PARA NO PEMANECER INDIFERENTES

Cuanto puede decirse sobre la manipulación de la historia, y concretamente de la historia de Cataluña, no sería relevante sin tener en cuenta la porosidad de los relatos y la capacidad de infiltración que tienen en la sociedad través de su publicación, los actos públicos y la educación. Este hecho plantea un problema muy serio porque la sociedad se conforma y se configura conforme a la educación que recibimos y tenemos los ciudadanos. Si la educación ha de servir para algo, ha de ser no para adoctrinar sino para ayudar a que los niños, los jóvenes y las personas en general desarrollen lo más posible sus capacidades intelectuales, sociales y morales, para que crezcan como personas, se inserten en la sociedad como ciudadanos libres y responsables, y contribuyan al crecimiento de la misma en todos los ámbitos de la vida. Pero la libertad se construye y crece con y desde el amor a la verdad y jamás con y desde la manipulación y desde las consecuencias que produce. Por lo que, para ayudar a que los demás crezcan como personas libres y responsables, es preciso que quienes tienen capacidad pedagógica sobre los demás, es decir, los maestros y profesores, los intelectuales, los escritores, los artistas, los padres, los políticos, los periodistas, los publicistas y cuantos influyen sobre los demás de manera más o menos directa, ellos mismos sean libres y responsables. Para poder actuar con libertad y responsabilidad es condición necesaria que se hayan despojado de los “ídolos” de los que hablaban Francis Bacon y Max Scheler.

Sin embargo, los hechos vividos en Cataluña al menos desde septiembre pasado, y que han puesto de manifiesto lo que sucede en las aulas de muchos colegios, institutos y universidades catalanes, deben hacernos reflexionar a todos, catalanes y no catalanes, sobre el valor de la educación y sobre la responsabilidad que tienen las personas que tienen capacidad de influencia sobre las demás.

Si los hechos que han saltado a la prensa desde septiembre pasado, que denuncian cómo en ciertas aulas se adoctrina a los niños, fueran anecdóticos, pensaríamos que para corregir estas desviaciones bastaría con la intervención de la inspección de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación catalana; sin embargo, cada día saltan a la prensa más noticias de este tipo, que inducen a sospechar que el problema del adoctrinamiento en las aulas catalanas existe y que ha adquirido una entidad preocupante. Confirma esta sospecha la lectura de los informes y denuncias del sindicato catalán de profesores AMES [Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (www.ames-fps.com)], en los que encontramos información que abunda y profundiza en este problema. En su página web, junto a información y denuncias sobre la manipulación que se produce en las aulas, encontramos un informe amplio y detallado titulado “Adoctrinamiento ideológico partidista en los libros de texto de Cataluña, de la materia ‘Conocimiento del medio’ (Geografía e Historia, Ciencias Sociales) de 5º y 6º de Primaria, del curso 2016-2017” (http://www.ames-fps.com/adoctrinamiento_libros_sociales_5y6primaria_cataluna.pdf). Sorprende que, a pesar de las evidencias denunciadas, ninguno de los libros de texto analizados haya sufrido intervención ni reprobación alguna de la Administración sobre su contenido concreto. En dicho informe se denuncia, entre otras cosas: la reducción de los contenidos correspondientes a la Historia de España, hasta hacerlos irreconocibles, mientras que los alumnos catalanes estudian los contenidos establecidos por la Consejería de Educación de Cataluña, que ocupan la práctica totalidad del currículo; en muchos de ellos se subrayan en exceso las diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España, mientras que se reduce o se ignora lo que los une; los planteamientos de estos libros propician que en los alumnos se generen sentimientos de “rechazo, cuando no de odio, hacia lo español y aversión a poder compartir un mismo proyecto de futuro”; faltan referencias a entidades o normas compartidas, como, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, la constitución o el gobierno de España; se denuncia, asimismo, que el Ministerio de Educación carece de los mecanismos necesarios para controlar que en los centros educativos sólo se enseñe lo que está establecido por la constitución y en las leyes generales de educación, y que “la Alta Inspección ha estado frenada por el propio Ministerio de Educación en su actuación frente al adoctrinamiento ideológico partidista […]”; que el resultado de este modelo educativo ha supuesto el crecimiento incesante “del número de jóvenes indignados, por los mensajes que han recibido sobre las relaciones entre Cataluña y el gobierno de España, que están deseosos de acabar con esta situación”. Como consecuencia de ello, AMES pide en este informe que haya “evaluaciones externas con efecto académico al final de la Primaria y al final de la ESO, que deben ser las mismas para todas las Comunidades Autónomas, aplicadas y corregidas por funcionarios dependientes directamente del Ministerio de Educación”.

