Vista de Valladolid desde el vertedero. Foto: Ventanas al pensamiento
Vista de Valladolid desde el vertedero. Foto: Ventanas al pensamiento

Ecologistas en Acción de Valladolid no comparte la necesidad, anunciada por el Ayuntamiento de Valladolid, de "adjudicar a finales de año, con una inversión estimada de 42 millones de euros, la explotación y puesta al día del centro de tratamiento de residuos (CTR)", que ahora está en manos de una Unión Temporal de empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Zarzuela, S.A.., y por ello propone que la gestión de los residuos urbanos, el vertedero municipal y el tratamiento de sus lixiviados sean asumidos directamente por el consistorio vallisoletano.

Ecologistas, que entiende que “son otras las necesidades” del Ayuntamiento, hace varias propuestas sobre la mejora del tratamiento de los residuos urbanos.

En primer lugar estima necesaria una evaluación previa de la actual concesión de la gestión de la planta municipal que pasa por realizar “una auditoría de la situación de la planta e incrementar la transparencia en el acceso a sus resultados de publicando en la web municipal todos los datos sobre la materia tratada (balance de entradas y salidas) y lixiviados generados y tratados en los últimos 5 años”.

El funcionamiento del CTR, del vertedero y de la planta de tratamiento de lixiviados (PTL), gestionado todo ello por la UTE FCC-Zarzuela durante 16 años, presenta “resultados deficientes”, según Ecologistas: una baja tasa de recuperación de solo el 8,86%, dificultad para generar compost, y el vertido del 80% de la materia tratada en el vertedero, generando problemas de mal olor, dispersión de residuos volados y una alta generación de lixiviados con serios problemas de tratamiento.

Es urgente revertir estos malos resultados no achacables solo a que la planta ha llegado al final de su vida útil técnica, sino causados también por su modelo de gestión. Por ello, antes de que el Ayuntamiento defina un anteproyecto para la reforma tecnológica de la planta es preciso hacer un análisis riguroso de los resultados obtenidos con el actual modelo de gestión privada mediante informes de su situación económica y el balance de gestión de los últimos ejercicios que pasa por una auditoría económico-financiera de su estado. Esta auditoría debe ser previa a la redacción y exposición del anteproyecto de reforma para definir correctamente los términos, tanto técnicos como económico-financieros, de la adecuación realmente necesaria, reforma que no puede limitarse a los aspectos técnicos sino que debe vincularse a una nueva etapa de gestión municipal directa, con la mejor tecnología disponible, que garantice tanto la mejora de su eficiencia como el cumplimiento de los objetivos de recuperación que marca la legislación europea al Ayuntamiento de Valladolid”, sostiene el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos.

En segundo lugar, apuntan que a la vista de los resultados de la auditoría, es necesaria una evaluación rigurosa de los diferentes modelos de gestión del CTR y proponen abrir “un periodo de debate y análisis sobre el modelo de gestión del tratamiento de los residuos municipales, aplazando la decisión de licitar una nueva concesión del servicio de gestión del CTR”.

“El anuncio de la redacción de un anteproyecto de reforma se vincula a una concesión de servicio público durante 15 años, dando por asumida una necesidad técnica sin haber justificado las razones por las que se considera como mejor opción reiterar una gestión indirecta a través de una concesión del servicio”, denuncia Ecologistas.

Repetir la concesión de un servicio público de competencia municipal -es la única competencia de las citadas en el art. 25 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que está externalizada: (Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales) “supone dar continuidad a un modelo fallido que no ha mejorado los resultados en reducción de uso del vertedero o aumento de la eficiencia ambiental de la planta. Resulta muy inoportuno tomar en el último año de legislatura una decisión de este calado, siendo acertado aplazar esta decisión para abrir un periodo de análisis sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda asumir en el futuro su gestión directa”, entiende la organización.

El periodo de debate y análisis sobre el modelo de gestión de los residuos solicitado entienden que “es compatible con la continuidad del actual servicio, pese al vencimiento de la concesión en diciembre de 2018”. Para ello proponen licitar un contrato de servicios para la gestión del CTR, del vertedero y de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) durante un máximo de dos años. “Este tipo de contrato no condiciona en un futuro próximo una gestión directa de la planta de tratamiento y vertedero y permite un mayor grado de control en la ejecución y garantiza el servicio durante el periodo de análisis que se solicita. A diferencia de la concesión del servicio, donde el concesionario actúa sustituyendo al Ayuntamiento asumiendo la inversión y el riesgo operacional, en el contrato de servicios el contratista se limita a realizar su trabajo como instrumento auxiliar en la prestación del servicio, permitiendo en todo caso la subrogación de la actual plantilla. Esta opción mantiene el funcionamiento del CTR durante un periodo transitorio, a caballo entre dos legislaturas, que permite el análisis y definición del nuevo modelo de gestión, a la vez que libera al Ayuntamiento del actual marco tarifario, vinculado al contrato de concesión vigente”, sostiene Ecologistas.

En tercer lugar, Ecologistas en Acción considera imprescindibles intervenciones inmediatas, “que no pueden esperar al cambio de modelo de gestión”, para mejorar el tratamiento de lixiviados, la gestión del vertedero y el sistema tarifario.

Con fecha 16 de septiembre de 1999 el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó las obras de la Planta de Recuperación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos a la U.T.E. formada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Agua y Medio Ambiente, S.A. y Zarzuela, S.A. comenzando las obras en noviembre del mismo año. La adjudicación incluía el proyecto, la construcción y 15 años de explotación. Las planta se inauguró el 28 de enero de 2002, fecha en la que comenzó el periodo de explotación.

El presupuesto de adjudicación fue de 3.639.588.827 pesetas, con un plazo de ejecución final de 25 meses. La financiación de dicho importe corrió a cargo de la Unión Europea a través de los Fondos de Cohesión, del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León.

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