Este fin de semana el Partido Popular ha elegido a su nuevo Presidente: Pablo Casado. Entre otras medidas, ha propuesto un cambio en la ley electoral, sin que –a su juicio- sea necesario modificar la Constitución para que el partido ganador obtenga una prima de 50 escaños en el Congreso de los Diputados; o que los partidos políticos independentistas puedan ser ilegalizados.

Para una persona tan sobresaliente, capaz de aprobar en un verano la mitad de la licenciatura en Derecho, parece que debería repasar sus apuntes de Derecho Constitucional. Estas dos medidas propuestas por Casado son radicalmente inconstitucionales. Y es muy importante que un partido que defiende a capa y espada la Constitución, como es el Partido Popular, sepa el contenido de nuestra Carta Magna.

Primero, el artículo 68.3 de la Constitución estipula que el sistema electoral que ha de regir en nuestro país ha de atender a “criterios de representación proporcional”. El problema de nuestra ley electoral no es tanto la denostada fórmula D’Hondt, sino el tamaño de la circunscripción. Por ejemplo, en Castilla y León, con un simple cambio en la fórmula electoral a otra más proporcional, sin necesidad de modificar la circunscripción provincial, cambiaría mucho el arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León, algo que he tenido la ocasión de analizar en otros lugares. Eso, sin embargo, no sucede en el ámbito del Congreso de los Diputados, donde los escaños a repartir en las provincias con poca población son muchos menos.

La propuesta que hace el nuevo Presidente del Partido Popular modificaría también la distribución de escaños en el Congreso, como ya ha señalado el profesor Presno Linera. Sin embargo, dicha modificación es simplemente imposible sin que se revise el precepto constitucional indicado en el anterior párrafo. Esta reforma haría que nuestro sistema electoral pasase a ser mayoritario, algo que impide la Constitución. Además de ser una propuesta, cuanto menos, poco democrática.

Por otro lado, el señor Casado parece olvidar que nuestro país no es una democracia militante, sino una democracia procedimental. Quiere ello decir que, a diferencia de otros lugares como Alemania (donde se prohíben los partidos que pretenden una modificación de la Constitución en un sentido no democrático) o Italia (en el que la forma de Estado republicana es irreformable) –democracia militante-, nuestra Norma Fundamental permite que se reforme cualquiera de sus preceptos, incluso impulsar un proceso constituyente.

Así, el artículo 168 de la Constitución constitucionaliza el poder constituyente y acepta una revisión total de la Norma de Convivencia de los españoles. Esto significa que no se puede ilegalizar ningún partido que proponga cualquier cambio constitucional (como los partidos republicanos o nacionalistas), siempre y cuando ello se defienda a través de medios democráticos –democracia procedimental-. Hasta tal punto lo anterior es cierto, que el propio Tribunal Constitucional ha mantenido que el derecho a decidir que proclaman los partidos nacionalistas en Cataluña es un fin legítimo y legal, que cabe en nuestro ordenamiento constitucional, siempre y cuando se proponga a través de los medios previstos en la ley y en la Constitución (STC 42/2014).

En definitiva, para un alumno aventajado y brillante como Casado, firme defensor de la Constitución, debería pensarse dos veces sus propuestas si no quiere ser tan inconstitucional como aquellos que pretenden modificar el orden territorial en España de manera unilateral.

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