Está en juego la gestión pública o privada del agua en Valladolid. En 2017 termina la concesión/privatización de la gestión del agua que el PP dio a Aguas Valladolid en 1997. Formamos parte del 55% de la geografía española donde los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, que son esenciales para la vida humana, han sido privatizados por el Partido Popular. Somos una excepción en Europa, donde la media se reduce al 30%, y a nivel mundial al 10%. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las empresas constructoras como FCC se han lanzado al negocio del agua, y ya acapara el 89% del mercado nacional. Han encontrado un terreno fértil para hacerse con la gestión de los recursos hídricos en unos municipios del sur de Europa ahogados por las deudas y con acuciantes problemas de tesorería. El resto lo acapara otra multinacional, la francesa Suez, a través de AGBAR y sus distintitas filiales, entre las que se encuentra Aguas de Valladolid. Y ello con la ayuda de la troika de Bruselas, que imponía un proceso privatizador de la gestión del agua, que por ejemplo en Grecia, Italia y Portugal, fue frenado por la contestación ciudadana.

La vía de privatización más implantada en nuestro país es la concesión de la gestión del agua a una empresa privada durante un largo periodo de tiempo, o, si ello puede suponer un coste político para el equipo de gobierno, la constitución de una empresa mixta. En ambos casos el control efectivo lo ejerce la empresa privada. Aquí no se privatiza porque el servicio sea bueno o malo, sino por el dinero que paga la empresa por hacerse por el servicio. Ese dinero – el canon concesional- se gasta por los alcaldes en partidas que no tienen nada que ver con el agua. El canon juega un papel de compra de voluntades, altera la decisión política, y la empresa se ocupa de “cuidar” a los cargos públicos: viajes, balnearios, congresos…. Directivos de Aquagest (Agbar) han sido acusados de sobornar a cargos públicos para conseguir contratos y de cobrar gastos falsos en Santiago de Compostela. En Asturias se investiga a varios alcaldes, a quienes Aquagest pagó viajes por valor de más de un millón de euros. También a cargo de Aquagest en 2010 el Presidente Cántabro y su Consejero de Obras Publicas disfrutaron con dos acompañantes de un Balneario de 5 estrellas. La multinacional que gestiona nuestro agua, a través de otra de sus filiales, COFELY, está implicada en las tramas Púnica, Gürtel y el caso Pokemon. Y ahora pongamos que hablamos de Valladolid.

Hoy la derecha se pronuncia por la gestión del agua mediante la constitución de una empresa mixta, que sigue siendo una gestión privada del agua. La participación del sector público es una escenificación, tenga el porcentaje que tenga, no existe diferencia en la práctica entre los modelos mixtos y los totalmente privados. Es mas y hablando con rigor, la constitución de una empresa mixta tiene aun más inconvenientes para los ciudadanos: en la gestión 100% privada, la responsabilidad completa la asume la empresa y, además “a riesgo y ventura”, es decir, que si gestiona mal, puede perder dinero, mientras que en la gestión mixta, la mayor responsabilidad la tiene el Ayuntamiento y los beneficios, que siempre los habrá –porque si hubiera pérdidas automáticamente se subirían las tarifas para enjugarlas-, se repartirían entre el Ayuntamiento y el socio privado. Pedro Arrojo, doctor de Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza e impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua, afirma basándose en los hechos, que hacer un seguimiento público de cómo se está gestionando una empresa mixta de gestión del agua se hace imposible, no existe ningún modelo mixto donde el Ayuntamiento este empoderado y tenga capacidad de regular. Y es que en la totalidad de los casos de empresas mixtas del agua las competencias de gestión recaen en el socio privado. Además las compañías cuentan con la protección que les otorga el derecho a la privacidad en la empresa para no tener la obligación de facilitar datos sobre determinados aspectos de su gestión. Por otro lado señalan los expertos que la necesidad de maximizar beneficios conlleva una desinversión en el mantenimiento de las infraestructuras y uno de los costes más directos para el ciudadano es el aumento de los precios del agua. Aigua es Vida, en un estudio reciente sobre la gestión del agua en Cataluña, concluye que los servicios privatizados encarecen una media del 25% la factura. En Huelva según los cálculos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y saneamiento (Aeopas) el precio del agua ha subido un 85% desde que se privatizo su gestión. Aguas de Jerez ganaba 9 millones de euros al año, con lo que en 25 años los beneficios superarían los 200 millones, pero el gobierno municipal del PP en 2013 optó por perder el control público sobre este servicio esencial de la ciudad, cediendo su gestión a FCC y en el primer año la factura se encareció un 11, 5%

