el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL
el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL

El Comisionado de la Transparencia, mediante su resolución 127/2017 ha obligado al Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, a entregar el estado de las relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de la Administración Autonómica a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la que forman parte todos los sindicatos.

Esta resolución se produce “ante el ninguneo y las reiteradas negativas de los responsables de Función Pública de la Junta de Castilla y León a facilitar el estado de ocupación de los puestos de trabajo de los funcionarios de Castilla y León”. Ante esa negativa, “a los representantes laborales de los funcionarios no les quedó más remedio que acudir al amparo del Comisionado de la Transparencia (cuyas resoluciones son ejecutivas) para obtener el derecho continuamente denegado por la Consejería de Presidencia”.

Los sindicatos recuerdan que “el Estatuto Básico del Empleado Público establece el derecho de los representantes de los funcionarios a conocer el estado y la forma de ocupación de las plazas de trabajo de los funcionarios”. “Se trata de un derecho básico y elemental de los funcionarios, y que recoge la normativa legal, pero que en la Junta de Castilla y León se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados por sus dirigentes. Pero gracias al empeño de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales, aunque un año mas tarde, este órgano de representación de los Funcionarios ha conseguido que el Comisionado de la Transparencia obligue al Consejero de Presidencia a entregarles la llave de sus secretos”.

Las organizaciones sindicales que conforman la Junta de Personal, que piden una reflexión a los empleados públicos de la Junta sobre por qué el Consejero de la Presidencia ha intentado ocultar esta información, consideran “muy triste” que los representantes de los funcionarios tengan que acudir a los mecanismos legales existentes para conseguir los derechos que la Ley les ampara. “La información es un derecho no un privilegio, y cuando no se quiere facilitar es porque algo se quiere ocultar”, afirman.

Y no es de extrañar. Conocer las relaciones de puesto de trabajo que con tanto celo guarda el consejero de la Presidencia permite confirmar casos lacerantes: “Por ejemplo, hay funcionarios que llevan ocupando durante 15 años un puesto de libre designación bajo la modalidad de una comisión de servicios. Cuando el artículo 56 de la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León, establece claramente que una Comisión de Servicios es un sistema de provisión de carácter temporal, cuando únicamente haya razones de urgencia o de inaplazable necesidad. Es evidente que en el plazo de 15 de años, la urgencia o la inaplazable necesidad ha desaparecido, y lo que se produce es un fraude de Ley, y por supuesto, una situación de clientelismo y amiguismo que es contraria a uno de los pilares básicos de los funcionarios, la independencia”, denuncia la Junta de Personal.

Una vez obtenida la información , los sindicatos animan a los empleados públicos a que contacten con ellos si quieren conocer el estado de alguna RPT en concreto. “El estado de un puesto de trabajo de un funcionario es una información pública y todos tenemos derecho a conocerla”, afirman tras haber logrado el pronunciamiento del Comisionado de la Transparencia para que el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, deje de actuar a su antojo.


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