Sí, con las gafas de cerca, sin perderse en retóricas y talleres carísimos de ciudades imaginadas, la gestión de los residuos urbanos en Valladolid debe ser una gestión pública y directa por razones de eficiencia, sostenibilidad, calidad y rentabilidad, demostradas técnica y económicamente . Es algo constatado por nuestro envidiado entorno europeo, a excepción de la mafia italiana. La misma eficiencia, sostenibilidad, calidad y rentabilidad demostrada por los Consorcios provinciales para la gestión pública directa de los residuos urbanos. No es una decisión ideológica, porque también la han adoptado Administraciones Públicas gobernadas por el PP. Por otro lado, la gestión pública directa de los servicios urbanos no es nada innovador ni rompedor, sino que es el mandato primero de la ley, y sólo si se justifica su inviabilidad la ley permite privatizar la gestión externalizando el servicio. En este asunto no hay nada que vislumbrar, al contrario, el Ayuntamiento de Valladolid cuenta con la experiencia práctica, altamente autosatisfactoria, de AQUAVALL. Y si bien el relato oficial de la remunicipalización del agua silencia y deja en penumbra zonas de la realidad que no se ajustan al guion mediático, es cierto que la voluntad política de cumplir con las obligaciones legales que son propias de una Administración municipal fue determinante. Es lo natural.

Cuando el actual Gobierno municipal tomó posesión de sus cargos se encontró con que la concesión de la gestión de los residuos urbanos finalizaba. Una coincidencia temporal oportuna, como sucedió con el agua, porque el nuevo gobierno municipal era quien debía decidir sobre el futuro modo de gestión de los residuos urbanos. Las tres formaciones que constituyen la mayoría municipal apostaron en sus programas por el control público de los servicios urbanos. Pero en lo que se refiere a la gestión de los residuos, lo que a última hora nos proponen es que sigamos los próximos 15 años con un modo de gestión indirecta que precisamente aquí, en Valladolid, se ha mostrado especialmente ineficaz.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha seguido el procedimiento previo a la toma de decisión, que se siguió con el agua? Como se sabe, ello exige como primer paso la auditoría o evaluación técnica de la gestión del servicio y de la situación de sus instalaciones, y el estudio de las necesidades de mantenimiento e inversión, con la necesaria participación y vinculación jurídica de todos los municipios de la provincia, y no se trata sólo de un tema de “tarifas” y “separación de residuos” para despistarnos del asunto principal. Con información solvente se podrían evaluar los distintos modos de gestión posible, directa o indirecta, y sólo con una justificación suficiente, que no se resuelve con un corte comercial de radio, mantener la externalización del servicio.

Las maniobras del lenguaje sirven sólo para confundir. Y aunque en otros casos si puede, como reconoce hasta el Procurador del Común, en este caso el gobierno municipal de Valladolid no puede presumir de transparencia efectiva en la toma de decisiones. Tampoco parece que soporte el pensamiento crítico y razonado de los suyos, y no acaba de entender que la confianza en nuestros elegidos no sustituye a la necesidad de transparencia, ni puede excluir, de ninguna manera, el control ciudadano del ejercicio del poder. Una ciudad de futuro radicalmente democrática como se dice, y sin ser tan grandilocuente, elementalmente democrática, viene dada por el derecho que tienen los ciudadanos de fiscalizar, controlar y eventualmente revocar el ejercicio del poder que han delegado. Para que estas facultades de la ciudadanía puedan ejercerse con eficacia, se requiere una auténtica libertad de opinión y de expresión. Y esto no casa con querer poner límites entre la reclamación y la transigencia en la relación entre los movimientos sociales y los representantes institucionales.

Si hay que hablar de límites, que sean estos al poder político que quiera controlar y organizar la agenda de los movimientos sociales. Porque es necesaria una cultura democrática de nuestros elegidos más madura, y más allá de los “foros” de todo pelaje y condición. Cuando hablamos de Dialogo, Debate y Participación ¿de qué coño hablamos? Parece que ni los gobiernos “disruptivos” han aprendido a distinguir, y tienen que ponerse las gafas de lejos, que la crítica razonada a la gestión política en una administración pública sobre la res pública, no es un asunto personal, que no trata de querer hundir a nadie, que eso es precisamente Participación y ejercer de ciudadano en la ciudad, que sigue sin ser fácil, además de expuesto

A veces ni siquiera parece que entiendan que la crítica en los asuntos públicos concretos no significa que los ciudadanos no sepamos discernir que el gobierno municipal actual es sin lugar a dudas más solvente en la gestión pública que el de los 20 años anteriores. Pero el hecho es que en el debate público las palabras parecen no tener un significado genuino que vincule y comprometa a quienes las emplean, de forma que todavía hoy, hasta en las “disruptivas” plataformas municipalistas como VTLP que están ejerciendo el poder, los representantes públicos deambulan a veces entre la nebulosa de la ambigüedad y la obviedad de los eufemismos. Está sucediendo con el futuro de la gestión de los residuos urbanos. Queremos respuestas.

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