Decía Cacicles en el primer libro de la República de Platón, dedicado todo él a glosar diversas concepciones de la justicia, que ésta no era más que la conveniencia del poderoso. Socrates dedica todo el famoso y extenso diálogo platónico a intentar desmontar tan cínica como realista visión de la justicia. La Audiencia de Palma dedica una menos extensa sentencia a dar credibilidad a una decisión judicial que choca con las convicciones del pueblo llano sobre la justicia y la relación de ésta con los poderosos.

Francisco Marhuenda, famoso tertuliano y cortesano de pro, afirma que los españoles somos cainitas e ignorantes y que hemos pretendido dilapidar a la infanta, difamándola y arrastrando su dignidad hasta exponerla ante la infamante experiencia de sentarse en los banquillos. Es curioso como opera intelectualmente la derecha cortesana española. Cuando el imputado (ahora investigado en la neolengua procesal del PP) es un miembro de determinado partido en el gobierno, la condición de investigado / imputado no reviste condición infamante alguna. Se trata de una garantía jurídico-procesal para garantizar la previsión constitucional de la presunción de inocencia. Cuando la que se sienta en el banquillo es una infanta del reino de España, la figura procesal garantista se convierte en una especie de condena previa y en una lapidación pública. Prescindiendo de la corrección de la sentencia, la cual ha sido puesta en cuestión por insignes procesalistas y penalistas, las reacciones sociológicas y políticas a la misma inciden en algunos de los males de nuestra sociedad actual: la desigualdad y la hipocresía.

Pese a que la prensa y la mayoría de la clase política han insistido machaconamente en que la sentencia ha demostrado a podemitas y antisistemas que el principio de igualdad rige en España, la realidad es justo la contraria. Ha quedado patente la tremenda desigualdad que existe en España entre los poderosos y quienes no lo son. La infanta ha contado con el apoyo expreso del presidente del gobierno (“ A la infanta le irá bien” pronosticó Rajoy), algo inaudito en un país que dice encarnar algo parecido a la división de poderes, con la inestimable ayuda de la fiscalía, empeñada en no defender tanto la legalidad como los intereses de la dinastia reinante en España, de Hacienda, que ha demostrado que en cuestiones tributarias la sangre azul no tributa de la misma manera que la roja y de una buena parte de la prensa española más interesada en frivolidades relativas a las intimidades de la pareja de acusados que en informar del proceso y de sus vicisitudes legales. Si algo ha quedado meridianamente claro con este proceso y ulterior sentencia es justamente lo contrario; que en España la igualdad es puramente formal y ornamental, que juzgar a la realeza es una quimera (La realeza nunca es inocente decía Saint Just) y que atreverse a cuestionar a la institución real en España no es cosa de antisistemas peligrosos sino de cualquier persona con un mínimo sentido de la ética y de la estética.

Una de la primeras cosas que le enseñan al estudiante de leyes es a olvidarse de esa cosa llamada justicia, demasiado subjetiva y emotiva (Kelsen), y sustituirla por una idea de derecho más objetiva, aséptica e impersonal , más positivista, que tanto sirve para dar carta de naturaleza a regímenes dictadoriales ( nazismo, comunismo soviético, franquismo) como a oligarquías representativas que se pretenden democracias. La justicia es cosa de filósofos y de no de juristas, más empeñados en presentar como derecho la pura retórica del poderoso.

La monarquía y todo lo que se relaciona con ella se fundamenta en la idea del privilegio y la desigualdad. La cuna y no el mérito o la capacidad determinan que una minoría de elegidos se sitúen por encima del resto de los mortales, ya sea por un presunto derecho divino o por una oscura genealogia que hunde sus raíces en orígenes remotos y legendarios. Durante buena parte de la historia de la humanidad, a muchos les pareció legítimo que hubiera una desigualdad tan flagrante y tan absurda. Cuando la democracia fue ganando terreno, la monarquía perdió poder efectivo y quedo circunscrita al boato y al ceremonial. Se pretendió hacer creer a la gente que el monarca no era más que el primer sevidor del estado, el titular de un órgano constitucional más. En el caso español la cuestión fue todavía más hipócrita, se hizo creer a la ciudadanía que la ley , sin el debido refrendo popular, podía convertirse en instrumento taumatúrgico que transformara una institución nacida en una dictadura en una institución compatible con la democracia. Tan demócratica es la monarquía española que en cuarenta años, pese a ser una institución supuestamente capital del estado, no ha tenido desarrollo legislativo popular que establezca los derechos y los deberes de sus titulares o los límites de su actuación. Parece poco democrático que una institución que se dice representativa de la ciudadanía sea tan poco transparente para esa ciudadanía que dice representar. Precisamente en eso consiste la hipocresia, como muy bien pone de manifiesto la etimología griega de la palabra “Hypo-Krites”, que quiere decir responder con máscaras. Es decir con opacidad. Justo lo que nos ha traído la sentencia de la infanta: más legitimación para la opacidad y la desigualdad.

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