El asunto de los conciertos en directo en Valladolid es la eterna tarea pendiente. El nuevo equipo de gobierno prometió desde el primer momento revisar el tema pero rápidamente sus movimientos y aspiraciones se dieron de bruces contra el muro de la Junta de Castilla y León. Hay que remontarse a 2013 para recordar el momento en que comenzaron las denuncias a establecimientos hosteleros que programaban música en directo y la irrupción de la policía en mitad de los espectáculos para requerir los papeles del local a sus responsables, cortando las representaciones por orden policial. Así sucedió con el concierto de María Rozalén en el Café Teatro, ‘El Cabaret del Fin del Mundo’ que se representaba en el Beluga o el directo de Cañoneros en el bar Tío Molonio, entre otros ejemplos.
Ahora, Sí se puede Valladolid presenta esta moción sobre la actividad musical en la ciudad que pretende retomar el debate para alcanzar una solución. En la moción que será debatida se acuerda reconocer el valor cultural y social de la música en vivo, la creación de una Mesa de Trabajo con los sectores implicados, la petición desde el Ayuntamiento de modificar las leyes autonómicas de Ruido y Espectáculos Públicos. En una reunión que el grupo municipal mantuvo con algunos representantes de la música local se acordó también que Javier Vielba, líder de Arizona Bay y de la plataforma Open Mic Pucela, como ciudadano de Valladolid y músico profesional, leerá un discurso junto a la presentación de esta moción el próximo martes en el pleno municipal.
Charo Chávez, portavoz de Sí se puede, argumenta que “las leyes son obsoletas y a pesar de las últimas modificaciones no responden a la realidad de la música en vivo, que es esencial para el desarrollo de la actividad artística”. La solución a esta situación depende de la modificación legislativa: “estamos tan atados a estos marcos jurídicos que no se llega a una solución que pasa por cambiar la normativa en la Junta”. También reclama una mayor contundencia por parte del Ayuntamiento a quien reclama “una posición mas beligerante como en Barcelona u otras ciudades de Castilla y León donde sí se están haciendo conciertos”. El paso siguiente a la aprobación de esta moción sería la creación de una Mesa de Trabajo integrada por técnicos municipales y externos, personas del mundo de la música o programadores, entre otros agentes, con la intención de que “esté suficientemente representada y participada para que tenga el mayor consenso y legitimación, por supuesto instando a la Junta a modificar estas leyes”, concluye Chávez.
A esta reunión previa acudieron también representantes de la Asociación Musical Pucelana que ven “positivo que se den pasos en este sentido desde el Ayuntamiento, ya nos reunimos anteriormente con el mismo propósito y acabó en vía muerta, esperemos que esta vez no sea así”. También miembros del Sindicato de Música de Valladolid, que está ya dando sus primeros pasos para su constitución definitiva, reclamaron que se empezara a abordar el asunto de las contrataciones a músicos por parte de la administración eliminando las relaciones mercantiles y los impedimentos a los músicos para cobrar por su trabajo, incapaces de asumir los gastos que implica entrar en el régimen de autónomos. Esta circunstancia, aunque muy bien recibida por los asistentes a la reunión, se ha dejado pendiente para una vez que se cree la mesa de trabajo o bien abordarla de forma específica en otro pleno.
Situación actual de la prohibición a la música en directo en Valladolid
En febrero del año 2013 saltó la alarma y empezó la persecución. La policía basaba su acción en el incumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla y León que prohibía expresamente la música en directo dependiendo del tipo de licencia, independiente de los criterios marcados por la lógica y el sentido común. Para ciertos hosteleros, afines al anterior equipo de gobierno capitaneado por León de la Riva, esto era una suerte de competencia desleal, lo que abrió la espita. Situación que contrasta con la de los hosteleros denunciados, que en la inmensa mayoría de las ocasiones el beneficio económico que obtenían podía poco más que cubrir los gastos ocasionados por la actividad. Lo comido por lo servido. Todo parecía haber llegado a su fin cuando a bombo y platillo, tanto desde el gobierno local con la entonces concejala Mercedes Cantalapiedra como desde la Junta de Castilla y León, se anunció que desde enero de 2015 se modificaba la ley para que los “bares de copas” pudieran hacer conciertos.
Es entonces cuando la realidad, siempre tozuda, volvió a golpear en la cara de la música vallisoletana descubriendo que el verdadero impedimento entonces era la Ley del Ruido con sus dichosa guerra de decibelios y limitadores acústicos. A efectos de esta ley, cualquier fuente emisora de sonido, desde la voz humana a una guitarra o una trompeta, han de limitarse mediante un aparato electrónico. Todo lo que no suene a través de éste, que está precintado y regulado por la autoridad, es considerado una manipulación de la instalación y conlleva multas de más de 10.000€. Y así hasta el día de hoy, en el que quienes quieren seguir programando cultura han de confiar su vida a estos limitadores que, a juicio de músicos y técnicos, son una chapuza y hacen casi inviable la realización de un concierto con unas mínimas condiciones para músicos y público, más allá del desembolso económico que puede suponer para una actividad que ofrece una rentabilidad nula o mínima en la mayor parte de los casos.
Con el nuevo equipo de gobierno recién constituido, se abrió una mesa de debate en la Junta con todos los grupos políticos así como representantes de hosteleros y músicos, a petición de las concejalas de Cultura y Medioambiente del Ayuntamiento de Valladolid en la que se expusieron los hechos y se habló de por donde podrían ir las vías para solucionar esta situación. Se acordó una segunda cita de esta mesa para febrero de 2016 pero tal reunión jamás llegó y, desde entonces, todos los intentos para retomar el trabajo han sido en vano. Así ha vuelto a suceder este mes de noviembre cuando el diputado de Podemos Carlos Chávez presentó una iniciativa en las Cortes de apoyo a la cultura de base y la música en la comunidad, que fue rechazada de plano no solo por el PP sino también por la abstención del PSOE.
