Teresa Toda, exsubdirectora de Egin. FOTO: Gaspar Francés
Teresa Toda, exsubdirectora de Egin. FOTO: Gaspar Francés

La exsubdirectora de Egin, Teresa Toda, ha visitado durante la tarde del viernes el Ateneo Republicano de Valladolid. La periodista que fue condenada a 10 años de cárcel tras el ilegal cierre del diario vasco, ha denunciado que “las ideas que cerraron Egin siguen presentes” en una charla en la que ha realizado un argumentado alegato en favor de la libertad de expresión y de prensa. “Hay que apoyar medio alternativos”, ha sido otra de sus conclusiones, reclamando el apoyo a medios como últimoCero.

El periodista Fernando Valiño, fundador de últimoCero, introdujo la charla explicando la historia de Egin, considerado como “la voz de los sin voz”, desde su fundación el 29 de septiembre en 1977, siendo un periódico bilingüe que surgió “desde abajo” con aportaciones económicas individuales, “nada que ver con los periódicos al uso que había, que hay y que parece que estamos condenados a que siga habiendo”, apoyados por grandes poderes económicos y empresariales, sufriendo además el boicot de la falta de publicidad institucional “como una manera de asfixiar el periódico”.

Fue el juez Garzón quien el 15 julio del 98 ordenó la entrada “espectacular” de mas de 200 policías, bloqueando la rotativa con un registro en el que solo encontraron bobinas de papel, bolígrafos, fotografiás y carpetas, no más de “lo que hay normalmente en cualquier periódico”. Esto ocurrió en base a “una teoría que defendió el juez de todo es ETA”, aunque rápidamente empezaron a surgir voces diciendo que no se podía acusar a un periódico de delinquir, en tal caso a las personas. Recordó también que el Tribunal Supremo, once años después, echó abajo la orden del juez Garzón que “no había por donde cogerla”, destacándolo por el periodista como un de los hechos más graves de la llamada transición: “Son tiempos malos para la libertad de expresión y los derechos fundamentales”, concluyó Valiño repasando otros casos de actualidad.

Fernando Valiño presentando la charla. FOTO: Gaspar Francés
Fernando Valiño presentando la charla. FOTO: Gaspar Francés

Tras la entrada de la policía de la redacción y el juicio posterior, alentando políticamente por el Gobierno de Aznar poniendo cuanto menos en entredicho la separación de poderes del Estado, hasta diez trabajadores fueron encarcelados, entre ellos la protagonista de la charla, Teresa Toda, ex subdirectora de Egin, que pasó casi 7 años entre las prisiones de Córdoba y Salamanca de los 10 años a los que fue condenada. “Toda mi vida periodística ha tenido un cierto toque de censura”, comenzó repasando sus inicios durante el franquismo en ABC, cuando no se podía decir huelga o se abusiva del calificativo ‘vil’ en los titulares. Paradójicamente, aseguró que en los años de la transición “había mucha más libertad de expresión real que la que hay ahora mismo”, antes de que empezaran a entrar en juego “otros factores”: “Aquellos años fueron quizás los más libres, surgieron muchas revistas”.

“Las ideas que cerraron Egin siguen presentes, lo estamos viendo en cómo se está tratando la cuestión catalana incluso desde medios que se podrían considerar progresistas como la Cadena SER”, subrayando la gravedad del “desprecio a las personas que están siendo juzgadas”: “Todas las ideas que no sean las correctas son caducas, trasnochadas e incluso antidemocráticas, ¿no se supone que todos los parlamentarios han sido elegidos democráticamente?”, se cuestionó la periodista lamentando que se ha perdido el respeto a todas las ideas que no sean las propias.

Ante este panorama de ataque a la libertad de expresión y prensa que denuncia, concluyó que “lo único que podemos hacer es difundir la conciencia de mantener medios de comunicación alternativos, que los hay ahora mismo en la red”. “Cuando Franco la censura era durísima y nos enterábamos de las cosas”, reflexiona Toda ante las opiniones que aluden a la falta de noticias independientes: “En esta época buscar información siempre requiere un esfuerzo”, asegurando que defender la libertad también lo precisa, refiriéndose de forma expresa a la necesidad de digitales como últimoCero: “En las manos de todas nosotras está pelear por eso”.

