La situación política catalana conlleva que los constitucionalistas (juristas que nos dedicamos al Derecho Constitucional) estemos en el punto de mira. Principalmente los letrados del Parlament, cuya labor imparcial muchas veces es criticada por uno y otro bando. Su actuación está siendo vigilada con lupa.

La última tarea que tienen encomendada es la de estudiar si ha comenzado a correr el plazo de dos meses para la disolución automática del Parlament y posterior convocatoria de elecciones. Lo mismo sucedió en el Estado tras la no investidura de Pedro Sánchez en la conocida ya como legislatura fallida.

Antes de entrar a valorar lo anterior, quiero poner de relieve que la mayoría de Comunidades Autónomas regulan de una manera especial la obligatoriedad de que el candidato propuesto por el Presidente de la Cámara se someta al debate de investidura. Como recordarán, esto es algo que no sucede en el Congreso de los Diputados. Gracias a ello, Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados, alargó sine díe la convocatoria del debate de investidura del, por aquel entonces, candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. Ello, además, supuso una intromisión clara del Poder Ejecutivo en el Legislativo, ya que Ana Pastor estaba a la espera de los dictados del Gobierno para convocar ese debate. Hasta tal punto lo anterior fue así, que Mariano Rajoy llegó a amenazar con no presentarse a la investidura una vez había aceptado el encargo del Jefe de Estado (algo que impide la Constitución). Podría haberse dado el caso de que el Gobierno en funciones hubiese alargado de manera indefinida la situación hasta que el Presidente del Gobierno hubiera querido.

Pues bien, lo anterior no ocurre en numerosas Comunidades Autónomas, como en Cataluña (también en Castilla y León). En el caso de la comunidad catalana, se establece un plazo de diez días para convocar la sesión de investidura desde que se constituye el Parlament. El problema ahora es que, aun habiéndose convocado, la sesión se ha tenido que suspender porque el candidato a la Presidencia no podía estar presente en el debate. Se han seguido, así, las indicaciones formuladas por el Tribunal Constitucional.

A raíz de lo anterior lo que muchos se preguntan es, por tanto, si ha empezado la cuenta atrás de dos meses para la disolución automática del Parlament, en el caso de que el candidato no fuera investido. Pero, si vemos lo que dice el Estatut de Autonomía de Cataluña, parece que no se puede afirmar lo anterior puesto que el plazo de dos meses comienza a contar desde la primera votación de investidura (artículo 67 del Estatut). Y esta primera votación no se ha producido.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que pueda haber, de nuevo, elecciones anticipadas en Cataluña. Hay que recordar que las medidas dictadas por el artículo 155 de la Constitución (a mi juicio, constitucionalmente excesivas, puesto que este artículo solo permite dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas para que cumplan las medidas que haya acordado el Senado, no ocupar su lugar) siguen vigente. Así, en cualquier momento, el Gobierno de España, cuyo partido es el que menos representación tiene en el Parlament, podría disolverlo y convocar elecciones.

Por tanto, como todo lo relacionado con esta crisis política, habrá que ver qué deparan los próximos días, pero está claro que, a no ser que los Grupos Parlamentarios mayoritarios en la Cámara propongan a otro candidato, de nuevo, estamos ante un problema que nunca se había dado en nuestro sistema constitucional y parlamentario. La única conclusión a la que llego de todo esto es la siguiente: a los letrados del Parlament de Cataluña habría que subirles el sueldo.

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