Javier León, hoy, ante el tribunal del TSJ que resolverá el recurso contra su absolución en elc aso comfort letters. Foto: captura RTVCyL
Javier León, hoy, ante el tribunal del TSJ que resolverá el recurso contra su absolución en elc aso comfort letters. Foto: captura RTVCyL

El ex alcalde del PP de Valladolid, Javier León de la Riva, lo ha vuelto a hacer. Igual que ya ocurrió en el juicio en el que fue condenado por desobediente (caso áticos de la Plaza de Zorrilla) hoy, ante el TSJ, se ha vuelto a presentar como un ginecólogo que desconocía la trascendencia de los avales que firmó, sin los informes preceptivos y sin conocimiento del pleno, para poder volver a prometer el soterramiento ferroviario que fue incapaz de llevar a cabo en sus 20 años de mandato.

Así se ha puesto de manifiesto en la vista celebrada hoy en el Tribunal Superior de Justicia para resolver el recurso presentado por la Fiscalía contra la absolución decretada por la Audiencia Provincial de Valladolid para Javier León de la Riva y sus concejales de Urbanismo (Manuel Sánchez) y Hacienda (Alfredo Blanco) en el denominado como caso ‘Comfort Letters’.

Javier León, cabizbajo, en el banquillo junto a Manuel Sánchez y Alfredo Blanco. Foto: captura RTVCyL
Javier León, cabizbajo, en el banquillo junto a Manuel Sánchez y Alfredo Blanco. Foto: captura RTVCyL

Según reflejan los audios captados durante el juicio por la Cadena SER, Javier León de la Riva, que durante sus sucesivos mandatos presumió de ser un “buen gestor” y de conocer “todo lo que se movía en el Ayuntamiento”, ha vuelto a hacer uso de su derecho a la última palabra para insistir, una vez más, en la idea de que no sabía la trascendencia que tenía la firma de los avales bancarios que firmó y que de haber sido informados por la intervención municipal, no hubieran podido ser firmados, dado que en alguno de los casos se superaba el límite del endeudamiento municipal: “Me sorprende la insistencia del Ministerio Fiscal en que yo tenía que conocer lo que era una carta de conformidad cuando ni el secretario ni el interventor lo conocían. En todo caso es difícil justificar que el alcalde, ginecólogo de profesión, tenga que tener conocimientos jurídico-económicos que el interventor y el secretario han confesado que no tenían”.

Y es que, De la Riva, 30 años después de atender su último parto, ha tenido que escuchar hoy, otra vez, un demoledor informe final de la Fiscalía, en el que el Ministerio Público ha dado la vuelta a la argumentación utilizada por la Audiencia Provincial para justificar su absolución y la de sus concejales.

Según la fiscal, “la falsedad ha sido cometida de forma libre, voluntaria y consciente, sabiendo el contenido de lo que estaba firmando”. “No hace falta tener unos profundos conocimientos jurídicos para saber que en esos documentos se asume un compromiso económico próximo a los 80 millones. Es como si lo firma un particular al firmar el reconocimiento de una deuda. Es difícil pensar que no supiera lo que estaba haciendo”, ha sostenido la fiscal, que ha insistido en que “la no petición de informes se hizo de forma deliberada” y que por eso “prevaricó”.

El perjuicio (para el Ayuntamiento) ha sido potencial y grave. Luego Fomento asumió la deuda. El daño a la causa pública no tiene porqué ser evaluable económicamente. Es un daño a la causa pública en general”, ha sostenido en su informe final en el que ha reiterado “error en la valoración de la prueba, derivado de la insuficiencia de la motivación fáctica y de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas” e impugna el apartado de hechos probados “por omitirse en los mismos extremos relevantes que constan en los documentos que se mencionan en la sentencia, y contener alguna afirmación que se contradice con otros hechos probados, y con la documental que ha sido valorada”.

Según ha vuelto a recordar, en el fallo absolutorio, la Audiencia omitió determinadas frases de documentos que ponen de manifiesto que el ex alcalde y sus concejales, sí que sabían lo que hacían cuando firmaron esos avales a los bancos y su trascendencia. Otras omisiones, hacen referencia a correos que probarían que el concejal Alfredo Blanco sí que recibió información relativa a los acuerdos que se iban a adoptar en el seno de la sociedad Valladolid Alta Velocidad relativos a las cartas de conformidad.

“Ha de ponerse de manifiesto que la sentencia no razona, en esa valoración, los motivos que han llegado a otorgar un peso probatorio total a las manifestaciones exculpatorias de los acusados, frente a las pruebas de cargo, especialmente prueba documental que se ha practicado”, entiende la Fiscalía.

La Fiscalía solicita para el ex alcalde del PP en Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, 9 años de cárcel y 33 de inhabilitación por falsificación de documento y prevaricación. En el caso del concejal del PP Alfredo Blanco, ex responsable de la Concejalía de Hacienda, se piden 3 penas de ocho años de inhabilitación por prevaricación, idéntica condena que se solicita para el ex concejal de Urbanismo, Manuel Sánchez.


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