He tenido la oportunidad de analizar someramente los dos anteriores autos, de la Audiencia Nacional primero, del Tribunal Supremo después, (de ahí el nombre de este nuevo texto) relacionados con los miembros del ex Govern y de la Mesa del Parlament.

Tras la asunción de la causa en su totalidad por el Tribunal Supremo, el juez Llarena ha dictado una nueva resolución en la cual se acordaba la prisión provisional sin fianza para los Jordis, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Mientras, los demás miembros del ex Govern ya están en libertad tras haber prestado la fianza de 100.000 euros para salir de prisión, aunque tendrán la obligación de comparecer semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña u otros que ellos mismos convengan y tienen prohibida la salida del territorio estatal, para lo cual se les ha retirado los pasaportes.

Caben dos lecturas muy rápidas que se extraen del pronunciamiento del juez Llarena. La primera, es claro que las medidas que había decretado la Audiencia Nacional eran muy poco proporcionales y de ahí esta nueva resolución que ha posibilitado la salida de prisión de varias de las personas encausadas. La segunda, llama la atención que no se haya tomado la misma decisión para todas ellas, aunque ya para los miembros de la Mesa del Parlament hubo un tratamiento diferenciado, en consonancia con su responsabilidad en la realización de los hechos que podrían llegar a ser delictivos.

Desde luego, el auto del Tribunal Supremo, haciendo una primera lectura del texto, es mucho más fundado y riguroso que el de la Audiencia Nacional, pero quiero llamar la atención sobre ciertos pronunciamientos que rayan lo político.

Para justificar que puede haber un delito de rebelión (donde ha de mediar violencia) y, además, posible reiteración delictiva, se argumenta la existencia de un documento denominado Enfocats en el cual se aludía a que “como último recurso deberá generarse un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano”, añadiéndose que “se ha de comenzar de una manera lo más conservadora posible y se habrá de ir incrementando el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado”. Asimismo, el juez instructor coincide con los demandados en que el civismo acompañó a los manifestantes que apoyaban la independencia, pero además también afirma que “se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba a expandirse”, hechos liderados por los Jordis.

La anterior argumentación parece ser más política que jurídica. De nuevo se enjuicia bajo unos parámetros de un documento político y se le da más fuerza a éste que a la declaración de los investigados, que han dicho que acataban la aplicación del art. 155 CE y que, aun sin renunciar al objetivo de la independencia, su táctica sería distinta y siempre bajo los cánones legales y constitucionales. Asimismo, se da más importancia a unos hechos aislados violentos que a la generalidad del pacifismo que imperó durante las movilizaciones. Es como si se quisiera generalizar los actos violentos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (que, efectivamente, los hubo), pero no fue la actuación general de estos Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre. Incluso, más adelante, se realiza una afirmación, cuanto menos, sorprendente, en la que parece que se responsabiliza a las personas procesadas de los actos violentos protagonizados por Policía y Guardia Civil porque lideraron manifestaciones en las que se “constituyeron murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo recular en ocasiones a los cuerpos policiales (…) o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo”. A mi juicio, estas son afirmaciones más subjetivas que objetivas. De la misma forma se dice que “aunque la mayor parte de los ciudadanos reunidos iban a actuar únicamente impulsados por su convencimiento ideológico y que estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de agresión o violencia, se iban a infiltrar necesariamente numerosos comportamientos agresivos”. Algo, de nuevo, más bien subjetivo.

Además, también se alega como elemento para diferenciar la decisión del auto, que los Jordis, Oriol Junqueras y Joaquin Forn lideraron estas movilizaciones por formar parte del Comité Estratégico que mencionaba el documento Enfocats y que, por tanto, -al igual que sucedía con la Presidenta del Parlament- tienen una posición de mayor responsabilidad que el resto de investigados.

Por todo lo anterior, se afirma que puede existir riesgo de reiteración delictiva y que, debido a la gravedad de los hechos, “se exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real” para que a estas personas se les pueda modificar las medidas cautelares de prisión provisional sin fianza.

Pienso que, si bien es cierto que parto de la base de que el auto del juez Llarena es mucho más fundado en Derecho, en estos aspectos se equivoca y realiza un juicio más subjetivo que objetivo, errando en la decisión final sobre las personas que aún siguen en prisión.

Desde una visión ya más política, desde luego, esta decisión dificulta la campaña de las elecciones catalanas que, ya de por sí, por cómo se han convocado, son anómalas. El hecho de que varias personas candidatas estén en prisión no es bueno para la democracia. Creo que existen medidas más proporcionales, como las que se han dictado para los demás miembros del ex Govern y de la Mesa del Parlament, que permitirían un escenario de mayor normalidad tan necesario para las elecciones del 21-D en Cataluña.

 

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