Para hablar de los retrocesos en la libertad de expresión, se retrotrajo a principios del XIX citando a Napoléon, quien aseguró que “cuatro periódicos hostiles son más de temer que mil bayonetas", llegando a cerrar 64 de los 73 periódicos que había en Francia. “Las pobres libertad de expresión e información han sido asfixiadas, enterradas”, responsabilizando a guerras, dictaduras o conflictos, incluso, “hay que reconocer”, a revueltas populares.

Charla en el Ateneo Republicano de Valladolid. FOTO: Gaspar Francés
Charla en el Ateneo Republicano de Valladolid. FOTO: Gaspar Francés

Aunque “con formas más sutiles”, aseguró que la censura sigue vigente: “Si la publicidad institucional esta regulada, y lo está detalladamente, si las instituciones la entran a los medios en función de su difusión, tienen que darse a todo el mundo”, argumentó Toda, “incluso un periódico cuya ideología rechazamos, si existe y está regulado, debería tenerla”, puntualizando el necesario respeto de éstos a cuestiones tan básicas como los Derechos Humanos. Una realidad que padecieron en Egin, incluso con resoluciones judiciales a su favor, citando también las presiones a empresas que sí demandaban publicitarse en el periódico.

Abordó también el “cacao” jurídico y económico que derivó del cierre de Egin hasta que recientemente se condenó a Gara a hacerse cargo de la deuda con la Seguridad Social, considerándolo una continuación de este primero, que supone “más que la masa salarial completa de un año del periódico”, una cantidad que supone la “paralización de muchos proyectos” y que ha conllevado que no puedan actuar como una empresa libre. Tras la transición al digital, han elaborado un mecanismo para tratar de afrontar esta deuda impuesta mediante suscripciones. Actualmente Gara ha renunciado al color en su edición impresa: “Qué significativo es que esta carga que les cae les vuelva a llevar a editar en blanco y negro como forma de protesta y también de cierto ahorro”.

“Cerrar un periódico, como se cerró Egin, es un atentado a la liberad de expresión y de información en el territorio donde ese periódico existe”, sentenció Teresa Toda argumentando que “cuando hay una sociedad dispuesta a invertir en él es que ese periódico responde a una necesidad”: “Seguimos como con Napoleon, no han cerrado tantos medios pero nos lo están poniendo muy difícil”.

Antes de la intervención de Teresa Toda se leyó el siguiente texto, a modo de presentación:

LA VOZ DE LOS SIN VOZ

El motivo de esta charla, por la que está aquí Teresa Toda, es la ofensiva que últimamente se está produciendo contra el periódico GARA, al pretender ahogarle económicamente mediante el endoso de la deuda con la Seguridad Social que tenía el diario EGIN en el momento de ser clausurado, deuda que a su vez estaba provocada por el ahogamiento económico que sufrió y que no pudo ser saldada precisamente debido a su cierre.
Este endoso de la deuda se quiere justificar considerando que ha habido sucesión de empresas (que una es heredera de la otra), pero no cabe considerar sucesión de empresas, por los siguientes hechos:
- Los TSJ de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca indican que no cabe pues los contratos de trabajo fueron rescindidos por una regulación de empleo amparada por la Autoridad Laboral. Según la jurisprudencia este aspecto imposibilita calificar los hechos como sucesión de empresas.
- Para la puesta en marcha de GARA no se utilizó ningún bien que hubiera pertenecido a EGIN.
- El domicilio es diferente.
- La plantilla no se traspasó de un periódico a otro, sino que se confeccionó con personas que estaban en el paro (algunos sí habían trabajado en EGIN).
- Lo medios materiales y financieros eran totalmente nuevos.

