Asistentes a la primera charla para la creación del Sindicato. FOTO; J. O.
Asistentes a la primera charla para la creación del Sindicato. FOTO; J. O.

Durante los últimos casi cuatro años, mucho se ha hablado sobre la situación de la música local, sobre la posibilidad o no de programas música en directo en Valladolid o sobre la legislación que condiciona esta actividad, pero hay algo por lo cual pocos agentes se han preocupado: la situación laboral de los profesionales de la música. Desde siempre, se da por hecho que los músicos o bien trabajan “en negro” o bien son autónomos y regularizan su actividad mediante este régimen fiscal completamente inadaptado a la naturaleza de su trabajo. Además, son de los pocos sectores laborales, por no decir el único, que no tiene representación en las reuniones patronal-sindicatos que acuerdan las condiciones de su trabajo. Es por eso que se están dando pasos en varias capitales y a nivel estatal para constituir un Sindicato que pueda trabajar en esta linea.

En Valladolid se han sucedido varias reuniones para su constitución a nivel local, aunque por ahora su prioridad es la acción por encima de las formalidades. Existen ya diferentes organizaciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades en la que cada cual ha elegido su forma legal para constituirse, pero con el objetivo de confederar todas ellas en la ‘Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras’. En el caso de Valladolid, sus integrantes por ahora han acordado afiliarse a cualquiera de ellos para trabajar de forma local bajo el paraguas de dicha unión, o ni siquiera eso, participando como un agente implicado más a modo de otros grupos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El ‘Manual de buenas prácticas en la contratación en el sector musical’ que manejan como uno de sus documentos de cabecera, su principal eje de lucha en la actualidad, está destinado a cualquier entidad que contrate a intérpretes como trabajadores por cuenta ajena en el ámbito de una relación laboral artística, como sucedería en unas fiestas populares, un festival de música o un concierto organizado por un promotor o institución. La reivindicación es simple, “al producirse una relación laboral, el contratante u organizador tendrá la obligación de tramitar el alta en la Seguridad Social al inicio de la relación contractual y la baja correspondiente una vez finalizada dicha relación”, concluyen. Alejandro Martínez, conocido artísticamente como Alex Garbanzo es letrista, cantante de rap y pinchadiscos uno, además de sus impulsores en Valladolid. Lo tiene muy claro: “se nos obliga a ser falsos autónomos, solo pedimos que se cumpla la ley”.

Los músicos son unos veteranos en esto de la contratación mercantil en fraude de ley, un caso más de los populares falsos autónomos, personas que ante la supuesta complejidad de establecer un contrato laboral por parte de la empresa o entidad que solicita su trabajo están obligadas a emitir una factura para poder recibir una retribución económica por su trabajo. Algo que se agrava si cabe al ser las administraciones públicas una de las principales partes contratantes en este juego, en especial los ayuntamientos. Es por ello que en Valladolid, tras el pleno del Ayuntamiento que aprobó la moción en favor de la música en directo y la constitución de una mesa de trabajo para abordar el tema, Alex, en representación del incipiente sindicato, hizo llegar una copia del manual de buenas prácticas a la concejalía de cultura y otros representantes de los grupos municipales, como la portavoz de Sí se puede Valladolid Charo Chávez que también mostró su interés por el tema en las reuniones previas a la presentación de dicha moción. En aquella reunión fue la primera vez que lo plantearon, “lo vieron con buenos ojos, les interesó el tema, pero tiene suficiente importancia como para tratarlo de forma individual”, razón por la que se quedó fuera de la moción.

Esta reivindicación la hacen extensiva no solo a la contratación directa por parte de los ayuntamientos, sino también en subvenciones o patrocinios. En este caso la fórmula que ofrecen es simple, “incluirlo como cláusula social para que se obligue en las convocatorias a contratar correctamente, nada más de lo que dice la ley”, explica Alejandro. De esta forma pretenden asegurar que quien presenta un proyecto y se le adjudica un dinero público para realizarlo ha de contratar a los músicos según dice la ley, remitiéndose siempre al Estatuto de los Trabajadores.

Como reconoce, en sus primeras reuniones para la conformación de este sindicato, uno de los temas más candentes ha sido la prohibición de la música en directo en los bares de Valladolid, acordando “trabajar en la mesa del Ayuntamiento como un agente más pero es un problema de los hosteleros, a nosotros nos toca de rebote, somos los convidados de piedra”, aclaran. Por ahora están centrados en acordar una reunión con la concejalía de Cultura para trabajar sobre el manual de buenas prácticas y sus propuestas para la contratación. Como idea de futuro, barajan la posibilidad de crear un sello o distintivo que identifique a los bares, salas de conciertos o entidades que cumplan con estas condiciones, con el objetivo de conseguir que en un futuro sea la norma tanto para el sector público como para el privado.

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