De patética puede calificarse la comparecencia de la concejala de Educación, Infancia e Igualdad,  María Victoria Soto Olmedo ante los medios de comunicación, para explicar el uso irregular que ha realizado de la tarjeta del sindicato en la época en que era la máxima responsable de FETE-UGT de Castilla y León, después de haber negado que estaba siendo investigada por la Comisión de Garantías Estatal de la organización y decir que no había hecho "nada con ninguna tarjeta".

María Victoria Soto intentó justificar su impresentable comportamiento amparándose en dos informes que mandó fotocopiar a sus funcionarios en la propia concejalía, ninguno con el sello de registro de salida del sindicato. El primero, externo, encargado a una asesoría (h,s&a) que lleva fecha de 4 de marzo de 2016, en el que hay un error en el nombre de la hoy concejala. Este informe, dijo sin aportar ningún justificante, había sido encargado por ella, lo que es radicalmente falso.  Este informe, como otros elaborados, habían sido solicitados por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León una vez que se detectaron las irregularidades y ante la imposibilidad de resolver con la exsecretaria regional y la secretaria de Administración el pasado mes de enero.

Resulta llamativo que la copia del informe que facilitó María Victoria Soto a los periodistas llevase el sello del sindicato y la firma del anterior exsecretario general -Jesús Goicochea Torres, su sustituto- , que tuvo que dimitir, junto a toda la ejecutiva, a petición de la organización el pasado 31 de marzo.

El otro informe, del entonces secretario general del sindicato, de fecha 18 de marzo de 2016, con fotocopias de una serie de facturas del Banco Popular y de la asesoría externa , "certifica" en la primera página que la anotación de 23 de febrero de 2012 en Videoson "no se puede acompañar de la correspondiente factura por haberse extraviado en la documentación de la Federación y no poderse emitir copia de la misma por haber cambiado la empresa que gestiona el referido comercio. Sin embargo, dicho apunte, se corresponde con el tambor, disponible en la sede de la Federación Autonómica".

En las siguientes páginas aparece una serie de fotocopias de pagos y un ingreso de 379,68 euros, realizado el 15 de marzo de 2016, sin especificar correspondencia con ningún concepto. Sin embargo, sí aparecen facturas de dos IPhone y una tableta. A  María Victoria Soto se le preguntó en la rueda de prensa si había cumplido con el sindicato todas sus obligaciones (recursos materiales como económicos). Y la respuesta fue que sí.

La investigada Soto sabe que las facturas de sus gastos personales carecen de soporte, lo que evidencia, como mínimo una deficiente contabilidad. Y no vale trasladar la culpa a su amiga Elizabeth Lorenzo Fernández, responsable de Administración, a la que también culpó de los desfases de varios meses, desde que efectuaba un gasto personal y la fecha en que realizaba el reingreso de las cantidades al sindicato. Algo que no sucedió en el caso antes aludido, en el que la reposición fue subsanada por ella misma.

Otra 'curiosidad' de la comparecencia de Victoria Soto el lunes, convocada en el despacho de la Concejalía, fue la presencia de su marido -a quien dijo haber mandado a la sede del sindicato para devolver la tarjeta y abonar la última compra personal realizada con la misma, cuando ya no era secretaria regional-. Todo un ejemplo de correcto proceder.  Junto a su marido -que en abril causó baja a petición propia- se encontraban el lunes tres afiliados a FETE-UGT, uno de ellos: Roberto  Arroyo Martínez,  reconoció allí mismo, asintiendo con la cabeza,  haber recibido de la concejala el ofrecimiento -"solo de forma verbal"- para dejar la Universidad, pasar al Ayuntamiento y asumir el cargo de secretario de la concejala. Resulta difícil de explicar qué hacían los otros dos "compañeros de FETE", si María Victoria Soto había abandonado el sindicato días después que su marido.

Nada creíble resultaron las explicaciones ofrecidas por María Victoria Soto. Primero dijo: "Estoy muy tranquila. No he hecho nada con ninguna tarjeta",  para acto seguido amenazar con querellas a quien publicase algo (últimoCero día 25 de mayo) y cinco días después reconocer que existen (de momento) once operaciones irregulares que atribuye a la coincidencia de color de su tarjeta personal y la del sindicato. Todo porque es "muy despistada".

Una persona así, que se ha equivocado de forma reiterada con el dinero de las cuotas de afiliación, ¿es la idónea para desempeñar un cargo público en una corporación democrática? De momento, Ganemos Valladolid ya ha pedido su dimisión. Mientras, Valladolid Toma la Palabra y Sí se Puede guardaban silencio.  A requerimiento de este medio, María Sánchez (VTLP) ha manifestado hoy: "Se trata de un asunto entre UGT y Vicky. Tenemos los datos que ella nos ha dado en la Junta de Gobierno del lunes y que en su opinión aclara todo. Nuestro Código Ético no contempla la situación planteada, ya que creemos que el caso no se va a judicializar".  El PP fue el primero en solicitar que la concejala diera "explicaciones adecuadas" o en su caso que el máximo responsable municipal, Óscar Puente, las exigiese, "para que María Victoria Soto no quede en entredicho. De no ser así, Puente tendría que adoptar medidas cuanto antes en su Gobierno municipal". Pero para Óscar Puente el caso "tiene poco recorrido",  según declaró la pasada semana.

¿Qué sucedería si a María Victoria Soto se le pidiera dejar el Ayuntamiento y ella se negase? Se convertiría en el segundo concejal no adscrito y pasaría a sentarse a la vera de Jesús Presencio.  La actual mayoría se esfumaría.

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