Ramiro Ruiz Medrano en la Mesa de lasCortes durante el acto del Aniversario Estatuto de Autonomía CyL
Ramiro Ruiz Medrano en la Mesa de lasCortes durante el acto del Aniversario Estatuto de Autonomía CyL

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia penal contra el Presidente de las Cortes de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y los otros cuatro procuradores que junto a él integran la Mesa de las Cortes, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de “pasar por encima” de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Exigen responsabilidades penales a los miembros de las Cortes que han adoptado la “decisión injusta de admitir a trámite la proposición a sabiendas de que impide ejecutar las sentencias judiciales firmes y los autos de suspensión que hoy por hoy declaran ilegal la caza en Castilla y León”. Denuncian también el impedimento del ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que asiste a Ecologistas en Acción y a otras entidades como el PACMA, recordando que la pena por los delitos denunciados alcanzaría de 6 meses a 1 año de prisión y de 11 a 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

“La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna”, denuncian desde Ecologistas añadiendo que “como bien saben los procuradores, el Tribunal Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones que las leyes a la carta aprobadas por las Cortes de Castilla y León son inconstitucionales, al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. “El Tribunal Supremo está juzgando a la Mesa del Parlament de Cataluña por tramitar iniciativas legislativas inconstitucionales, en las que nuestras Cortes son líderes”.

En la denuncia que han presentado esta mañana en la Sala Primera del TSJCyL recuerdan los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se suman a otra decena de sentencias judiciales firmes del TSJCyL que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019.

“La Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las Directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas”, argumentan recordando que los tribunales vienen exigiendo al Gobierno autonómico que acredite el cumplimiento de dicha normativa basándose en “estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación”.

“Resulta bochornoso que año tras año la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumpla este principio básico, y que sean las organizaciones ambientales las que deban exigir sistemáticamente ante los tribunales de justicia el cumplimiento de la más elemental legalidad”, calificando como “deplorable” que los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos y la Mesa de las Cortes de Castilla y León “hayan decidido aceptar la invitación a delinquir realizada por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente Suárez Quiñónes para que enmienden su ineptitud y la de los responsables de la Dirección General del Medio Natural de Castilla y León”.

Estiman que la Federación de Caza de Castilla y León “debería reclamar a las autoridades regionales un mínimo de capacidad para sujetarse a la normativa, en lugar de arremeter contra los colectivos sociales y los jueces que están poniendo de manifiesto, sentencia tras sentencia, el absoluto descontrol de la caza en Castilla y León”. Además, la organización ambiental considera “esperpéntico que el Consejero de Medio Ambiente se envuelva en la bandera de Castilla y León para disimular su inutilidad, declarando amigos y enemigos de la región según sus filias y fobias personales, o que se escandalice por las cuatro víctimas mortales que anualmente ocasionan en toda España los accidentes con fauna silvestre (citado por la Proposición de Ley) al tiempo que se resiste a adoptar las medidas legales previstas para mejorar un problema como la mala calidad del aire que ocasiona un millar de muertes cada año”.


Noticias relacionadas:

No hay comentarios