Siguiendo la senda de la Ciudad del Golf de Ávila, la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València o Eurovegas en Madrid, la Ciudad del Bienestar y la Salud de Metrovacesa en Aldeamayor de San Martín resucita la fórmula de una impostada nueva urbe como trampantojo de la especulación urbanística, a veinte kilómetros de la ciudad de Valladolid.

Este disparatado complejo inmobiliario, con 1.440 viviendas y 26.000 plazas asistenciales sobre 300 hectáreas rústicas colindantes con un espacio de la Red Natura 2000, al sur de la capital vallisoletana, disfraza su inconsistencia en cifras apabullantes de más de tres dígitos (2.700 millones de euros de inversión, 24.000 puestos de trabajo), para engatusar a ingenuos y reclutar políticos oportunistas.

La historia comienza en 2003 con la clasificación de los terrenos como suelo urbanizable no delimitado, al calor de la Ley del Suelo de Aznar que tantas alegrías dio a los especuladores y tantas desgracias nos ha traído a los demás, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Como antecedente, Metrovacesa ya había conseguido que en 1990 la Junta de Castilla y León aprobara en otros suelos colindantes la urbanización “Aldeamayor Golf”, 2.200 viviendas con su correspondiente campo de golf sobre 220 hectáreas de un municipio agrícola que entonces apenas rebasaba los mil habitantes. La denominación original del proyecto, “Las Cigüeñas”, manifestaba los valores ecológicos de un singular humedal hoy protegido que ha sido parcialmente urbanizado.

En una segunda etapa de su negocio estrella en Valladolid, Metrovacesa promovió aneja a “Aldeamayor Golf” la urbanización “Camino de Santa María”, cuyas 5.000 viviendas fueron tumbadas por el Tribunal Supremo en 2015, a instancias de Ecologistas en Acción, no sólo “porque las previsiones en materia de crecimiento en el número de viviendas sean materialmente irreflexivas, ilógicas o contrarias al bien común, sino por una razón conexa a ellas […]: la falta efectiva de razón o necesidad -de especificación del interés general, en suma- que impulse a la Administración a dar vía libre a esa decisión, que prácticamente triplicaría la población del municipio”.

Transcurridos apenas seis meses del contundente pronunciamiento judicial, Metrovacesa volvió a la carga con un nuevo proyecto que reduce de 5.000 a 1.440 las viviendas previstas pero casi duplica la edificabilidad privada, de 750.000 a 1.334.000 metros cuadrados, incorporando diversos usos terciarios con hasta 26.000 plazas asistenciales que se pretenden ofrecer al “turismo sanitario” por el que según el promotor “británicos, alemanes, rusos, árabes y nórdicos viajan a España atraídos por las cirugías estética, ocular, ortopédica y cardíaca”.

La delirante propuesta fue descalificada por el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Valladolid, porque constituye “un ejercicio de planeamiento que en modo alguno acredita, con el rigor y la credibilidad debidos, (es decir, sin inventar ciudades fantásticas de ninguna clase, respecto a las cuales Aldeamayor no constituye centro de referencia para ningún instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento de ámbito supramunicipal vigentes) la ‘conveniencia’ y el ‘interés público’ […]. Y que propone clasificar como suelo urbanizable un paquete de terrenos tan innecesarios, tan carentes de justificación y tan huérfanos de encaje legal hoy como el día en que el Tribunal Superior de Justicia decretó la anulación del Plan Parcial Camino de Santa María”.

Aunque la Ciudad de la Salud es colindante por el sur con la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Salgüeros de Aldeamayor”, singular humedal incluido en la Red Natura 2000, la Consejería de Medio Ambiente dictó en abril de este año una Declaración Ambiental Estratégica favorable, obviando algunas consideraciones esenciales como el carácter inundable de los terrenos, o el efecto que el vertido de las aguas residuales o la extracción de aguas subterráneas para riego podrían tener sobre la ZEC, ya que “en todo caso se trata de un suelo urbanizable cuyo destino es siempre su urbanización”.

Precisamente esta falacia aclara la iniciativa de Metrovacesa. La Ley de Urbanismo de Castilla y León prevé que los terrenos de la Ciudad de la Salud (y el resto de áreas de suelo urbanizable no delimitado de la región) pasen automáticamente a suelo rústico si antes del próximo 19 de octubre no consiguen dotarse de una ordenación detallada. De manera que la finalidad última de la operación es intrínsecamente especulativa: evitar la depreciación de los activos de la inmobiliaria de BBVA y Banco de Santander, para no afectar más a su maltrecha cuenta de resultados.

Es comprensible por lo tanto que la empresa intente evitar la inminente reclasificación como suelo rústico de uno de sus principales paquetes de suelo urbanizable en el Estado español. Pero resulta sorprendente (o no) que dos administraciones públicas como el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid se presten al “enjuague” de la inmobiliaria, en un nuevo caso de especulación urbanística que nos retrotrae a los tiempos gloriosos de la burbuja inmobiliaria.

De hecho, pese al informe negativo (en dos ocasiones) de su arquitecto municipal, el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín aprobaba provisionalmente el plan de Metrovacesa el pasado 26 de julio, con los votos de Partido Socialista y Partido Popular, tras romper el Alcalde socialista Fernando de la Cal el pacto de gobierno con Izquierda Unida y Podemos para sacar adelante un proyecto que beneficia a familiares directos suyos y de otros cuatro concejales, como propietarios de fincas rústicas que suman 200.000 metros cuadrados dentro del ámbito de la Ciudad de la Salud, en un claro caso de conflicto de intereses.

Con inusitada celeridad, al día siguiente de la aprobación provisional municipal la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid ya había incluido la aprobación definitiva de la Ciudad de la Salud en el orden del día de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo, en la que el Alcalde compareció acompañado por ocho directivos y técnicos de Metrovacesa. La propuesta del órgano presidido por Pablo Trillo, hermano del exministro Federico Trillo, concluía que “esta Administración admite que si no hay oferta es muy posible que nunca haya demanda”, magnífica definición de la especulación que prohíben tanto la legislación urbanística como la propia Constitución Española, en su artículo 47.

Sólo el voto particular del vocal de las organizaciones ambientales consiguió detener en ese momento el visto bueno definitivo al plan, pendiente de un informe de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Castilla y León que ha descalificado radicalmente la propuesta, con lo que Metrovacesa se queda sin margen de maniobra y los terrenos recuperarán su carácter de suelo rústico dentro de un mes. Esta vez parece que sí hemos aprendido algo de la crisis y la nueva ciudad de la especulación no verá la luz, ni tan siquiera en el Boletín Oficial.

Compártelo, apoya el proyecto

ÚltimoCero | Hazte cómplice HAZTE CÓMPLICE

No hay comentarios