Hay días que tienen nombre propio, que con frecuencia conocemos por las abreviaturas que se han popularizado en los medios de información. Muchos de ellos son días en los que han sucedido catástrofes como la caída de las Torres Gemelas, los atentados de Atocha, los atentados de Barcelona y Cambrils o el terremoto reciente de México, conocidos como el 11-S, el 11-M, 18-A o el 19-S, respectivamente. A esta lista hemos sumado ya el 1-O, fecha del referéndum ilegal de Cataluña.

El 1-O ha supuesto un cataclismo en la convivencia entre los españoles y los catalanes y entre los propios catalanes, que ha producido en Cataluña y en España unas heridas muy graves, de curación difícil, y ha puesto en riesgo a la democracia. Al hecho grave de que el parlamento y el gobierno catalanes hayan roto la constitución y el propio estatuto de autonomía de Cataluña, a la convocatoria de un referéndum ilegal y hasta al uso de la población, incluidos los niños, como escudos humanos colocados delante e incluso dentro de los centros de votación, se ha sumado la respuesta poco meditada y desproporcionada del gobierno de Rajoy, que a su inacción de tantos años ha sumado ahora, el día 1 de octubre, una respuesta políticamente ciega e insensata, que indudablemente ha supuesto una siembra todavía mayor de independentismo del que había sembrado ya durante su permanencia en el gobierno. El Don Tancredo Rajoy cayó en la trampa tendida por los independentistas de Cataluña: no ha sabido ver que lo que estaba -y está- en juego no es sólo “independentismo sí o no”, sino la existencia misma de la democracia y que la estrategia de los independentistas era y es la provocación y el juego tramposo, incluido el de los Mossos d’Escuadra. El nacionalismo puede ser una enfermedad infantil y un sarampión para la humanidad (decía Einstein), pero su cura exige talento político, sentido de Estado, mucho diálogo y acción ponderada, algo que ha faltado en España desde hace mucho tiempo y que ha faltado tanto a los nacionalistas catalanes como a los gobiernos del señor Rajoy y al Partido Popular. Se han roto los puentes construidos por los padres de la constitución, los gobiernos pasados y hasta -lo que es peor- los construidos por los ciudadanos que desde hace tiempo difícilmente pueden hablar, en Cataluña, con tranquilidad, mirándose a los ojos.

El nacionalismo, fundamento cultural y político del independentismo, utiliza una supuesta diferenciación cultural existente entre los diferentes grupos humanos como instrumento de ruptura de la universalidad encarnada en el concepto de nación que, más que ser el lugar en el que se nace, es -o debería ser- el lugar donde se vive en libertad. Pero el nacionalismo, es decir, el “sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia” (DRAE) es siempre centrífugo y rupturista, y no hay rupturas más dolorosas y de curación más difícil que las emocionales, y los sentimientos fervorosos se fundamentan en emociones y no en el conocimiento ni en la racionalidad. El sentimiento de pueblo, cuyas señas de identidad propia (Volksgeist le llamaron algunos filósofos –ideólogos del nacionalismo- como Fichte y Herder) se concreta, en un sentido restringido, en la geografía y en algunos elementos culturales como, por ejemplo, la lengua y en ciertas costumbres, delimita unas fronteras que lo separan de los demás y, aunque sólo sea emocionalmente, lo elevan sobre ellos. No hay nada más ajeno al cosmopolitismo que el nacionalismo. El nacionalista, en su visión egocéntrica de la vida, no se percata, como ya lo hicieron los epicúreos y los estoicos griegos allá en el siglo IV antes de nuestra era, de que la patria, el lugar del ciudadano, no se agota en las fronteras geográficas, siempre artificiales y lábiles, sino que se extiende a una visión cosmopolita de la vida.

