El portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo. Foto: Gaspar Francés
El portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo. Foto: Gaspar Francés

El contrato que el concejal de Hacienda, Antonio Gato, firmó a su cuñada para trabajar en el Área de Medio Ambiente municipal ha acabado en los tribunales. El PP ha presentado ahora denuncia por prevaricación contra el alcalde por no haber expedientado a su concejal por la irregularidad. La denuncia, según el alcalde, llega tres días tarde, ya que él mismo firmó el pasado día 18 de junio el decreto en el que se solicita su inicio.

Este ‘detalle’, no parece haber importado al PP, que mantiene la validez de su denuncia ante los tribunales al entender que «lo que se ha presentado este lunes por parte de Puente no es la incoación de un procedimiento sancionador, es una especie de patada hacia adelante del alcalde porque lleva fecha de 18 de junio, pero no se identifica al presunto sancionado e incumple la orden de que vaya con firma digital».

Para el alcalde, sin embargo, este es otro capítulo más en el que el PP se empeña en patinar. “Quieren ir a por lana pero lo mismo salen trasquilados”, ha llegado a apuntar.

Lo cierto es que este caso, que fue desvelado el 30 de junio de 2016 por últimoCero cuando publicó que Gato, pese a su deber de abstención, había firmado el contrato de trabajo de una familiar, acabará siendo resuelto por un juzgado más de dos años después de su firma.

En su denuncia, los concejales del PP se preguntan los motivos por los cuales Puente no ha querido expedientar a Antonio Gato como incluso ha llegado a proponer el Procurador del Común en una resolución que atendía la queja de los populares: “La respuesta es sencilla: consideramos que la apertura del expediente pudiera conllevar de forma altamente probable con la imposición de sanción al señor Gato Casado, a la sazón concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica. Esta sanción supondría el cese de una persona de la máxima confianza política del señor Puente Santiago, además de un importante descrédito y desgaste político del Gobierno Municipal”.

Para el PP este es un caso evidente de prevaricación por omisión.

En su denuncia, los concejales del PP incluyen todas las peticiones de información que de forma reiterada han solicitado al alcalde sobre este proceso de contratación en el que Puente entiende que Gato solo participó de forma tangencial. Todas ellas han sido atendidas por la alcaldía, aunque finalmente, la interposición de la denuncia el pasado 21 de junio, se ha producido 3 días después de que el alcalde firmara el decreto en el que se ordena abrir el expediente sancionador al concejal de Hacienda, como reclamaba el PP.


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