El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha vuelto a declarar nulo de pleno derecho el Acuerdo 42/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, publicado en el BOCyL de 4 de septiembre de 2017. Según el tribunal, que esta vez da la razón al sindicato CGT ni se siguió el procedimiento ni se solicitaron los informes preceptivos lo que evidencia que se actuó con arbitrariedad en la Consejería de Presidencia que dirige José Antonio de Santiago-Juárez.

Este fallo, tercero en el que el TSJ se pronuncia en el mismo sentido tras haber dado la razón con idénticos argumentos a los letrados de la administración autonómica y a un grupo de funcionarios de la Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Administración, se ha conocido tan solo un día después de que la Junta haya anunciado de recurrir los fallos anteriores ante el Tribunal Supremo por entender que la cuestión solo se refiere a un defecto de forma.

En sus fallos, el TSJ indica que “cabe concluir, a la vista del expediente administrativo remitido, que tiene razón la parte recurrente cuando sostiene que el acuerdo impugnado carece de cualquier documentación técnica que justifique las decisiones que se adoptan en el Acuerdo impugnado: no hay estudios preparatorios o informes de los puestos de trabajo tipo, ni de los puestos de trabajo integrantes de las relaciones de puestos de trabajo preexistentes, ni de estas en su conjunto, no se especifican qué normas se tiene en cuenta para la clasificación y definición funcional de los puestos de trabajo, cuáles son los puestos que se consideran de idéntico contenido funcional, etc., que constituyan el soporte técnico necesario que justifique la ordenación decidida en el instrumento impugnado. En definitiva, no obran en el expediente administrativo los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al Acuerdo impugnado, por lo que se ha de entender que no existen”, se señala.

Es más, en alguna sentencia se especifica que “en el propio oficio de 23 de febrero de 2018 del jefe de Servicio de Acceso, Provisión y Relaciones de Puestos de Trabajo se reconoce que el estudio o examen de los puestos integrantes de las relaciones de puestos de trabajo no está documentado; por tanto, se desconoce qué ha llevado, primero a la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto a proponer y, después, a la Junta de Castilla y León a aprobar el Catálogo de los puestos tipo en los términos en que se ha hecho”.

“La falta de justificación de cómo se ha llevado a cabo esa reducción de 700 tipos de puestos de trabajo existentes a 81 puestos tipo, sin trabajos preparatorios, estudios, informes y alegaciones de las Consejerías afectadas todas ellas por la nueva ordenación del personal funcionario, evidencia que no ha habido legítimo ejercicio de la potestad discrecional de organización del personal, sino arbitrariedad”, entiende el Tribunal.


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