Cada vez más ciudades en todo el mundo están recuperando la gestión pública del agua mediante. Todos los casos de gestión mediante una empresa pública al 100% han dado beneficios. No se trata pues de que los municipios recuperen la gestión y administración directa del agua, se trata de eficiencia y calidad y ello conlleva la constitución de una empresa pública del agua al 100%. En 2014 fueron 180 municipios. En 2010, Paris, el feudo de SUEZ, recuperó la gestión pública del agua. El primer año la empresa pública Eau de Paris ganó 8 millones de euros y rebajó las facturas un 8%. Actualmente esa rebaja ha llegado al 15%. Berlín, Nápoles, Hamburgo, Yakarta, Londres, Barcelona…todas están siguiendo el mismo camino. En el marco de la Iniciativa Agua 2015, muchas regiones están logrando el compromiso de los partidos políticos por una gestión pública del agua, transparente y participativa. En Cataluña siete fuerzas políticas unieron su firma a la campaña de abril. En el resto del Estado, el PSOE también se está adhiriendo al manifiesto. Tan solo PP y Ciudadanos se resisten a unir sus firmas a este pacto por la gestión pública del agua. Sus argumentos son los de las empresas privadas, presentados como cláusulas que se repiten en este tipo de contratos: El saber hacer, en virtud del cual se presenta la gestión como complejísima y con la necesidad de medios técnicos de los que solo dispone la empresa, aunque la realidad de los hechos niegue la mayor porque empresas publicas eficientes hay muchas. La exclusividad en las compras y subcontrataciones relacionadas con el servicio del agua, eliminando la concurrencia y la dinamización del mercado, ya que las empresas acaban adjudicando a divisiones de su mismo grupo y en ocasiones les puede suponer más beneficio que la propia gestión del agua, a la vez que monopolizan el mercado. Y periodos largos de contrato que tienen la misión de garantizar la irreversibilidad de la privatización. El resultado es la burbuja hídrica, un negocio garantizado que, además, dispone de clausulas de lucro cesante por si el siguiente equipo de gobierno decide recuperar la gestión pública del agua.

Y volvemos a Valladolid. Con un equipo de gobierno que enarbola la participación y la transparencia y la desprivatización de lo público. Un equipo que se dice anticorrupción, que pretende tomar distancias con las empresas corruptas. Se sabía de la empatía del Concejal de Hacienda con Aguas de Valladolid,- personaje singular que llama al Norte de Castilla cuando no le gustan sus informaciones-, pero lo que no podíamos imaginar es que Oscar Puente, pudiera, hace unos días en el Museo de la Ciencia, acompañado del Gerente de Aguas de Valladolid, pronunciarse a favor de una empresa mixta para la gestión del agua y señalar expresamente a la actual concesionaria del servicio de aguas como buena compañía. Todo cuadra. Parece que la cosa está cocida. No es solo que en los mentideros de FCC den por hecho la alianza Vallisoletana con SUEZ para una empresa mixta. La multinacional francesa también se ocupa de presionar y aleccionar a los trabajadores y del control de los medios de comunicación para preparar el terreno.

