La Viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL.
La Viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL.

Una nueva sentencia, y ya van seis en menos de un mes, vuelve a cuestionar la política de personal de la Junta de Castilla y león. Después de los cuatro pronunciamientos del TSJ anulando el catálogo de puestos tipo y de un fallo más suspendiendo cautelarmente el concurso abierto para los letrados de la Junta, hoy le toca el turno los puestos de trabajo adscritos en exclusiva a las Escalas Sanitarias de los Cuerpos de Administración Especial.

En el recurso contencioso-administrativo planteado por La Unión Sindical de Castilla y León –USCAL- contra el Concurso Abierto y Permanente en el que se ofertan 6.000 puestos de trabajo y en el que participan más de 5.800 funcionarios de los Cuerpos de Administración General, Especial y Sanitaria, el Juzgado nº. 4 de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, suspende cautelarmente la resolución definitiva de los cerca de 500 puestos de trabajo vacantes, exclusivos de sanitarios. Indirectamente se verán afectados todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por USCAL sea firme o se levante la suspensión.

Ya son cuatro las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan el Catálogo de Puestos Tipo, la última de ellas la ganada por CESM-USCAL. “A pesar de ello, la Consejería de la Presidencia se ha obstinado en tramitar de nuevo el catálogo, esta vez en forma de Decreto, pero adoleciendo de los mismos errores de base que nos ha llevado a los tribunales de justicia, y que de seguir por esos cauces, nos obligará de nuevo a recurrirle. Y no olvidemos, que el Catálogo de Puestos Tipo es la base fundamental con la que se modificaron las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (que también tenemos recurridas desde USCAL) y que sirven para ofertar los 6.000 puestos de trabajo vacantes objeto del concurso abierto y permanente que dos juzgados diferentes suspenden parcial y encadenadamente. La inseguridad jurídica a la que está llevando la Consejería de la Presidencia a sus 15.000 funcionarios no tiene precedente. Su errática política de personal se está derrumbando como un castillo de naipes, lo que tira por los suelos tres años y medio de trabajo sindical y, lo más grave, está desorientando y desasosegando a los empleados públicos de Castilla y León, que lejos de ver incentivado su trabajo diario con decisiones justas, firmes y coherentes, están viendo cómo se minusvalora su esfuerzo y profesionalidad con decisiones rayanas en la arbitrariedad, tal como señala el juzgado en el recurso aludido del catálogo de puestos tipo”, sostiene CESM-Uscal.

“No compartimos con la Viceconsejería de Función Pública que las sentencias que anulan el Concurso Permanente de Traslados se estén recurriendo al Supremo en casación, con el único fin de demorar su ejecución, y mucho menos las “prisas” con las que se pretende tramitar de nuevo el Catálogo de Puestos Tipo, presentando en las nuevas Mesas de Negociación un conjunto de documentos que por su importancia, volumen y contenido requieren un análisis sosegado por parte de todos los funcionarios y sus representantes sindicales”, critica el sindicato.

Para el portavoz de Pladepu, Quinido Martínez, este nuevo fallo judicial contrario a la política de función pública desplegada por la Junta “pone a los pies de los caballos al mismísimo presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pues fue él el que salió a dar la cara en las Cortes y defender, especialmente, este concurso que ahora los tribunales van desmontando poco a poco”.


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