En el caso de Cataluña y, conforme al informe del sindicato AMES, encontramos libros que tratan por ejemplo del medio natural y cultural -alguno, por ejemplo de 5º de Primaria- que dedica únicamente sus contenidos a Cataluña, ignorando el resto de España; en los de otra editorial de 5º y 6º de Primaria, que trata de la misma materia, se dedican treinta y cuatro páginas a Cataluña y cuatro a España. Esta es la tónica general de los libros de texto de Primaria dedicados al estudio del medio natural. Hay libros de texto para alumnos de 11 y 12 años que silencian que, cuando el President Macià proclamó desde el Palau de la Generalitat la República Catalana (1931) incumplía las leyes del Estado Español o que cuando Lluís Companys proclamó unilateralmente el Estado Catalán (1934), el Estado suprimió la autonomía catalana, lo que supuso un enfrentamiento policial que produjo 40 muertos.

A estas denuncias se suma la de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), cuyo presidente, José Moyano, ha denunciado en el Congreso (8/05-2017) que reciben presiones para ajustar los contenidos de los textos a los decretos autonómicos, hasta el extremo de que “en una misma comunidad autónoma, al tener que ir a una consejería de Educación, me han pedido que se trate el contenido de una manera o de otra cuando ha habido alternancia política. Eso ha ocurrido por parte de la Consejería de Educación y en función de la alternancia política. Hemos tenido en algunas comunidades que retirar libros en un momento determinado y cuando ha habido cambios políticos nos han pedido que se vuelvan a restablecer”. Al mismo tiempo, encontramos en la prensa nacional noticias y declaraciones muy graves a este respecto, junto a denuncias presentadas ante los juzgados por padres de alumnos, que denuncian la manipulación que sufren sus hijos en las aulas. Hace reflexionar, además, la manera de convocar las huelgas de estudiantes ocurridas recientemente en Cataluña, cuyas manifestaciones han sido secundadas de manera masiva por estudiantes menores de edad.

En el ámbito de las responsabilidades, la competencia para supervisar libros de texto es de las comunidades autónomas y el Gobierno se escuda en que únicamente puede intervenir si existe una denuncia previa. Sin embargo, si bien corresponde a las comunidades autónomas velar por el cumplimiento de la ley, es responsabilidad del Ministerio de Educación velar por que las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas la cumplan, máxime cuando desde hace mucho tiempo se conoce lo que sucede con los libros de texto.

Estos hechos y las denuncias presentadas plantean muchas dudas sobre el rigor y el sentido de la responsabilidad con los que procede el gobierno catalán, crean sospechas fundadas sobre la posible intención adoctrinadora de algunas consejerías de educación, al mismo tiempo que platean dudas muy serias sobre la labor de coordinación y control de los que es responsable el Ministerio de Educación. Si, por poner un ejemplo, la inspección de Hacienda actúa por iniciativa propia y revisa las declaraciones del I.R.P.F. de manera sistemática y sin que haya habido sobre ninguna de ellas denuncia alguna, ¿por qué no actúa de la misma manera la Alta Inspección Educativa? ¿Por qué no lo hace motu proprio? ¿Por qué no es proactiva en su actuación? La responsabilidad no sólo se circunscribe a lo ya hecho sino también que también se tiene responsabilidad in vigilando. En otro orden de cosas, hay universidades como, por ejemplo, ha hecho recientemente la de Valladolid, que se quejan de que alumnos procedentes de comunidades autónomas, que obtienen unos resultados malos en el Informe PISA, ocupan las plazas de las carreras más demandadas y con “númerus clausus”, por ejemplo, medicina, y desplazan a los alumnos de aquellas comunidades, como sucede en Castilla y León, cuyos alumnos obtienen buenos resultados en dicho Informe, para acabar muchos de aquéllos abandonando los estudios. Estos rectorados denuncian que hay comunidades autónomas en las que se inflan las notas de los alumnos de bachillerato con el resultado ya denunciado.

La conclusión de todo esto lleva a ver la necesidad de que: 1) el Ministerio de Educación actúe a través de la Alta Inspección Educativa y sin denuncia previa, de manera sistemática y por iniciativa propia, que actúe in vigilando; 2) en aras de la igualdad de oportunidades así como para garantizar el rigor científico, la equivalencia de los contenidos que se imparten en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, o sea, en la antigua enseñanza no universitaria, y la equidad en el proceso evaluador se reconsidere el carácter y los contenidos de las transferencias en materia de educación e incluso el Ministerio de Educación se replantee la recuperación de las transferencias educativas, dejándolas, en su caso, al nivel de una descentralización administrativa; 3) los intelectuales, los investigadores y los docentes deben ser conscientes de su responsabilidad y de los límites de sus funciones, entre las que se excluye, como es lógico, la manipulación, ya sea de los contenidos que imparten, ya sea en el plano ideológico, político o religioso y el trato de favor que excluye la equidad y el principio de igualdad de oportunidades; 4) las administraciones públicas deben ser celosas en la gestión de los recursos públicos y deben no ayudar ni subvencionar a ninguna persona u organización que plantee o haya planteado dudas sobre sus fines o sobre el recto proceder intelectual de sus miembros.

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