ENTRADA A LA RESERVA REGIONAL DE CAZA EN EL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA.
ENTRADA A LA RESERVA REGIONAL DE CAZA EN EL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado traslado a las partes (PACMA y Junta de Castilla y león) y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, recientemente aprobada en el Parlamento Autonómico, después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente la normativa anterior.

Esa suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala, que tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración Autonómica.

La modificación de la Ley de Caza que salió adelante con los votos favorables del PP, PSOE y Ciudadanos, la abstención y el único voto en contra del procurador de IU, José Sarrión, a juicio de los Magistrados, podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la anterior resolución judicial por la que se suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León  y condicionar la resolución de ese recurso contra la suspensión interpuesto por la Administración.

Ante esta situación, la Sala dictó el pasado día 7 de mayo una providencia en la que pregunta a las partes y al Ministerio Fiscal si procede elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en la medida en que “la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso”.

Esta providencia es un trámite obligado y no prejuzga la decisión final que adopte la Sala tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal. No obstante, la sala indica que a su juicio podrían haberse vulnerado varios preceptos constitucionales.

Es el caso del “Ejercicio de la potestad jurisdiccional y el principio de separación de poderes”, ya que “la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso”.

Además, podría haberse producido “arbitrariedad de los poderes públicos”: “A nuestro juicio, la infracción se produce porque no consta justificación alguna para modificar la colaboración entre la ley, reglamento y orden, resultante de la Ley 4/1996, de 12 de julio desde que la misma se aprobó, y porque, precisamente respetando ese régimen de colaboración, el Decreto 32/2015 fue modificado por el Decreto 10/2018 y porque la modificación de la Ley 4/1996 se produce tras el Auto de esta Sala de 21 de febrero, que suspende su aplicación”.

Por último, los magistrados también consideran que podría verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva y obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales: “A nuestro juicio, la infracción se produce porque la modificación legislativa exonera a la Administración de cumplir el Auto, ya que no puede ejecutarse la suspensión de las disposiciones de una norma reglamentaria cuando éstas ya no existen en cuanto tales, y con ello se lesiona igualmente el derecho de la parte actora a que dicha resolución se lleve a efecto y, en su caso, se controle jurisdiccionalmente todas las incidencias derivadas de su correcta ejecución”.

Las partes disponen ahora de un plazo de 10 días para pronunciarse sobre el contenido de esta providencia antes de que el TSJ decida o no finalmente plantear la cuestión de inconstitucionalidad.


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