Los acusados con sus abogados en la primera sesión del juicio por el Caso PGOU. Foto: Gaspar Francés
Los acusados con sus abogados en la primera sesión del juicio por el Caso PGOU. Foto: Gaspar Francés

Los hechos ocurrieron en 2003, se denunciaron por el PSOE en 2008, y hoy, 15 años después, ha comenzado el juicio del denominado caso PGOU, que sienta en el banquillo a la cúpula del departamento de Urbanismo municipal de la última época del PP de Javier León de la Riva, así como a empresarios supuestamente beneficiados por las modificaciones irregulares que se introdujeron en el principal instrumento de planificación urbanística de la ciudad, de espaldas al pleno municipal.

En total, 14 acusados, con el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca a la cabeza para quien la Fiscalía de Valladolid solicita inicialmente una pena de cuatro años de prisión y más de 40 de inhabilitación al considerarle autor de cuatro delitos de prevaricación, otro de falsedad y uno más contra el patrimonio. Junto a él, se han sentado hoy el arquitecto Luis Álvarez Aller y el ex jefe del área de Urbanismo, Modesto Mezquita, para quienes el Fiscal también solicita idéntica pena de prisión. Para otro de los acusados, el ex jefe del servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, también se solicitan cuatro años de prisión, aunque en este caso como responsable de un delito de falsedad y dos más de prevaricación.

Las defensas de todos ellos han sido hoy las primeras en plantear las cuestiones previas y todas han encontrado una coartada perfecta en los 10 años de larga y “caótica” instrucción, cuyas irregularidades han sido denunciadas con reiteración para solicitar la nulidad del juicio que acaba de comenzar y que, inicialmente, está previsto que dure dos meses.

Todos los abogados que han intervenido en la primera sesión han coincidido en apuntar que se han vulnerado derechos fundamentales de sus representados llegando a indicar todos ellos que no han tenido acceso a toda la documentación que compone la causa y que por no tener, no han tenido ni acceso al principal documento de este sumario: el PGOU que se modificó irregularmente.

“Solo hemos tenido acceso al 50% del volumen documental de toda la causa. Esto es un auténtico desgobierno y un palmario motivo de nulidad”, ha señalado el letrado del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, que también ha relatado hasta cuatro intentos fallidos para intentar solventar este error y ha apuntado la “distracción” durante al menos dos años de un informe policial clave en la instrucción.

Todos los abogados de los acusados han coincidido al apuntar el trato distinto dado a las acusaciones del caso (Ministerio Fiscal y Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado), ya que éstas sí que han tenido acceso a todos los documentos que componen el sumario de la causa.

También todos los letrados han apuntado como causa de nulidad la prescripción de los delitos que se imputan a sus representados.

En el caso del abogado del ex concejal de Urbanismo, García de Coca, se ha señalado que las dilaciones indebidas en el trámite de instrucción han provocado “un gravísimo perjuicio en la carrera docente y la salud personal” de su representado.

El representante legal del ex jefe del servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, ha llegado a solicitar en su intervención que sean los acusados los últimos en declarar durante el juicio, una vez practicadas las pruebas testificales y periciales.

“Esto no es una forma presentable de instruir una causa. Esto es un absoluto caos. Una cascada de deficiencias procesales”, ha dicho el abogado de uno de los empresarios acusados, Gonzalo Jolín, quejándose de que su cliente fuera llamado a declarar como testigo tres años después de que se interpusiera la primera denuncia.

Para el abogado de otro de los acusados, que también se ha referido a la instrucción de este caso como “un caos absoluto”, hay que “tener dotes de arqueológicas” para poder encontrar determinada documentación en el sumario. “Hay que poner el casco de minero”, llegó a indicar antes de apuntar, como el resto de los intervinientes, que todos los delitos de los que es acusado su cliente han prescrito.

El juicio continúa mañana con la presentación de las cuestiones previas por parte del resto de acusados.

La Fiscalía entiende que los acusados actuaron “en provecho de determinadas personas y empresarios, aprovechando el control que ejercían en el ámbito de la concejalía y el Área de Urbanismo”, procedieron a “manipular determinados artículos de la normativa y planos, para posibilitar a aquellos la obtención de un mayor rendimiento económico en sus actividades inmobiliarias”.

El escrito de la Fiscalía, también incluye peticiones de  dos años y medio de prisión a los empresarios Gonzalo Jolín, relacionado con una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes se señala como inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.


Noticias relacionadas:

El juicio del caso PGOU tiene fecha 15 años después: 18 de septiembre

Los vecinos piden seis años de carcel para el ex concejal de Urbanismo García de Coca en el Caso PGOU

OPINIÓN: La revisión del PGOU enseña la patita

El experto rampante

Un lobby inmobiliario mantiene secuestrada la revisión del PGOU

"La revisión del PGOU no puede ser cosa de un grupo de amigos"

Enfrentamiento entre el equipo redactor del PGOU y la Gerencia de Urbanismo

El 23 de octubre finalizan las deliberaciones del Caso PGOU

Demoledor argumentario de la Fiscalía para que el alcalde sea imputado en el caso PGOU

10 años del PGOU

Los vecinos piden la imputación del alcalde

El juez imputa en el caso PGOU a la cúpula legal y urbanística del Ayuntamiento y deja tocado al alcalde

Compártelo, apoya el proyecto

ÚltimoCero | Hazte cómplice HAZTE CÓMPLICE

No hay comentarios