España es un sistema bicameral imperfecto, compuesto de una Cámara Baja (Congreso de los Diputados) con muchas más competencias que la Cámara Alta (Senado). Ello se puede observar en muchas de las disposiciones de nuestra Constitución. Comenzando por el procedimiento legislativo ordinario, según el artículo 90 de nuestra Norma Fundamental, el Senado se encuentra en una posición de inferioridad. Las enmiendas que realice pueden ser aceptadas o no por mayoría simple del Congreso y el posible veto que pueda interponer al proyecto o proposición de ley puede ser levantado por la Cámara Baja por mayoría absoluta o, si no se obtuviera, por mayoría simple en el plazo de dos meses. Además, el Senado no participa en la convalidación de los Decretos-Leyes elaborados por el Gobierno, como se puede observar en el artículo 86 de la Constitución.

Lo mismo ocurre en el procedimiento de investidura de la Presidencia del Gobierno: el Senado no efectúa actividad alguna en la elección del Presidente o Presidenta, tan sólo lo hace el Congreso, como estipula el tan de moda artículo 99 (es el que regula la disolución de las Cámaras en el caso de que ningún candidato a la Presidencia del Gobierno hubiera obtenido la confianza del Congreso en dos meses desde la primera votación de investidura, como ha ocurrido recientemente). El Congreso, por tanto, es el único que ha de votar al Presidente del Gobierno, sin que el Senado tenga ninguna competencia al efecto. Lo mismo ocurre con las dos formas de control extraordinario al Gobierno: moción de censura y cuestión de confianza. Dado que el Presidente del Gobierno no cuenta con la confianza del Senado, tan sólo puede removerlo el Congreso de los Diputados.

Sirvan estos dos ejemplos para mostrar la preeminencia del Congreso respecto del Senado, motivo por el cual en muchas ocasiones no se ha entendido su función –como es lógico, dicho sea de paso-, convirtiéndose en una Cámara casi insignificante bautizada, como muchos la han llamado, con el nombre de cementerio de elefantes.

Sin embargo, nuestra Cámara de representación territorial (como define al Senado la Constitución en su artículo 69), tiene competencias muy importantes en igualdad de condiciones que el Congreso. Por ejemplo, no se puede aprobar ningún Tratado Internacional de los previstos en el artículo 94 de la Constitución sin su consentimiento y, lo que es más importante todavía y lo que interesa en el momento político actual, para las reformas de la Constitución más significantes (lo relativo a los derechos fundamentales, la Corona o la revisión total de la Carta Magna) se necesita de mayoría de dos tercios en cada Cámara, según lo previsto en el artículo 168. Pero, es más, para cualquier otra reforma, se precisa de la votación de la mayoría absoluta del Senado en caso de que no se llegue a una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras previamente, como regula el artículo 167. Esto significa que cuestiones tan trascendentes que están encima de la mesa de debate como, por ejemplo, la ordenación territorial, no se podrían llegar a reformar si el Senado, en un momento dado, no tuviera la mayoría absoluta de sus miembros a favor.

El sistema electoral del Senado es completamente distinto al del Congreso de los Diputados. Como Cámara de representación territorial, cada provincia se reparte cuatro senadores (a excepción de las islas, Ceuta y Melilla y los senadores elegidos por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas), de los cuales podemos votar tan sólo a tres. El método de elección usa una fórmula mayoritaria, lo que quiere decir, en definitiva, que la candidatura más votada se lleva tres senadores y la segunda, uno. A pesar de que las listas al Senado son abiertas y los ciudadanos pueden votar hasta a tres candidatos de distintos partidos políticos, lo cierto es que se suele realizar un voto en plancha y votar a los tres candidatos de la misma opción partidista. Esto conlleva que, en las últimas elecciones generales el Partido Popular, con alrededor de un 30% de los votos, tuviera el 60% de los senadores.

Para reformar este sistema y también las competencias del Senado con el objetivo, entre otros, de convertirlo realmente en una Cámara de representación territorial con la importancia que se merece, como el Senado estadounidense o el Bundesrat alemán; es necesario reformar la Constitución. Por eso, la única forma de hacerlo es acabando con la mayoría absoluta del Partido Popular que domina desde hace décadas la Cámara Alta. La propuesta que ha realizado Podemos al Partido Socialista Obrero Español va encaminada a ello: conseguir candidaturas conjuntas en las provincias para superar al PP en número de votos y, así, llevarnos los tres senadores como lista más votada, frente a uno que obtendría la derecha. Es la única manera de evitar el posible bloqueo que los de Mariano Rajoy interpondrían en el Senado a cualquier reforma de la Constitución en un sentido de avances sociales y democráticos; y una propuesta ilusionante para todos los electores progresistas.

Durante esta campaña será muy necesario hacer pedagogía y explicar a la ciudadanía por qué el 26 de junio es tan importante emitir el voto correspondiente al Senado. La mayoría de reformas de enorme calado que necesita España pasan por conseguir desbancar al PP de su particular cementerio de elefantes para devolver esta institución a la gente y redimir la gran labor que durante décadas han hecho muchos senadores, pero que ha pasado desapercibida debido a la falta de voluntad política de darle la importancia que se merece a la Cámara Alta. Ojalá la propuesta realizada por Podemos pueda salir adelante y lo consigamos, todos juntos, con el diálogo necesario que ello merece.

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