Alejandro Torres Gutiérrez y José Alberto Blanco ayer en el Ateneo Republicano. FOTO: Gaspar Francés
Alejandro Torres Gutiérrez y José Alberto Blanco ayer en el Ateneo Republicano. FOTO: Gaspar Francés

El Ateneo Republicano informó ayer que el Arzobispado, aprovechándose de las modificaciones inconstitucionales bendecidas en 1998 por el gobierno del PP presidido por José María Aznar, inscribió a su nombre la Catedral en el Registro de la Propiedad en 2007. Y además, con anterioridad se había apropiado del jardín anexo a la plaza de la Universidad, que permanece ilegalmente vallado y cerrado.

El presidente del Ateneo Republicano de Valladolid, el abogado José Alberto Blanco, dio cuenta en el 'Jueves Republicano' celebrado ayer, que el Arzobispado había registrado a su nombre la Catedral y que, con el pretexto de adecuar el archivo de la seo, había cerrado ilegalmente el espacio de la plaza de la Universidad existente entre el templo y las ruinas de la antigua colegiata. 

"Estamos hablando de casi diez mil metros cuadrados, superficie de la manzana completa de la Catedral", dijo José Alberto Blanco. 

La Catedral, construida en 1580 y que fue declarada el 4 de junio de 1931 monumento histórico artístico por el gobierno republicano, es un bien estatal, al que la Junta de Castilla y León reconoció como BIC (Bien de Interés Cultural) en 2005. 

José Alberto Blanco. FOTO: Gaspar Francés
José Alberto Blanco. FOTO: Gaspar Francés

"Sin embargo la Junta no ha velado por el patrimonio de todos los castellanos y leoneses y permitió que la iglesia registrara como propio el bien de la catedral, aprovechándose de una legislación anticonstitucionalcomo fue la modificación del Reglamento Hipotecario aprobado por el gobierno del PP que presidía Aznar y que permitía la inscripción de templos en el registro de la propiedad, que hasta 1998 no era posible por su naturaleza históricamente pública", manifestó el presidente del Ateneo Republicano, quien añadió que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004 -todavía en vigor- se reconoce a la Catedral como "edificio histórico y equipamiento privado". 

Blanco mencionó los diferentes proyectos relacionados con la catedral desde 1997, empezando por la restauración de la antigua colegiata, que linda con la calle Arzobispo Gandásegui, con un presupuesto de 48 millones, y que el Ayuntamiento suspendió la licencia el 7 de mayo por carecer de "un plan especial".

"En el año 2000, la Junta promovió otro expediente, de 71 millones, más otra serie de gastos, para adecuar el archivo de la Catedral, en la calle Cardenal Cos, que contó con el beneplácito municipal. En estas dos obras -y en las sucesivas- aparecen los nombres de Elesio Gatón como arquitecto, y Julio Baz, como arquitecto técnico", dijo el presidente del Ateneo Republicano.

"Esta obra, pagada por la Junta", añadió Blanco, "fue aprovechada para cerrar ilegalmente el patio de la plaza de la Universidad, sin un expediente específico, sin licencia de obra. Otra de las actuaciones ha sido la limpieza de fachada, acordada también en el 2000, con un presupuesto de casi 23 millones que, supuestamente pagó el Arzobispado, y en el que intervienen los mismos nombres Gatón y Baz". 

Con posterioridad, en 2013, surgió la idea de facilitar el acceso a la torre mediante la instalación de un ascensor. Obra polémica, por innecesaria, que respaldó la Asociación Amigos de la Catedral vinculada al Opus, con un presupuesto de unos 460.000 euros.

"Antes, el 27 de abril de 2007, según el Registro de la Propiedad, el Arzobispado inmatriculó la Catedral", informó José Alberto Blanco que cuestionó este proceder así como la apropiación del espacio público del jardín de la plaza de la Universidad, ante el estupor de los presentes, que llenaban el Ateneo. 

Patio vallado en la Plaza Universidad. FOTO: Gaspar Francés
Patio vallado en la Plaza Universidad. FOTO: Gaspar Francés

Inconstitucionalidad

Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, que estudió la carrera en Valladolid, pronunció a continuación una conferencia sobre las inmatriculaciones de la iglesia. "Tema de la primera comunicación que envié a un congreso, en 1997", djo el profesor, que empezó por hacer una reflexión sobre la segunda gran desamortización, la de Mendizabal en el siglo XIX.