Llevamos una temporada larga escuchando a los nacionalistas y a los independentistas catalanes que ellos vivirán y se gobernarán mejor solos -sin ser solidarios con los demás, aunque hayan tenido que recurrir a Madrid para poder pagar las deudas producidas por su mala gestión-. Respecto del futuro podemos imaginar lo que queramos pero, como decía David Hume, del futuro no tenemos impresión alguna. Aunque parezca extraño, muchos de estos independentistas son -que nadie se sienta ofendido- charnegos, es decir, inmigrantes en Cataluña procedentes de una región de no habla catalana (DRAE). No hay más que observar los apellidos de muchos de ellos, incluidos los miembros del Gobern. Los diez apellidos más frecuentes en Cataluña no son Pujol, Vila, Cubells, Pla o Raventós sino, por este orden: García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez y Ruíz (Institut d’Estadística de Catalunya -Idescat-, 2016). Es indudable que quienes emigraron a Cataluña se han afincado allí y, como es lógico, se consideran catalanes; pero el hecho de que a día de hoy haya en Cataluña 606.000 andaluces y 170.000 extremeños, que ya en 2011 hubiera 110.303 aragoneses, que hace años que se sabe que al menos el 60,3 por cien de la población catalana es inmigrante (Anna Cabré, Cent anys de singularitat demográfica, 1999) o que en 1959 Extremadura rozaba el millón y medio de habitantes, mientras Cataluña alcanzaba los tres millones ochocientos mil, y cincuenta años más tarde Cataluña doblara su población mientras que Extremadura superaba escasamente el millón de habitantes, debe hacernos reflexionar a todos, a los españoles en general y a los nacionalistas y a los independentistas en particular. La inmigración a Cataluña y a otros lugares de España se generalizó en 1959 con el Plan de Estabilización de la economía española del ministro Alberto Ullastres, Ministro de Comercio entre 1957 y 1965, y los Planes de Desarrollo vigentes entre 1964 y 1975 e impulsados por el Ministro de Planificación y Desarrollo Laureano López Rodó. Con esta migración comenzó la migración de las zonas rurales a zonas privilegiadas por el régimen de Franco, con la burguesía de algunas de las cuales, entre las que estaba Cataluña, la dictadura tenía deudas pendientes derivadas de su apoyo financiero a la guerra civil. A este hecho se añadía, en Cataluña y en Euskadi, el problema del nacionalismo, que el régimen franquista pretendió acallar con un flujo extraordinario de inversiones, procedentes fundamentalmente de los ahorros de los propios habitantes de las zonas pobres o menos desarrolladas de España, canalizados hacia ellas, más o menos soto voce, a través de la banca industria y comercial. Este privilegio y esta predilección ha continuado hasta nuestros días. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Castilla León, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura o Aragón. Esto deja bien a las claras al menos dos cosas: a) que los desequilibrios de la economía española, la diferencia en el reparto del PIB entre las diversas comunidades autónomas españolas y entre los ciudadanos -con Madrid (32.723), Euskadi (31.805) y Cataluña (28.590) a la cabeza en el reparto de la renta per cápita o, las últimas, Andalucía (17.651) y Extremadura (16.369 euros por habitante y año)-, que beneficia a las zonas que han recibido la migración interna desde comienzos de los años sesenta del siglo pasado, procede de la despoblación y el empobrecimiento de las zonas de las que procede dicha migración, lo que hace pensar que la riqueza de las comunidades autónomas más ricas procede del empobrecimiento de las demás, y b) que, si hay tantos independentistas entre los inmigrantes y sus descendientes, habrá que reflexionar sobre el uso que ha hecho el poder, en Cataluña, de los medios de información oficiales catalanes y afines al nacionalismo y sobre el propio sistema educativo, así como sobre la actividad desarrollada, por ejemplo, por instituciones catalanes como el Institut d’Estudis Catalans, fundado en 1907 por Enric Prat de la Riba, o por el Institut Nova Història. A quienes peinamos canas no se nos olvida el relato de la historia que nos tocaba estudiar y creer a pies juntillas en los años cincuenta, sesenta y setenta. No es fácil salir del sueño dogmático que producen los relatos históricos y culturales alejados del rigor de los hechos y los datos contrastados y tamizados por marcos ideológicos concretos e interesados.

En 1906 Enric Prat de la Riba, el primer presidente de la Mancomunidad de Cataluña (1914) publicó la obra de cabecera del nacionalismo catalán, La nacionalidad catalana, en la que proclamaba “Cataluña para los catalanes”. Hace pensar, y no poco, que ciento trece años más tarde este eslogan siga vigente sin que la universalización de la enseñanza, la difusión de la cultura, el aumento de la lectura, el crecimiento económico y del nivel de vida, la generalización de las nuevas tecnología y de los medios de comunicación, el turismo y la globalización, por ejemplo, no hayan sido capaces de desmitificar la vida, el pensamiento y los relatos históricos.

El nacionalismo catalán -todo nacionalismo- vive de la concepción rousseauniana que defendía la pertenencia de las personas -ciudadanos- a un grupo social definido como comunidad de vida, sentimientos y valores afectivos, y que esa comunidad de vida era el fundamento de la voluntad popular. El derecho a decidir que defiende el nacionalismo catalán, quiere equivaler al derecho que tiene el pueblo, o sea, su comunidad de vida, sentimientos y valores afectivos, a expresar su voluntad, decisión que los nacionalistas defienden como sinónimo de sujeto de la voluntad general, ignorando que el derecho a decidir, es decir, de autodeterminación, está previsto en el derecho internacional para los pueblos coloniales, que no es el caso de Cataluña, como ya ha dicho la ONU. Los nacionalistas ignoran, asimismo, que se es alguien, políticamente hablando, por mor del pacto constitucional, que han tenido y tienen autonomía gracias a la constitución, que la democracia se identifica con el Estado de Derecho y que su ruptura supone romper las reglas de juego que nos hemos dado, es decir, saltarse a la torera el Estado de Derecho, lo que sitúa a quien lo hace fuera de la democracia. Se ha hecho lo posible para romper los puentes; de hecho, es posible que estén ya rotos por la locura de unos, que han roto el pacto constitucional y hecho oídos sordos a las llamadas al diálogo y a la racionalidad y la convivencia, y por la incompetencia de otros, el gobierno de Rajoy, manifestada en su inacción y en una gestión política equivocada, entre otros casos, del día 1 de octubre. Este hecho desautoriza tantos al gobierno catalán como al de Madrid.

Necesitamos políticos con sentido de Estado, arquitectos líderes de la cosa pública sin prejuicios, cultos, dotados de inteligencia, con empatía y voluntad y capacidad de entendimiento. Necesitamos albañiles, gestores de la cosa pública con ideas, que sepan desarrollar proyectos y reparar grietas y fisuras. Los propios ciudadanos necesitamos crecer como ciudadanos, observar desapasionadamente la realidad, crecer en la cultura del diálogo y en capacidad crítica, que nos vacune de comulgar con ruedas de molino. Necesitamos otros líderes políticos, pues no nos valen quienes han contribuido a llevarnos adonde hemos llegado y, aunque indudablemente los hay, no se me antojan muchos en el arco parlamentario. Hasta es posible que tengamos que buscar ahora unos nuevos padres de la concordia, o sea de la constitución, que sean capaces de suturar el entramado roto con violencia por quienes se han saltado el Estado de Derecho o han dejado pudrir los problemas. Me temo que haya que buscarlos fuera del arco parlamentario, porque no estoy seguro de que los primeros espadas de la política española actual den la talla para acometer una tarea semejante. ¡Habrá que estar atentos!

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