Javier León de la Riva y Manuel Sánchez a su llegada a la Audiencia para declarar como testigos en el caso PGOU. Foto: Gaspar Francés
Javier León de la Riva y Manuel Sánchez a su llegada a la Audiencia para declarar como testigos en el caso PGOU. Foto: Gaspar Francés

La Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado expresa su “relativa satisfacción” ante la sentencia por la manipulación del PGOU de 2004 que condena al exconcejal de Urbanismo del PP José Antonio García de Coca, además del responsable y el coordinador del área, considerando que “si bien son todos los que están, no están todos los que deberían. Por esto, piden al pleno municipal la reprobación el equipo de Gobierno, entonces encabezado por Javier León de la Riva, que “por acción u omisión, permitió una situación tan lamentable”.

La federación cita a Séneca para recordar que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, ya que la sentencia condena a algunos de los responsables de la manipulación del PGOU aprobado en 2003 de forma provisional, y en 2004 definitivamente, aunque aseguran que ya en 2008 se habían puesto de manifiesto estas irregularidades, tanto por los grupos de la oposición como por la propia Consejería de Fomento de la Junta, siendo ese mismo año cuando la fiscalía inició la causa ahora resuelta.

“Pedimos al Pleno municipal la reprobación del equipo de Gobierno que, por acción u omisión, permitió una situación tan lamentable”, reclama la federación vecinal Antonio Machado, “esperamos que nunca más se vuelvan a repetir hechos de esta gravedad y trascendencia para nuestra ciudad y su desarrollo urbano”. Expresan su “relativa satisfacción” por la sentencia pues “quedan demasiados flecos por resolver, como el papel de las empresas, o el del entonces alcalde de la ciudad, aunque no hayan sido finalmente juzgados”, calificando la acción de la justicia como “lenta y bastante caótica” funcionando “al menos en parte”, agradeciendo el “inestimable trabajo” de Carlos Castro en su representación. “Afortunadamente, ha quedado claro que la culpa no era del muerto, aunque finalmente, y a pesar de la gravedad de los delitos, nadie va a ir a la cárcel”, concluyen.

Tras estos once años y “multitud de retrasos injustificados” que “han llevado a la reducción de las condenas de los tres principales encausados”, para el colectivo vecinal que ejerció la acusación popular “la consecuencia más grave de esta demora ha sido que las empresas constructoras que se beneficiaron de las modificaciones del PGOU, no han sido ni siquiera juzgadas, pues el posible delito cometido había prescrito cuando se inició el juicio”.

“No parece probable que ningún político ni funcionario municipal de alto nivel se enfanguen en algo tan grave y tan feo como modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad por nada”, denuncian también recordando que “las modificaciones llevadas a cabo se correspondan en todos los casos con alegaciones presentadas por las empresas u organizaciones propietarias de los terrenos, y rechazadas durante la tramitación del documento original”. Lamentan que esto “ya nunca se sabrá”.

El colectivo vecinal hace también un repaso en su comunicado a los beneficios “en absoluto desdeñables” de estas compañías: “En el caso de la parcela de Cáritas, el cambio de suelo urbano no consolidado a consolidado supuso una pérdida patrimonial para el Ayuntamiento de alrededor de 800.000 euros, al desaparecer la obligatoriedad de cesión, y un beneficio para la Fundación Emilio Álvarez de más de 3 millones de euros. En el caso de la Carretera de Madrid, la supresión de la indicación de parcela mínima supuso pasar de poder construir 24 viviendas a más de cien, con un incremento en el valor del terreno de unos 2 millones, y un incremento de beneficio para la empresa promotora de las viviendas de más de 3 millones. La ampliación de los usos admisibles en la antigua fábrica de harinas La Perla permitió la construcción de un hotel, que empezó y terminó sus actividad con ilegalidades de todo tipo. Y la demolición de un edificio protegido en Bajada de la Libertad, al margen de las cantidades económicas, supone una pérdida del patrimonio histórico de nuestra ciudad irrecuperable”.

Con esta sentencia, la Audiencia Provincial de Valladolid condena a dos años de cárcel y otro año y nueve meses de inhabilitación a José Antonio García de Coca, exconcejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de la capital por irregularidades en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en 2003 por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio artístico. Además, el tribunal condena al responsable del área de Urbanismo en el Consistorio Modesto Mezquita a un año y tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación urbanística, al igual que el coordinador del área de Urbanismo, Luis Álvarez Aller, condenado a un año y tres meses de multa por los mismos delitos.


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