El ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, durante su declaración en el juicio. Foto: Gaspar Francés
El ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, durante su declaración en el juicio. Foto: Gaspar Francés

Que el muerto se coma el muerto. Esta es la consigna que parecen seguir los cuatro acusados de haber manipulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en favor de determinados constructores que han quedado fuera, por prescripción de los posibles delitos, del juicio que se ha iniciado hoy en la Audiencia Provincial. En el banquillo se sientan el ex concejal de Urbanismo del PP, José Antonio García de Coca y otros tres integrantes de su entonces cúpula de Urbanismo, el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, pero el protagonista de la sesión ha sido Carlos Cándido Fraile Casares, arquitecto ya fallecido y al que todos ellos de forma más o menos directa imputan los cambios que se produjeron en el articulado del PGOU antes de su publicación en el BOCyL.

El ex concejal de Urbanismo, García de Coca, ha sido el primero en declarar y al igual que el resto de acusados, ha contestado a todas las partes salvo a la Acusación que ejerce la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’. Ha defendido que él no es experto en urbanismo, que cuando accedió a la concejalía “los trabajos de revisión del plan ya estaban muy avanzados” y que cerca de 20 personas conformaban el equipo de redacción. García de Coca en sus respuestas apuntó directamente a Carlos Cándido Fraile Casares como posible autor de las modificaciones y negó haber llegado a cotejar la documentación que éste acabó elaborando. “No me leía los informes técnicos pero sí las propuestas de resolución. Si todo lo que firmé hubiera ido acompañado de los expedientes completos me hubiera tenido que salir del despacho”, llegó a apuntar en un momento de su declaración, en la que usó un tono displicente para con la fiscal del caso que fue merecedor de una reprimenda por parte del presidente del tribunal.

“Jamás di instrucciones a técnicos para cambiar nada”; “Al final se elaboró una documentación ex novo y no se introdujeron modificaciones”; “Yo tenía capado los accesos desde mi ordenador”, han sido algunas de las frases utilizadas por García de Coca en sus respuestas a los distintos interrogatorios.

El arquitecto municipal Álvarez Aller ha negado haber tenido relaciones comerciales autorizadas por el Ayuntamiento con las empresas a las que beneficiaron las modificaciones operadas en el PGOU de forma ilegal (no así con los administradores de algunas de ellas). También ha asegurado que no tenía acceso a la documentación que sobre el PGOU elaboró la empresa subcontratada Inzamac y que sus informes se basaron en el PGOU publicado y aprobado por la Junta de Castilla y León.

El exjefe del área, Modesto Mezquita, en sintonía con los demás acusados, negó rotundamente haber recibido indicaciones de ningún concejal de la corporación para manipular el PGOU y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, centrándose en aspectos técnicos, ha señalado seguir las directrices de su jefe, Modesto Mezquita.

El juicio, en principio, está previsto que se prolongue hasta el próximo día 31 de octubre. Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.


Noticias relacionadas:

La Audiencia archiva la causa por prescripción de los posibles delitos contra 10 de los 14 imputados en el caso PGOU

Los vecinos piden seis años de carcel para el ex concejal de Urbanismo García de Coca en el Caso PGOU

OPINIÓN: La revisión del PGOU enseña la patita

El experto rampante

Un lobby inmobiliario mantiene secuestrada la revisión del PGOU

"La revisión del PGOU no puede ser cosa de un grupo de amigos"

Enfrentamiento entre el equipo redactor del PGOU y la Gerencia de Urbanismo

El 23 de octubre finalizan las deliberaciones del Caso PGOU

Demoledor argumentario de la Fiscalía para que el alcalde sea imputado en el caso PGOU

10 años del PGOU

Los vecinos piden la imputación del alcalde

El juez imputa en el caso PGOU a la cúpula legal y urbanística del Ayuntamiento y deja tocado al alcalde

No hay comentarios