyo, José Presas Zobra.


Contenidos relacionados:

Solo tu puedes impedir que esto se acabe

Compártelo, apoya el proyecto

ÚltimoCero | Hazte cómplice HAZTE CÓMPLICE

No hay comentarios