Ortofoto de Aldeamayor de San Martín
Ortofoto de Aldeamayor de San Martín

Rectificándose a sí mismo, el Director General de Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha emitido ayer un nuevo informe en el que aboga porque la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, en su reunión de mañana, suspenda en lugar de denegar la aprobación definitiva de la Ciudad de la Salud de Aldeamayor de San Martín, permitiendo así a Metrovacesa que corrija su justificación “mediante una argumentación o un aparato probatorio más extenso, o más correcto, o mejor orientado, o mejor fundamentado, o que por cualquier medio llegue a alcanzar ese carácter de justificación suficiente exigido”, según Ecologistas.

Ecologistas en Acción considera que “estamos asistiendo a un teatrillo organizado por el promotor y las administraciones municipal y autonómica cuya única finalidad es aparentar algo de objetividad en una decisión arbitraria e ilegal", refiriéndose a la habilitación en Aldeamayor de San Martín de 1.440 nuevas viviendas y 26.000 plazas asistenciales supuestamente destinadas al “turismo sanitario” nacional e internacional.

Por todo ello, la organización ambiental va a trasladar las irregularidades de la tramitación a la Fiscalía de Valladolid, incluyendo la alteración de plazos y propuestas para forzar la aprobación a tiempo del expediente, así como el conflicto de intereses del Alcalde de Aldeamayor de San Martín, el socialista Fernando de la Cal, el portavoz municipal del Partido Popular, Jacob Bermejo, y otros tres concejales, que debieron abstenerse en las distintas aprobaciones de la Ciudad de la Salud al tener familiares directos propietarios de al menos 200.000 metros cuadrados en fincas dentro de su ámbito.

Al tiempo, Ecologistas en Acción pide al Vicepresidente del Gobierno Regional el cese de Tomas Nevado-Batalla como miembro de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León, por la “clara incompatibilidad entre velar por la transparencia, la objetividad y la ejemplaridad de los cargos públicos de nuestra Administración Autónoma y defender los intereses privados de los promotores de la Ciudad de la Salud, con una clara confusión entre intereses públicos y privados”.

La organización ambiental recuerda que con fecha 23 de agosto, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León informó desfavorablemente la Ciudad de la Salud porque “no considera justificada la existencia de una demanda suficiente de suelo para el ámbito y uso propuesto” en los términos que exigen la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la jurisprudencia, “por lo que no procede su aprobación definitiva”.

Esta “conclusión determinante” ha sido trasladada a la propuesta de denegación de la aprobación definitiva del expediente que ha redactado el Servicio Territorial de Fomento de Valladolid para la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid que se celebrará mañana 19 de septiembre (con una semana de antelación sobre la fecha ordinaria), y que fue remitida junto a la convocatoria a todos sus vocales el pasado jueves 13 de septiembre.

En lo que califican como un “alarde de sincronización”, ese mismo día Metrovacesa hizo llegar directamente al Servicio de Fomento del Delegado Territorial Pablo Trillo-Figueroa un documento de 37 páginas con el que pretende precisamente corregir la justificación de la Ciudad de la Salud y lograr así bien la aprobación definitiva, bien la suspensión de la misma para obtenerla en todo antes del próximo 19 de octubre, en que los terrenos pasarían a ser suelo rústico en aplicación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Aseguran que se trata de un documento que “no aporta nada nuevo sobre la injustificable justificación de la Ciudad de la Salud ya esgrimida por Metrovacesa hasta la fecha”, pero que puede servir para “vestir” un nuevo cambio sobre la marcha de la propuesta denegatoria del Servicio Territorial de Fomento, como el vivido en la reunión de la Comisión del pasado 2 de agosto, cuando dicho Servicio varió in extremis la propuesta de suspensión por la de aprobación definitiva, sólo evitada en aquel momento por el voto particular del vocal de las organizaciones no gubernamentales.


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