Mientras tanto nadie ha dado explicaciones a la ciudadanía del fraude de los contadores, es decir de los aproximadamente 7 millones de euros que pudiera embolsarse la concesionaria por la no renovación de los contadores cada 10 años transcurrida su vida útil. Tampoco nadie parece recordar que gracias a algunos funcionarios municipales, que después fueron penalizados con el ostracismo laboral, la ciudad recuperó con sentencias judiciales cantidades que superan los 6 millones de euros, por los incumplimientos de contrato de la actual concesionaria; tras lo cual cesó el control público de la gestión privada. Están pendientes de explicaciones públicas las sanciones por fraude, las facturas Fraude, o facturas SIF,- basadas en instrucciones internas del grupo - arbitrarias e ilegitimas y que la empresa ha impuesto a los vecinos hasta mediados de 2015, cobrando de manera irregular y sin autorización municipal cantidades abusivas y cuyo importe debe devolverse a los propios vecinos , que las pagaron indebidamente. Situación sufrida en los barrios más desfavorecidos, siendo paradigmático el caso del Barrio de Las Flores. Facturas SIF, al margen del Reglamento Municipal del Servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Valladolid, que con la llegada del nuevo gobierno municipal, en el mismo mes de junio de 2015, la concesionaria ordenó que dejaran de emitirse. Está pendiente de explicación pública el no funcionamiento o funcionamiento parcial de instalaciones dentro del EDAR, como el Secado Térmico de Fangos y la cogeneración, con el ahorro que ello supone para la concesionaria. Debería explicarse el uso de LABAQUA/ Agbar de las instalaciones de laboratorio de la ETAP de Las Eras que era el que tenia Aguas de Valladolid en dependencias municipales con equipos muy caros que se están utilizando para trabajos externos. En fin, la lista de explicaciones públicas pendientes es larga, alguien debería explicar o justificar por qué hay personal de Aguas de Valladolid con equipos municipales que están realizando trabajos para otros municipios diferentes de Valladolid o su alfoz, o para compañías de seguros como MAPFRE, o porque se cerró la oficina de Parquesol, o porque el Servicio de Atención al Cliente acaba a las 12 del mediodía y si con ello se ha garantizado una calidad mínima del servicio, etc., etc. El análisis y diagnostico de la situación del agua en Valladolid del actual equipo de Gobierno, en lo que se refiere a necesidades de inversión y personal, se nutre casi exclusivamente de los datos proporcionados por Aguas de Valladolid. La situación del personal no está clarificada. Hay personas que perteneciendo a la nomina de Aguas de Valladolid, no están sólo al servicio del contrato que tiene la concesionaria con el Ayuntamiento de Valladolid, como la responsable de relaciones institucionales, y otros que no perteneciendo a la plantilla de Aguas de Valladolid, ocupan las oficinas que se construyeron dentro de la nave donde se guardan los camiones CIS, en la ETAP de Las Eras. No ha existido, ni existe aún control e inspección alguna de la gestión privada de Aguas de Valladolid. Y todos los datos apuntan a que precisamente no es un buen compañero de viaje.

A partir de los hechos debe entenderse que criticar no es atacar, que denunciar no es agredir, contar la verdad no es violentar, que una opinión resulte molesta no significa que sea beligerante, y en este estado de cosas es necesario recordar al equipo de gobierno sus compromisos en sus programas municipales de 2015. Tanto VTLP como el PSOE prometieron la recuperación de la gestión pública del ciclo integral del agua. Ambos prometieron transparencia y buen gobierno. Ambos se comprometieron a realizar consultas ciudadanas directas sobre decisiones estratégicas o trascendentes, estableciendo mecanismos que garanticen la limpieza del proceso, y el control público al 100% de la gestión del agua de Valladolid es una decisión especialmente relevante para el futuro de nuestra ciudad. Nada lo impide. La actividad económica generada por el Ciclo del Agua en Valladolid, según los informes de los técnicos municipales, produce unos excedentes anuales de 10 millones de euros. Se trata de una actividad rentable con la que es perfectamente posible hacer frente a las inversiones necesarias para renovar y mantener las infraestructuras del ciclo del agua, sin tener que recurrir a financiación privada. Ni el Alcalde de la ciudad puede ir por libre, incluso de su propio partido, ni la Concejalía de Medio Ambiente y VTLP pueden permitir que se traspasen líneas rojas por sus socios de gobierno. Hagamos las cosas bien, sin prisa pero sin pausa: POR UNA GESTION 100% PÚBLICA DEL AGUA EN VALLADOLID, MEDIANTE LA CONSTITUCION DE UNA EMPRESA PUBLICA.

1 comentario

  1. Gracias Susana por poner luz y verdad sobre este tema. Creo que es importante que la gente sepa la realidad del negocio del Agua (Cómo se hace negocio con un servicio público y básico como es el Servicio del Agua).

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