De hecho los técnicos de la Seguridad Social establecieron que no había sucesión de empresa, pero el juez Garzón inició una serie de maniobras y reuniones con la seguridad social incitando a que se reclamara, alegando sucesión “ideológica”.
Pero el concepto de «sucesión ideológica» no tiene ningún soporte jurídico, puesto que no está contemplado en la legislación ni en la jurisprudencia.
Además GARA no figuraba en el sumario del juicio, por lo que hay indefensión: no ha podido hacer alegaciones ni ningún otro medio de defensa, y ahora se ve obligada a pagar varios millones de euros, lo que puede comprometer seriamente su viabilidad.
Se dijo siempre que EGIN era LA VOZ DE LOS SIN VOZ, porque daba la posibilidad de expresarse a personas y colectivos silenciados en otros medios.
A este respecto, cuando se produjo uno de los mayores crímenes medioambientales y sobre todo social, como fue sepultar Riaño bajo un pantano para mayor gloria económica de las hidroeléctricas aunque camuflado bajo alusiones a unos regadíos que 31 años después, como era de esperar, brillan por su ausencia, EGIN publicó mucho de este tema, dando voz a los sin voz, a los vecinos que pese a ser de aquí, de León, veían como sus versión era sistemáticamente silenciada en los medios de aquí. Y encontraron su altavoz en EGIN, hasta el punto de que el diario recibió una llamada de una institución social leonesa felicitándole, indicando que eran las mejores informaciones publicadas sobre el tema. Felicitaciones para un medio que pese a tener un ámbito geográfico tan marcado y ajeno, como EGIN, había prestado sus páginas para amplios reportajes sobre este tema. Por cierto, el pantano de Riaño era un proyecto franquista que dormía el sueño de los justos hasta que el PSOE lo despertó y lo ejecutó.
El cierre de EGIN fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo en 2009, cuando ya no había remedio. Ello ha motivado que hace escasas fechas el historiador Iñaki Egaña haya escrito un artículo en GARA indicando que la verdadera deuda se tiene con EGIN y no al revés.
Aquí van algunos párrafos de este artículo:
Baltasar Garzón cerró “Egin”, ilegalmente y endosó su deuda contraída con la Seguridad Social al diario GARA. Si eso lo hizo el (ex) magistrado aparentemente más progre de la judicatura, ¿cómo será el resto? La imputación de las deudas a la Seguridad Social tuvo un endeble argumento, el de la continuidad ideológica.
La vinculación de “Egin” con ETA, según el fiscal, se demostraba por la línea editorial del diario, asentada en bases como las siguientes. Ajústense los cinturones porque no invento una sola letra: crítica sistemática a la corrupción, denuncia de casos de tortura, a favor del ejercicio del derecho de autodeterminación, a favor del acercamiento de los presos vascos, actitud favorable a los valores vascos, en particular a su lengua, actitud a favor de la construcción vasca, postura contraria a la Constitución española, Estatuto de Autonomía y Amejoramiento Foral… Cuestiones democráticas todas ellas, pero para el filtro judicial español incriminatorias.
Estas razones hacen saltar por los aires cualquier otra especulación sobre el cierre de “Egin” y el tratamiento de la imputación de su deuda a GARA. Ambos proyectos se salían y se salen de la línea de compadreo entre medios y Estado. No hay razones técnicas, jurídicas, sino exclusivamente políticas. Las mismas que llevaron a que el franquismo se cargara a la mayoría de medios en 1937.
El Estado, los tres grupos políticos que se sucedieron en el Gobierno español en los casi 22 años de andadura del proyecto, tienen una gran y grave deuda con “Egin”, de mayor magnitud que esa económica imputada a GARA. Una deuda cuya devolución y reconocimiento vendría a mejorar la escasa calidad democrática que respiramos.
El primer secuestro de “Egin” se produjo por reproducir un fragmento del llamado “Libro rojo del cole”. Ya en la década de 1980, con Estatuto, Constitución y elecciones «libres» de por medio. Nada que ver con ETA ni siquiera con su entorno. Poco después llegó el segundo secuestro, y luego otros.
Las instalaciones de “Egin” sufrieron 14 atentados reivindicados por grupos paramilitares. Que recuerde, no hubo detenciones, ni imputaciones por la paternidad ideológica de los mismos, a pesar de que las pruebas eran notorias. Ya en mayo de 1983, el ministerio del Interior realizó un informe para cerrar “Egin” (José Barrionuevo titular). Pospuso el cierre ante otro tipo de ofensivas políticas: deportaciones, entregas más torturas y GAL.
