Casa de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Foto: Patrimonio Natural
Casa de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Foto: Patrimonio Natural

La Junta no parece tener en cuenta los informes del Consejo de Cuentas. Tan sólo dos días después de que se hiciera público el referido a las encomiendas de gestión, en el que se censuraba la utilización de este tipo de contratos porque “no se realizan con los procedimientos ni para las finalidades previstas por la normativa aplicable”, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una partida de 3,4 millones para que la Fundación Patrimonio Natural, a su vez, subcontrate servicios, en este caso, para la gestión de los 31 centros que componen la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos.

A excepción de la empresa pública Tragsa, el Consejo de Cuentas entendía que el resto de encomendatarias usadas por la Junta “carecen de la capacidad y los recursos necesarios para realizar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los encargos, lo que implica de hecho, la necesidad de contratar las prestaciones a terceros, en detrimento de la gestión directa indiferenciada o de la contratación administrativa”. Algo que choca con el criterio mantenido por el Tribunal de Cuentas en relación a este asunto, indicando que “un medio propio lo es precisamente porque goza de los instrumentos necesarios para llevar a cabo los encargos que se le encomienden, esa es una de las principales causas de la encomienda, que la Administración instrumental tiene medios para llevar a cabo órdenes de la matriz. Lo contrario equivaldría a entender la figura de la encomienda de gestión como un fraude a la legislación de contratos públicos”.

Nada de esto parece ser tenido en cuenta por la Junta, que ahora ha aprobado destinar 3,4 millones a la gestión de los 31 centros que componen la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos a través de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. “De esta manera se gestionarán todas las actuaciones de atención al público, sensibilización ambiental y equipamientos necesarios”, dice la Junta en una nota oficial sin especificar que esta Fundación, a su vez, tendrá que subcontratar esos trabajos por carecer de medios propios.

“El cambio del régimen contractual administrativo por el privado, es decir, de un régimen que ofrece garantías singulares para el interés público por otro que no las ofrece, deberá responder a una causa, que no puede ser la libre elección del órgano de contratación entre uno y otro régimen. Y esto es cabalmente lo que ocurriría si se recurre a un ente instrumental con la exclusiva finalidad de alterar el régimen contractual. Seguir otro criterio supondría ir más allá de lo que es una cuestión de auto-organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria, para admitir que la Administración puede prescindir del régimen de garantías propio de quien gestiona recursos del contribuyente, establecidos por la legislación para garantizar el interés público”, sentencia el informe del Consejo de Cuentas que ahora parece obviar la Junta.

En su informe, el Consejo de Cuentas recomienda que “las encomiendas tengan como destinatarios aquellos que dispongan de los medios materiales, humanos y técnicos suficientes para realizar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los encargos”. Estos deberán referirse a actividades de carácter complementario a las desarrolladas por los diferentes  órganos administrativos, “que no encubran una falta de medios propios de naturaleza estructural, ni usarse en sustitución de contratos o subvenciones de manera encubierta”.

Una recomendación a la que parece hacer oídos sordos la Junta que finalmente dejará en manos de José Manuel Jiménez Blázquez, como Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, que también es también Director General en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Consejero Delegado de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, las subcontrataciones de los servicios que, según  el Consejo de Cuentas, debería contratar directamente la Consejería ( en este caso de Medio Ambiente) para ‘ahorrarse’ un intermediario (la Fundación Patrimonio Natural).


 

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