No hay duda alguna: la táctica independentista ha sido una estrategia en la cual, sin contar con la mayoría suficiente de apoyo ciudadano –y el parlamentario es discutible, porque ni siquiera alcanzaban el 60% de los escaños-, han atropellado los derechos de las minorías y usado su “rodillo” absoluto, tantas veces criticado cuando lo han utilizado otros en el ámbito estatal. Además de la inconstitucionalidad de las leyes que han pretendido sostener el “referéndum” del 1 de octubre y la “transición” hacia la república catalana, la actuación política de los partidos que apoyan el procés ha sido ilegítima y se han saltado todas las reglas de un Estado democrático y de Derecho, en lo que considero una errada táctica por su parte. Desde luego, tampoco se puede compartir la manera en la que ha actuado el Gobierno español, que ha permanecido impasible durante años sin resolver un problema que cada vez se hacía más grande, hasta llega al día de hoy.

Este artículo parte de la premisa anterior, pero quiero llamar la atención sobre algunos de los argumentos que más pueden llamar la atención del auto de la Magistrada Lamela por el cual ha acordado la prisión provisional del ex Vicepresident y varios ex Consellers del Govern de Cataluña.

Es difícil de explicar en pocas líneas los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para decretar la prisión provisional pero, muy resumidamente, entre ellos se encuentra que, con dicha medida, se pueda asegurar la presencia del investigado, evitar la ocultación o destrucción de pruebas o que aparezcan indicios suficientes por los cuales se pueda considerar culpable del delito por el que se le acusa al encausado.

Antes de entrar a ello, se puede discutir la posible lesión del derecho a una defensa, dado que, desde el momento de la citación hasta la declaración, apenas pasaron 24 horas. Un tiempo poco razonable para preparar una defensa sobre delitos tan graves como el de sedición, del que se acusa a estas personas. No creo que se pueda afirmar tan tajantemente que no se ha producido indefensión, como hace el auto al que me estoy refiriendo.

En cuanto a la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha dicho en varias ocasiones que se trata de una medida encaminada a prevenir la sustracción de la Administración de justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva. Como muy bien apunta la jueza, en este caso hay que ponderar dos intereses muy importantes en juego: la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado, y la realización de la Administración de la justicia penal, por otro.

Para que se cumpla el tipo penal de la sedición, el Código Penal exige que los posibles reos de este delito se alcen pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Es decir, se han de cumplir ambos requisitos, no sólo uno de ellos: que sea público y tumultuoso.

En relación con lo anterior, en el auto se estima que existen motivos bastantes para estimar criminalmente a todos los encausados, debido a que existía una “ejecución de un plan preconcebido” para la independencia. Para sostener esta afirmación, se hace alusión constante a programas políticos, no sólo de partidos nacionalistas que defienden la independencia, sino de asociaciones como Ómnium y Asamblea Nacional Catalana, refiriéndose a varias sentencias del Tribunal Constitucional. Parece olvidar la jueza (¿deliberadamente?) que el propio máximo intérprete de la Constitución, en su sentencia 42/2014, dijo que el derecho a decidir era un fin perfectamente legítimo y que no iba en contra de la Constitución, siempre y cuando se reivindicara dentro de los cauces legales y constitucionales establecidos. En dicha sentencia se afirma que este derecho “no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el derecho a decidir”. Por tanto, siempre desde mi opinión, no se puede argumentar para tomar una medida tan grave que los partidos nacionalistas y otras asociaciones tenían un programa en el cual se incluía la consecución de una Cataluña independiente, lisa y llanamente porque ello va en contra del derecho de libertad de expresión, como dice nuestro Tribunal Constitucional, y porque nuestra democracia no es una democracia militante y se puede reformar la Carta Magna en su totalidad. Cuestión distinta es que, luego, los independentistas hicieran caso omiso de las resoluciones del Tribunal Constitucional de septiembre de este año. Pero los programas o documentos políticos de un partido no pueden servir de parámetro de enjuiciabilidad.

Asimismo, se argumenta que se auspició a los “movimientos populares a crear un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado parar propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para permitir, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de las fines independentistas”. A parte de que esta no deja de ser una opinión marcadamente política, es, cuanto menos, sorprendente, que de la manifestación de una jueza se desprenda que no se pueden realizar movilizaciones que respalden fines que, aunque no estén previstos en la Constitución, se puedan alcanzar lícitamente. Por ejemplo, la mayoría de partidos políticos llevan en sus programas la reforma de la Constitución y se han organizado muchas reuniones y manifestaciones para solicitar esta reforma y no por ello es una actuación ilegal. A mayor abundamiento, incluso, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ha reiterado que el mero hecho de organizar manifestaciones no es un motivo para prohibir su celebración y que prevalece el derecho de reunión y manifestación. Por eso mismo tampoco es razonable que, posteriormente, la jueza aluda al apoyo a la huelga realizada el 3 de octubre, porque es un derecho recogido en nuestra Constitución que se puede realizar por cualquier motivo.

En cuanto a la Declaración Unilateral de Independencia, se da por sentado que se declaró en la última sesión celebrada en el Parlament. Yo lo pongo en duda. Lo que se votó es una propuesta de resolución en la cual se instaba al Govern de Cataluña a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. Desde luego, esto es inconstitucional, dado que la ley ya se había declarado como tal; pero no se puede decir, a mi juicio, que esta sea una declaración de independencia cuando, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha manifestado que estas propuestas de indirizzo político no vinculan jurídicamente a ningún Poder estatal o autonómico, sino que simplemente son propuestas políticas y el no cumplimiento de éstas acarrea ese tipo de responsabilidades, nunca jurídicas. No hay, por tanto, una declaración solemne de independencia por parte del Parlament ni se promulga ninguna norma que lo haga.

Por último, y quizás lo más grave. Se argumenta que existe riesgo de fuga de los querellados debido a su poder adquisitivo y riesgo de destrucción de pruebas que ponga en riesgo el proceso. Me surgen varias preguntas. La primera: ¿cómo se puede sostener que existe riesgo de fuga cuando las personas que fueron a declarar a la Audiencia Nacional lo hicieron por su propia voluntad y existen otras que no acudieron? ¿No existen otras medidas menos lesivas, como la retirada de pasaporte, para que estas personas no puedan sustraerse a la acción de la justicia? ¿Unas personas que están vigiladas las 24 horas por los medios de comunicación tienen tan fácil huir? Sobre la destrucción de pruebas: si ya se está aplicando el artículo 155 de la Constitución y el propio Gobierno español ha dicho que no se había ofrecido resistencia por el Govern y ninguno de sus miembros se encuentran en sus anteriores responsabilidades, ¿cómo se pueden destruir pruebas? ¿No existen ya pruebas suficientes de que los independentistas no han cumplido los dictámenes del Tribunal Constitucional?

En definitiva, aunque esta sea una decisión de la justicia, sorprende que no se hayan tomado las mismas providencias para con los miembros de la Mesa del Parlament (que enjuicia el Tribunal Supremo). Políticamente no es muy sensato, dado que no hace sino fomentar un mayor apoyo a su causa que no vendrá nada bien para aquellos partidos que defienden la permanencia de Cataluña en España en las elecciones autonómicas de finales de diciembre.

Pero, en todo caso, y para concluir, lo que es más preocupante es que organizaciones que protegen los Derechos Humanos como Amnistía Internacional hayan puesto su mirada en nuestro país para denunciar que dichas medidas son desproporcionadas y “constituyen restricciones excesivas en su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Solamente este hecho debería hacernos reflexionar sobre lo que está ocurriendo actualmente.

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