El primer atentado contra “Egin” tuvo lugar, con explosivo, contra su delegación en Iruñea, en 1979. El último también contra la misma delegación, en 1996, ahondando en la idea de Nafarroa como razón prioritaria de Estado y laboratorio represivo. Trabajadores de “Egin” sufrieron también ataques contra su persona: Pepe Rei, Gorka López, Idoia Núñez, Ramón Uranga… Sobrevivieron.
Otros, en cambio, como Xabier Galdeano, Ángel Etxaniz o Josu Muguruza murieron bajo las balas de mercenarios que compartían los mismos objetivos ideológicos que los grupos políticos constitucionalistas españoles (¿continuidad ideológica?). Deberían estar entre esos atentados sin esclarecer que tanto airean alguna asociación de víctimas. Pero no lo están.
La deuda con “Egin” adquirió una dimensión gigantesca con el cierre en marcha desde 1983 y coronado en julio de 1998. Más de dos centenares de trabajadores a la calle y en 2001 la imputación y cárcel para la mayoría de sus cuadros: José Luis Elkoro, Patxo Murga, Isidro Murga, Pablo Gorostiaga, Jesús Mari Zalakain, Carlos Trenor, Xabier Salutregi, Teresa Toda, Manuel Intxauspe, Xabier Alegría, Maite Mendiburu, Iñaki Zapiain, Xabi Otero, Josean Etxeberria, José Ramón Aranguren, Manu Aranburu y Ramón Uranga.
El resto lo conocen por la cercanía. Cárcel a pesar del cierre ilegal.
¿Quién se va a hacer cargo de esta tremenda deuda? ¿Quién va a responder por los atentados contra “Egin”, algunos con resultado de muerte? ¿Quién va a asumir el coste humano del cierre? Y si hubo un boicot institucional, que lo hubo según el Tribunal Supremo, que originó el impago a la Seguridad Social y unos salarios míseros a los trabajadores, ¿por qué imputar la deuda a GARA y no a los responsables políticos de entonces?
También son muy significativas las declaraciones del que era director de EGIN en el momento del cierre, Jabier Salútregi, en dos entrevistas que le han hecho recientemente, una en VICENEWS y la otra en EL HURÓN.
Tras recordar las míticas palabras de José María Aznar diciendo “¿pensaban que no nos íbamos a atrever?” que demostraban que el cierre era decisión política, tomada en un Consejo de Ministros, y no judicial, pese a que la llevó a acabo el juez Garzón con el nombre de “Operación Persiana” Jabier Salútregi indica que "Cerrar un periódico en cualquier Estado de la UE no cabe ni como hipótesis en la mente de ninguno de los ciudadanos europeos pero creo que sí en la de un español".
En esta idea abunda Reporteros sin Fronteras: su representante en España, María Dolores Masana, indicó que es el único caso en la Unión Europea en que se mantenía en prisión al director de un diario, y calificó el cierre de los medios vascos de "puntos negros en la historia reciente de la libertad de expresión de nuestro país".
Según indica Salútregi, “aunque el objetivo era cargarse el periódico, no podían justificarlo si dejaban en libertad a sus directivos, y por eso fuimos encarcelados, dándose la paradoja de que hasta el juicio, muchos años más tarde, no supimos de qué se nos acusaba, y de hecho en los miles de hojas de estos macrosumarios, no figura que hubiera armas, ni explosivos, ni hay ningún persona que haya apoyado o haya tenido en casa una persona implicada con banda terrorista. Y a pesar de que todas las acusaciones fueron cayendo una a una, por una falta de verosimilitud absoluta, la sentencia se cumplió tal y como estaba previsto”.De esta forma me pasé 7 años y medio en el interior de las tripas de un Estado que no acepta la discrepancia y se olvida de la democracia cuando se le cuestiona mínimamente”.
Sobre el juicio, Jabier Salútregi indica que “fueron dieciséis meses de juicio que se convirtieron en una verdadera tortura, toda vez que nos obligaron a estar presentes a todo el sumario, con sus diversas piezas diferenciadas, cuando podíamos perfectamente haber asistido cuando se enjuiciaran nuestras respectivas piezas del sumario. Estaba visto que querían presentar ante la opinión pública una permanente foto de un macro-juicio al estilo “mafia” y por mor de ello, nos mantuvieron 16 meses, cuatro días a la semana, en Madrid asistiendo a miles de horas de un juicio que estaba perdido ya de antemano. Esto, amén de suponernos un esfuerzo físico notable, psicológicamente fue muy duro de sobrellevar. Únicamente lo pudimos superar por la enorme voluntad de aguantar lo que nos echaran y por la fuerza de nuestras convicciones y el brío que pudimos imprimir a nuestras relaciones humanas. El costo personal fue grande, y no le anduvo a la zaga el económico. El mero traslado y estancia de más de cuarenta y cinco personas todas las semanas durante 16 meses, así como la asistencia letrada de no menos de diez abogados, la pérdida de algunos puestos de trabajo de varios de los encausados, el cierre temporal de algunas pequeñas empresas y los descuentos en la nómina de otros por su ausencia durante cuatro días a la semana, elevaba a un monto enorme las pérdidas económicas que no puedo precisar.
