Javier León d ela Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez en el momento en el que abandonan el Palacio de Justicia tras la primera sesión del juicio que contra ellos se celebra en la Audiencia Provincial. Foto: últimoCero
Javier León d ela Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez en el momento en el que abandonan el Palacio de Justicia tras la primera sesión del juicio que contra ellos se celebró en la Audiencia Provincial. Foto: últimoCero

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la absolución del ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y sus dos concejales, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, en el caso comfort letters, los avales bancarios que firmó el primer edil por su cuenta y riesgo, sin los informes preceptivos y sin conocimiento del pleno para garantizar la operación ferroviaria del soterramiento que no se llegó a ejecutar.

En su fallo, el TSJ asume las tesis de la Audiencia Provincial, cree que relato del principal acusado, que se amparó en su condición de ginecólogo para desconocer la trascendencia de lo que firmaba y rechaza el recurso presentado por la Fiscalía Vallisoletana al considerar que “no es de extrañar que, con todas aquellas particularidades (las de las cartas de conformidad firmadas), una persona profana en derecho, como es el acusado, ignorase el alcance de lo que estaba firmando y, creyendo que se trataba de una simple recomendación, no considerase preciso someterlo al criterio de los órganos técnicos o de intervención del Consistorio, teniendo como tenía autorización del Pleno para firmar todas las escrituras, documentos y pólizas, en virtud de las facultades de representación de la Corporación municipal que como Alcalde tenía en la Sociedad VAV”.

Tampoco comparte la Sala la denunciada omisión que hace el recurso de las razones que llevaron a la Audiencia a estimar como probados los hechos que como tales describe en el correspondiente antecedente de la resolución, ni tampoco a entender insuficiente la valoración que se efectúa del material probatorio.

Según el TSJ, el fallo de la Audiencia evidencia “el rigor con el que se efectuó el análisis del material probatorio”. “Otra cosa es que pueda llegar a discreparse de la valoración efectuada, tal como se infiere del recurso, o que de las diligencias de prueba practicadas puedan llegar a extraerse otras conclusiones. Más lo que nos dice la sentencia, es que analizando el mismo de manera pormenorizada y rigurosa, no se ha podido llegar a la necesaria convicción para declarar la culpabilidad de los acusados. Y no siendo manifiestamente irrazonable tal conclusión, a ella debemos de atenernos, sin que sea dable sustituir aquella percepción por cualquier otra, toda vez que lo contrario supondría enmendar una valoración probatoria vinculada a los principios de contradicción e inmediación”.

De acuerdo con esa línea interpretativa, dice el TSJ, “no podríamos aunque quisiéramos, realizar una “nueva valoración fáctica si no (se) ha presenciado directamente la prueba y si no (se) ha permitido al acusado oír y estar presente en la realización de la prueba cuya revaloración pretende el recurso”.

Para el TSJ “tampoco queda probado –como pretendía la recurrente- que la sola presencia del acusado en los tres Consejos de Administración que precedieron a la suscripción de aquéllas sirvieran para proporcionarle una completa información acerca de la magnitud de la operación que se proponía, no siendo plausible la afirmación resaltada en el recurso de que firmó los documentos después de haberlos leído, porque el hecho de que la sentencia no declare probado en ningún momento que las cartas de compromiso fueron firmadas sin haberlas leído previamente no significa que las leyera”.

“En este sentido no parece compadecerse bien con la conducta delictiva que se atribuye al agente –y que en la página 20 del recurso se llega a tildar de oscurantista- el anuncio público que hizo de la misma a través de los medios de comunicación social de la ciudad, a través de la correspondiente rueda de prensa en la que narró los pormenores de la operación que se acababa de suscribir”, llega a indicar el TSJ, convencida la sala de que “es evidente que el acusado no trató de prevalerse de su posición de superioridad que le atribuía su condición de Alcalde, ni de sustituir por su mero capricho el actuar que debería de haber observado, ni ocasionó con ello el necesario perjuicio a los intereses generales que viene siendo exigido en este concreto delito”. “Ni hubo actuar arbitrario -no es la mera ilegalidad lo que sanciona el tipo, sino la arbitrariedad-, ni existió perjuicio -toda vez que la consecuencia mediata fue beneficiosa para la sociedad y la inmediata, consistente en la amortización del crédito que con las firmas de los documentos se obtuvo, no tuvo que efectuarlo el Consistorio sino, a la postre, el Ministerio de Fomento en su calidad de accionista mayoritario de la sociedad, tal y como ha resultado probado, ocasionando con ello el aquietamiento de la acusación particular ante la sentencia absolutoria que ahora se combate-“.

Es más, el TSJ asegura que “si se obvió el procedimiento fue en todo caso por ignorancia de lo que había de realizar, no existiendo, como no existe, indicio alguno de que la conducta del acusado fuese consciente, voluntaria y dirigida a quebrar la legalidad de manera arbitraria”.

En relación con los otros dos acusados, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, el TSJ también entiende que “tampoco ha quedado probado con la necesaria evidencia que su conducta pueda incardinarse en las formas de participación.

"Ni existe complicidad toda vez que no favorecieron la ejecución del actuar del primero de los acusados ni puede decirse que cooperasen con la conducta de aquél ni, por supuesto, que existiese un concierto de voluntades para llevar a cabo el resultado que se les imputa”, se indica.


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