Margarita Aparicio, Fernando Barrio, Juan Luis Gibello, Eustorgio Briso-Montiano y Jorge Conde a la salida de la reunión. FOTO: Jorge Ovelleiro
Margarita Aparicio, Fernando Barrio, Juan Luis Gibello, Eustorgio Briso-Montiano y Jorge Conde a la salida de la reunión. FOTO: Jorge Ovelleiro

Representantes de la Junta de Personal Funcionario de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León se ha reunido en la mañana de este miércoles con el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea. Coincidiendo con los primeros cien días del Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos, han trasladado sus reclamaciones en materia de transparencia, incluyendo las que no fueron respondidas en la legislatura pasada incluso con resoluciones judiciales en su favor.

El grupo de representantes de la Junta de Personal ha presentado a Igea un decálogo de puntos a tratar, como la necesidad de desarrollar el reglamento de la Ley de Transparencia que actualmente ni siquiera tiene definido el régimen sancionador. Al encuentro con el consejero y otros cargos de la Junta de Castilla y León, han asistido Juan Luis Gibello y Eustorgio Briso-Montiano, ambos de CGT, secretario y presidente respectivamente de la Junta de Personal, Fernando Barrio de CSIF, Margarita Aparicio de CCOO y Jorge Conde de UGT, destacando la cordialidad del encuentro y la disposición por ambas partes.

Entre los diversos compromisos que han arrancado a los representantes de la Junta está la creación de una comisión contra el fraude y la corrupción, o el ofrecimiento del Director General de Transparencia para que le remitan personalmente todas las reclamaciones de información que llevan esperando respuesta incluso desde 2016 en lo referente a temas como las ‘bufandas’ -pagos para compensar “servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo”- o el listado de conductores que van a buscar a directores generales a sus casas, entre otros asuntos.

Reclaman también, entre otros asuntos, cambiar ley del denunciante para haya una protección efectiva de los funcionarios, reconocido por ambas partes que actualmente “no lo hay” ya que sus denuncias llegan a la inspección general, cuyo responsable es nombrado directamente por el presidente, reclamando que se encargue un órgano independiente. Igualmente, piden que no se repitan en cada convocatoria los mismos tribunales de selección en las oposiciones, reclamando que al menos se alternen.

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