Después, cuando el Tribunal Supremo suspendió el cierre, ya llevábamos unos cuantos años de cárcel y revisar el caso no fue posible. Además, para el Poder hubiera sido un escarnio el tener que sacarnos a la calle, por lo que, supongo, los jueces no nos hubieran dejado en libertad en ningún supuesto. Habrían encontrado cualquier floritura judicial para mantenernos dentro, so pena de dejar al Gobierno y a la Audiencia Nacional con el culo al aire. Pese a esta sentencia del Tribunal Supremo desautorizando el cierre, ni el juez Garzón fue acusado de prevaricador, tal y como había quedado demostrado, ni el rotativo de Hernani fue devuelto a sus dueños con las mismas características físicas de producción viable. A día de hoy, el periódico EGIN, que se encontraba a cargo de un administrador único nombrado por la Audiencia para que cuidara de su mantenimiento, se encuentra desvencijado, convertido en un montón de escombros, lleno de excrementos de ratas, con las paredes abombadas, los techos medio caídos, la rotativa arrasada por el óxido. En su interior crece la maleza que lo está invadiendo todo. Algunos ordenadores y distinto mobiliario yace allí acumulando varias capas de polvo… en fin, es la perfecta imagen de la libertad de expresión en el Estado español y de cómo cuida ese derecho la Administración central.
Salútregi critica la postura de los medios de comunicación, diciendo que “el juicio pasó sin pena ni gloria para los medios de comunicación españoles, y esto, desgraciadamente, es la fotografía de los medios de comunicación hispanos: están domesticados y al servicio del poder, son acríticos con él, se pliegan tan absolutamente a él que asumen sin rechistar, el callar, el jalear y aceptar, si se tercia, secundar dócilmente ilegalidades que revientan en plena línea de flotación de su cometido en el mundo: la libertad de informar. Comprobado que “el cuarto poder” es un simple dedito del poder real (Ibex35, Partitocracia, Ejército, Judicatura…) que también es llamado el “estado profundo”, está claro que la separación de poderes, es un despiporre en el Estado español. No creo que en el Estado español haya una sola persona con un mínimo de sentido común que crea en la separación de poderes. Quizás el “desaparecido” plan ZEN, o el espíritu del general Casinello,  revolotee por las redacciones de los medios de comunicación hispanos. Una vez que ya fue conocido este plan, los medios de comunicación se lo aprendieron de memoria y lo ponen en práctica a nada que vean en peligro cualquiera de los nervios del Estado. No hace falta decirles ni media palabra más alta que otra, las redacciones tienen interiorizada hasta dónde llegan sus atribuciones profesionales y dónde comienzan las labores de defensa de un sistema político que está en trance de descoserse por las cuatro esquinas. Desde estos parámetros profesionales e ideológico-periodísticos, no puedo menos que contemplar con gran consternación el campo de batalla ideológico en el que se está convirtiendo el periodismo hispano. Es imposible discernir hoy donde se encuentra la verdad (o lo más cercano a ella) si lees, oyes o ves los informativos diarios. Es cierto que han surgido, al calor de la caída del periodismo en papel prensa, medios digitales que han adquirido cierta dignidad, aunque a algunos de ellos les falta un punto de coraje y mojarse más. Periodistas que se venden informaciones calificadas como de “investigación” que son pura y exclusivamente filtraciones interesadas de la Policia, Guardia Civil o de los servicios de inteligencia gubernamentales.
Respecto al endoso de la deuda de EGIN a GARA, Salútregi indica que si finalmente el Tribunal Supremo declaró ilegal el cierre de EGIN, imposibilitando así el pago de la deuda con la Seguridad Social, ésta se la tendrían que pedir a quien decretó el cierre impidiendo así el pago, y no a una nueva empresa legalmente constituida.
Preguntado sobre las investigaciones que EGIN había publicado en vísperas de su cierre, o estaba preparando para publicar, su director alude a la trama de las tragaperras, en la que estaba presuntamente implicado el PNV, los amaños en los exámenes para el sistema vasco de salud, en el que estaba presuntamente implicado el PSOE, las conexiones del narcotráfico con la extrema derecha, tramas de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, un turbio tema de pornografía infantil, etc. Quizás por ahí se entienda mejor porqué querían cerrarlo.
En el momento del cierre, la subdirectora de EGIN era Teresa Toda, a quien tenemos hoy aquí. También fue encarcelada, pasando 6 años en prisión.

No hay comentarios