Miguel Ángel Ceballos y Luis Oviedo, de Ecologistas en Acción, muestran la sentencia. Foto: úC
Miguel Ángel Ceballos y Luis Oviedo, de Ecologistas en Acción, muestran la sentencia. Foto: úC

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha vuelto a tumbar por segunda vez el Consejo Regional de Medio Ambiente, el órgano consultivo creado por la Junta para dar una apariencia de participación ciudadana con un órgano y que sin embargo fue modificado para todo lo contrario: garantizar su docilidad e inoperancia.

Así lo ha denunciado hoy Ecologistas en Acción, que ha vuelto a ganar otra batalla judicial a la Junta y esta vez no por una cuestión formal, como en la anterior ocasión referida a esta cuestión, sino por entrar en el fondo del asunto:

Según detalla la sentencia, “el número de miembros del nuevo Consejo se aumentó de los ya excesivos 37 hasta 41, incrementando los altos cargos y funcionarios de la Junta de Castilla y León de 17 a 19 y las vocalías de libre designación por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 3 a 4, inundando así el supuesto órgano de participación social de políticos y funcionarios sin más función que votar lo que indique en cada caso la Presidencia”, indica Ecologistas.

En esta ocasión el Tribunal deja sin efecto la composición del Consejo y de sus Comisiones de Pesca, de Caza y de Montes, considerando que “hay una desproporción entre los representantes de la Administración en el Consejo Regional y los representantes de lo que hemos denominado sociedad civil”, destacando también “la escasa representación de las asociaciones y organizaciones medioambientales en relación al resto de los representantes de otros sectores de la sociedad cuyos fines son más generales y amplios”.

“En este magma de políticos y funcionarios de libre designación, los representantes de las asociaciones medioambientales se limitaron a 2 de 41 miembros, frente a los 3 anteriores o los 5 que tienen por ejemplo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente estatal, integrado por sólo 15 miembros y en el que el único cargo de la Administración es la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que lo preside, y que la sentencia utiliza también como referencia de una composición más razonable”, recuerda Ecologistas, organización partidaria de que se reproduzca la composición fijada en el órgano nacional.

Al respecto, la sentencia señala a la vista del supuesto “objetivo de reducir el número de órganos de participación y así dotar de mayor racionalidad al sistema de participación de los ciudadanos en materia de medio ambiente” invocado por la Junta “que lo que no es posible es que como consecuencia de esta nueva norma (el Decreto 1/2017) los ciudadanos tengan menor participación en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente”.

Tras comprobar que la representación previa de las distintas Administraciones “se mantiene en términos generales, mientras que la representación de la llamada sociedad civil se ve suprimida o reducida”, señala que “no cabe acudir al argumento de racionalización y reducción de los órganos de participación, que es el principal argumento utilizado en la contestación a la demanda, porque de ser así, esa racionalización y reducción afectaría a todos los miembros que componen los órganos de participación, lo cual no se ha producido”.

La sentencia concluye que “la composición del Consejo Regional de Medio Ambiente en Castilla y León infringe el derecho de participación”, anulando la composición del Pleno y de sus Comisiones, por vulnerar los artículos 9.2, 45 y 105.a) de la Constitución Española, la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio y el Convenio de Aarhus de Naciones Unidas sobre acceso a la información, participación del público y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ratificado por España y por la Unión Europea.

Tras este nuevo “revolcón judicial”, Ecologistas en Acción exige al Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que cree un verdadero órgano de participación social sobre medio ambiente, sin presencia de altos cargos y con una estructura y funcionamiento operativos, que permita asesorar realmente las políticas ambientales de su Gobierno, tal y como han reclamado las organizaciones ambientales de ámbito estatal Amigos de la Tierra, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología y WWF España, así como distintas asociaciones regionales y locales de Castilla y León.

“Nosotros queremos que cambie esa composición pero en caso contrario nos podríamos plantear impugnar normas que ya están aprobadas por haber sido informadas por un organismo que no estaba funcionando de forma legal”, ha advertido en rueda de prensa el responsable de Ecologistas, Miguel Ángel Ceballos.

No es el único caso

Otras muestras del particular concepto de participación del Gobierno regional son los casi cuatro años transcurridos sin constituirse el Foro de Participación Social previsto en el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, los catorce años (desde diciembre de 2004) que lleva sin convocarse la Comisión Técnica de Vigilancia y Control del vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) o la reiterada exclusión de las asociaciones medioambientales de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria.


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