"El 4 de abril de 1860 se firmó el convenio que ponía fin  a la desamortización. Se habilitó a los obispos a emitir certificaciones posesorias, de posesión, no de dominio. Se había creado el Registo de la Propiedad, que se creó al año siguiente", comentó el catedrático de Derecho Constitucional, que analizó el desarrollo de la ley y reglamentos registrales por las que "las certificaciones posesorias se convertirían en certificaciones de dominio. Dos conceptos muy distintos, que nadie se cuestionó y se perpetuó en el tiempo". 

El profesor Torres Gutiérrez habló de la Ley de Bases de Patrimonio del Estado (1964), que derogó toda la ley desemortizadora, hasta llegar a la modificación del registro hipotecario de José María Aznar, que abrió la posibilidad a la iglesia de inmatricular, es decir, acceder a un bien por registro.

Alejandro Torres Gutiérrez. FOTO: Gaspar Francés
Alejandro Torres Gutiérrez. FOTO: Gaspar Francés

"Se hizo sin modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 de su Reglamento. El legislador dejó pasar una oportunidad de oro, cuando había fundadas sospechas de inconstitucionalidad sobre estos artículos", aseguró el catedrático.

La jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin aportar título. El segundo artículo equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo podía certificarse a sí mismo como propietario de un inmueble atendiendo a lo que él mismo argumentase.

El ponente Alejandro Torres se detuvo en el artículo 14 de la Constitución -'todos los españoles somos iguales ante la ley'-, lo que provocó las risas de los asistentes. Torres Gutiérrez también argumentó que"ninguna confesión tiene carácter estatal. España es un Estado laico".

"¿Cómo es posible que determinadas personas puedan emitir certificaciones de dominio? ¿Cómo es posible que tengan privilegios que no tienen los propios funcionarios? Era algo que chirriaba y que solo se reconocía a la Iglesia Católica", expresó el conferenciante.

"Ante este problema", añadió Torres Gutiérrez, "el profesor López Alarcón planteó la solución del 'café para todos'. ¿Pero quiénes son todos? Además, el 'café para todos' puede resolver el problema de la igualdad, pero no el de laicidad. Está claro que la Iglesia no puede tener este privilegio".

Publico asistente al acto de ayer en el Ateneo Republicano. FOTO: Gaspar Francés
Publico asistente al acto de ayer en el Ateneo Republicano. FOTO: Gaspar Francés

El catedrático de Derecho Consitucional citó varias sentencias del Tribunal Supremo y se detuvo especialmente en una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2014, por la que se condena a España por no haber respetado el derecho a la propiedad y a un juicio justo a la empresa demandante: la Sociedad Anónima Río Ucieza, que había comprado y registrado una finca con un monasterio producto de la desamortización, y que "inexplicablemente se inmatriculó a instancias de la Iglesia. 

"El Tribunal Supremo desestimó la demanda y la SA del Ucieza acudió a Estrasburgo, que mal retrató al Supremo y a los tribunales inferiores, tiró de las orejas al registrador de la propiedad y al legislador español... En la sociedad había ya un movimiento de queja. En Navarra, con una población de 600.000 habitantes, se habían producido 1.600 inmatriculaciones. La iglesia había inscrito bienes comunales que pertenecían al pueblo", manifestó el ponente. 

Torres Gutiérrez comentó la creación de una plataforma que llevó el asunto al Congreso y que acabó por modificarse la Ley Hipotecaria. "Y llegó al BOE, que pone fin a este privilegio. Una luz al final del túnel", dijo el catedrático para quien esos privilegios representan "un caso único en el derecho comparado. No ha existido en ningún país".

El catedrático de Drecho Constitucional cuestionó la retroactividad de la medida hasta 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución, "por razones de seguridad jurídica".

"Otra cosa es la prescripción (diez años), que existe en Derecho; pero no para los bienes públicos: plazas, calle,s etc., en que no existe", recordó Torres Gutiérrez, quien subrayó: "Los que criticamos los privilegios teníamos razón. Ha habido muchas batallas perdidas, pero este privilegio ha desaparecido.

Documentos:

Plano alzado de la Catedral de Valladolid

Memoria catedral de Valladolid

inscripción catedral con su manzana

Gaceta Madrid 4 junio 1931

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